Esta semana, justo cuando se cumplen 123 años de la creación de CPVN, el Balizador 562B de 41 metros de eslora, 8,80 metros de manga y 3,10 metros de puntal, fue devuelto al Estado Nacional porque finalizó la licitación adjudicada 25 años atrás.

Obviamente se trata de una embarcación antigua construida a finales de la segunda guerra mundial, entregada en óptimo estado y que todavía puede rendir si la armadora estatal dispone de un plan de recuperación del balizamiento en el Río Uruguay.

Recientemente esta vía fluvial que opera bajo responsabilidad de la CARU –Comisión Administradora del Rio Uruguay– al no tener ofertas del Estado Nacional, contrató al servicio de hidrografía naval que está diseñado para el litoral marítimo y no para aguas interiores.

Es indudable que el burocrático manejo de la repartición obedece a un conjunto de males de vieja data debido a su permanente dependencia administrativa y contable, verdadero nudo que inmoviliza toda iniciativa.

No queremos que las entrevistas que hemos sostenido con los responsables del área se limiten tan solo a tomar nota y no se ejecute nada. Esta es una oportunidad inmejorable para ocupar esa ruta de navegación con bandera argentina.

Una vez más, el gremio ha gestionado poner a resguardo este bien del estado y ha propuesto al ministro de Transporte que elabore un presupuesto al efecto de encarar el operativo de señalamiento del río Uruguay, sería valioso que las voces de tanto interés por la soberanía marítima y fluvial ahora reclamen lo mismo.

Conscientes que la crisis económica gravita directamente sobre la toma de decisiones del gobierno, el personal embarcado comprometerá todo su esfuerzo en aras del patrimonio nacional, exigiendo idéntico criterio a los funcionarios responsables.

Demandamos una recíproca colaboración, porque el tripulante sigue esperando el resultado de diversas gestiones que todavía están pendientes en distintos organismos oficiales; es hora que se termine con la maraña burocrática que nos sigue postergando.

Detrás de cada expediente numerado, detrás del inexpresivo papel, se encuentra el derecho del trabajador estatal que quiere sentirse útil en la prestación del servicio.