La comunidad Lule de Finca Las Costas protestó ayer en la fiscalía penal del municipio de San Lorenzo, a cargo de Ramiro Ramos Ossorio, tras la detención el lunes último, por varias horas, de una joven madre originaria y su imputación por desobediencia judicial. 

El presidente de la comunidad, David Torres, señaló que el fiscal ordenó detener a Camila Rueda cuando fue ella la que llamó a la policía por un conflicto que se suscitó con Roberto Villamayor, quien tiene caballos y gallinas en el lugar y  les disputa cuatro hectáreas del territorio de propiedad comunitaria indígena. 

El fiscal hizo detener y acusó a ambxs de violar la medida cautelar de no innovar que se les ha impuesto a raíz de las denuncias cruzadas y también por una orden más general del año pasado dada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial María Guadalupe Villagrán, que hizo lugar a un amparo interpuesto por la Administración Pública Provincial, por impacto ambiental. 

Además, el fiscal Ramos Ossorio interviene en una causa iniciada en 2016 para investigar una supuesta usurpación en la Reserva Natural de Uso Múltiple de Finca Las Costas, por parte de particulares e integrantes de la comunidad originaria del Pueblo Lule.

Rueda tiene 27 años, convive con sus dos hijos de 6 y 3 años, y su marido, en una parte del territorio indígena cedido por sus padres y la comunidad lule. La joven contó a Salta/ 12 que Villamayor desde 2016, mediante una amistad con su padre, llevaba caballos a pastar en el lugar y le pagaba por esto. 

"Le cobraba un mínimo para que tenga los animales y porque comían lo que mi papá sembraba. Desde 2016, estuvo como pastajero". "Empezamos con el conflicto el 30 de septiembre de 2019 cuando mi papá, Julio Rueda, le pidió que se retire del lugar. Yo había pedido a la comunidad permiso para construir mi vivienda porque ya me había casado y tenía mis hijitos. Él decía que iba permanecer ahí, lo quiso atacar a mi papá con un machete. Desde ahí hasta la fecha las denuncias van y vienen. Pude hacer mi casita en el lugar. Él sigue yendo porque la Justicia le permite que vaya porque tiene sus animales", relató la joven.

Rueda relató que el lunes último, en el marco de esta disputa, una yegua de Villamayor cruzó varias veces un alambrado hasta el terreno en el que tienen siembra y huerta. "Él no les lleva agua ni alimentos, los animales saltan y se pasan al terreno de mi papá, donde tiene un chacral y la siembra". Dijo que por esto llamó a la policía y hubo un incidente con Villamayor porque este hombre la acusaba de robarle el animal y esconderlo y además quiso colocar un alambrado electrificado. Ella se opuso por el peligro que implica para sus hijos que juegan por el lugar.

Al llegar la policía y realizar la consulta con el fiscal Ramos Ossorio, los efectivos demoraron a Rueda y a Villamayor desde la tarde hasta pasada la medianoche y a ambxs lxs imputó por desobediencia judicial

Rueda sostuvo que reciben insultos y situaciones de violencia de parte de Villamayor en el marco del conflicto por la tierra. "Le pegó un cabezazo a mi mamá en noviembre de 2019, delante de la policía, solo se le hizo una acta de identificación simple", manifestó. Sostuvo que ya hicieron alrededor de cien denuncias ella, su padre y su madre. "Villamayor tiene prohibición de acercamiento y de no proferir insultos o agravios pero se interrumpe cuando le va a dar de comer los animales. No es efectiva la medida", señaló. 

Rueda dijo que los caballos de Villamayor son de porte grande, "chúcaros", pasan el alambre porque son animales de salto, de polo y pato. "Los tiene dentro de la posesión, descuidados. Ya dejamos un escrito en SENASA porque tienen libreta sanitaria, nos pidieron que le demos aviso a una red de protección animal para que puedan intervenir". Además, dijo que el hombre tiene un gallinero.

Propiedad colectiva 

"Villamayor aduce que les compró tierras a los Rueda, la familia usurpada. No tiene boleto de compra venta. Tiene una fotocopia de un supuesto boleto de compra venta. Es trucho, no es válido. Incluso si tuviera ese boleto firmado, la tierra es colectiva, no es propiedad privada. Bajo ningún punto se podría materializar", explicó el presidente de la comunidad Lule, David Torres.

"A Camila la tuvieron detenida, la ingresaron en la Comisaría Las Costas, la llevaron  a la Central de Policía, al médico legal de Alcaidía. Nosotros con la comunidad los seguíamos, para que la liberen intervino el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Luis Pilquimán, y el director de gestión territorial, Manuel Monzón, y el director de abordaje jurídico, Julián Fernández", añadió Torres.

Fernández dirigió un escrito al fiscal Ramos Ossorio en el que recordó que la comunidad indígena informa continuas amenazas, hostigamientos, turbaciones, violación de domicilio, daños y usurpación en el territorio comunitario, por parte de Villamayor, hechos que fueron denunciados a la Justicia y que estaba en un impasse con acuerdo de no agresión y medida de no innovar, que fueron violentadas por este hombre avanzando con alambrados e introduciendo animales que produjeron daños en los cultivos de la comunidad, dejando sin efecto el proceso de mediación que la fiscalía llevaba a cabo para una buena convivencia en busca de la paz social entre las partes. 

Fernández dijo también que el Pueblo Lule solicita una pronta resolución en el conflicto planteado, que ya lleva larga data sin solución efectiva y que esto crea pesar en el buen vivir. 

Asimismo, el funcionario citó legislación vigente que protege la propiedad comunitaria indígena, el artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y en este sentido también cita los pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, y el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

"El derecho a la posesión y propiedad comunitaria es reconocido también en la Carta Magna de la provincia de Salta (art. 15). El reconocimiento constitucional tiene como uno de sus fundamentos la reparación histórica e implica también resguardar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esta relación”, recordó Fernández.  

Además, informó el INAI reconoce las tierras que ocupa la comunidad Lule de Finca las Costas a través de la Resolución N° 1020, que no solo les ha reconocido como primeros ocupantes, sino que además, esa posesión se ejerce de acuerdo a los métodos ancestrales que heredaron de sus antepasados, manteniendo la misma relación con la tierra. 

El director manifiesta que la propiedad comunitaria por su naturaleza y características se aparta del instituto de la propiedad privada cuyo valor es la libertad de acción de los propietarios y la plena disponibilidad económica que se rigen por la norma de exclusividad y perpetuidad. En tanto, la propiedad indígena posee naturaleza colectiva e indisponible, es decir que no son enajenables, ni transmisibles, ni se pueden gravar o embargar.