En medio de la protesta de la población campesina criolla de la provincia, que lleva a cabo distintas acciones para evitar los desalojos, la jueza Griselda Nieto, del juzgado Civil y Comercial, de Tartagal, suspendió por ahora la orden de que una familia campesina demandada por un empresario desocupe las tierras donde reside y trabaja desde hace años.
Así surge de la notificación que se envió el 20 de octubre pasado a Antolín Soraire, uno de los pequeños productores rurales damnificados por sentencias que vienen dando la razón a titulares registrales que plantean procesos de reinvindicación. Se desconoce si el criterio será el mismo sobre las demás disposiciones judiciales surgidas en procesos judiciales de reivindicación ya resueltos.
En cuanto a Soraire, la jueza Nieto tomó la decisión exhortando a organismos estatales de Nación y Provincia a llevar a cabo “las acciones administrativas y/o legislativas tendientes a la resolución de la problemática planteada por las familias rurales del Chaco Salteño, quienes han resultado vencidas en los pleitos traídos a consideración de este juzgado”.
En la notificación se indica que es “público y notorio el vencimiento próximo de la Ley N° 7658 en su art. 9 (que suspende los desalojos y vence en diciembre próximo), por las cuales se encuentran involucradas familias rurales”. El artículo mencionado es el que suspende las medidas judiciales que impliquen dejar a los campesinos sin sus tierras. La Cámara de Diputados de la provincia ya sancionó de manera unánime la prórroga con la incorporación del presupuesto para llevar adelante el relevamiento de las familias criollas campesinas y generar una regularización dominial de las tierras. Se espera todavía el tratamiento en el Senado de la provincia. Según se indicó desde la Cámara Alta, el tratamiento de la prórroga está previsto en el orden del día de la sesión de mañana.
La jueza libró oficios a la Secretaría de Agricultura de la Nación, al Ministerio de Desarrollo Social de Salta, al Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable y al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Trabajo, y a a la organización Fundapaz.
También se envió un oficio a la Corte de Justicia de Salta “a los fines de informar la situación que se plantea en el Distrito Tartagal así como de solicitar por su intermedio acciones tendientes a la coordinación con los diferentes organismos y la Comisión Bicameral creada por la Ley Nª 7658 en atención a los intereses de las partes en juego y para la mejor resolución del conflicto”.
A la espera de una reunión con Sáenz
Ayer, los campesinos que comenzaron a marchar el lunes 18 de octubre desde Fortín Dragones (del departamento San Martín, en el límite con Rivadavia) a Salta Capital, liderados por el Frente Nacional Campesino (FNC), estaban en Campo Santo (municipio del departamento General Güemes, que colinda con Capital), a la espera de una respuesta al pedido de audiencia con el gobernador Gustavo Sáenz. En este grupo vienen marchando los integrantes de la familia Segovia, demandada por Gianfranco Macri para “desocupar” las tierras ocupadas desde siempre por sus ancestros. Este es uno de los procesos de reivindicación resueltos en el tribunal de Nieto.
El sábado, en tanto, otras organizaciones criollas campesinas mantuvieron una reunión en el puesto El Potrero, en Los Blancos (departamento Rivadavia). Este es el puesto de los hermanos Antolín y Nicomedes Soraire, a quienes también les llegó una sentencia para devolver las tierras (en un proceso de reivindicación), a Ana Bracaglia, titular registral al igual que Macri.
Los titulares registrales son quienes cuentan con los títulos de las tierras según las inscripciones en las cédulas parcelarias que emite la Dirección Provincial de Inmuebles. En la asamblea de Los Blancos también se pidió una audiencia con el gobernador, ante lo cual la secretaria de Asuntos Agrarios del gobierno provincial, Milagros Patrón Costas, se comprometió este jueves a ir hasta la zona para iniciar una mesa interinstitucional. Así lo indicó la dirigente campesina de Rivadavia, Lucía Ruiz, al explicar que la finalidad de esta mesa es acordar un punteo preciso de los pedidos de las familias campesinas al mandatario provincial.
Por la ley o por la fuerza
Por otro lado la marcha campesina con el FNC al frente dio a conocer ayer la historia de la familia Andrada, del puesto Santa Fe, ubicado a 32 kilómetros al sur de Fortín Dragones y a 8 kilómetros de las orillas del Río Bermejo, en el departamento San Martín.
Teresa Andrada habló con Salta/12, y contó que desde 2003 no lograron levantar el puesto en el que vivieron desde sus tatarabuelos hasta ellos, sus últimos descendientes, por unos dos siglos. En 2003, su padre enfermó gravemente y tuvo que ser trasladado a Orán para recibir tratamiento de Salud. “Mi madre se había quedado sola, así que nos la llevamos con nosotros”, dijo la mujer, quien vive en otro puesto del departamento, luego de haberse casado.
Los vecinos del puesto Santa Fe informaron a la familia que mientras no estaban llegaron topadoras y “voltearon la casa y la quemaron”. No lograron tirar entonces un corral en donde criaban chanchos, hecho con palo santo, “porque parece que no lo vieron”.
La mayoría de los animales se perdieron, murieron o fueron vendidos. Pero la familia no logró reconstruir la vivienda.
Cuando se su padre se recuperó, hizo la denuncia y esto habría frenado el alambrado que se estaba haciendo al puesto por parte del supuesto titular registral (de quien Andrada desconoce el rostro y nombre). La denuncia fue en contra de una persona de apellido Vélez, que dijo a los vecinos representar al “dueño de las tierras”. Nunca se supo la resolución del trámite de esta denuncia.
“Quiero volver a mi lugar y recuperar mis tierras, las de mis abuelos y tatarabuelos”, dijo la mujer al sostener que en este caso la cédula parcelaria de la tierra sí estaría a nombre de sus antepasados.
“Nos destruyeron la vida porque ahí nos criamos y crecimos”, ratificó. Al hacer un panorama de la vida que atravesó durante su infancia (hoy ella tiene 58 años), contó que de niños los 9 hermanos se levantaban a las 5 de la mañana para caminar todos los días tres horas hasta la escuela más cercana, ubicada en el paraje La Medialuna.
Cuando se hermana mayor se casó, Teresa se fue con ella a fue a vivir a Pichanal (municipio de Orán), en donde pudo cursar el secundario hasta tercer año. Sucede que en las zonas rurales no suelen haber colegios de este nivel. Pero como su hermana se volvió a un puesto rural, ella tuvo que dejar los estudios. “Me hubiese gustado terminar. Pero no me arrepiento de haber vuelto porque es lo que sabemos hacer”, sostuvo la pequeña productora.
