Desde Santa Fe
Marcelo Sain demostró ayer en la Legislatura que es el “objetivo” de una “persecución política” que se aceleró en marzo cuando reasumió como director del Organismo de Investigaciones del MPA, que ganó por concurso en 2018 y no requiere acuerdo parlamentario. Ofreció las pruebas del plan, que incluye –entre otros hechos- la ley 14.016 que le hicieron a su medida y el expediente que le abrió la comisión de Acuerdos –por una denuncia del senador Lisandro Enrico- para aplicarle esa ley anti Sain y desplazarlo del cargo. La causa de la represalia son las investigaciones de bandas criminales complejas que operaban en la provincia con “protección” de sectores la Policía, la justicia y la política. “El problema no es Sain, son las investigaciones en las que participé que comprometen estructuras criminales con fuerte protección institucional, incluidos algunos legisladores, por lo menos un legislador que estuvo presente en la audiencia”, dijo en obvia referencia al senador Armando Traferri. “Ese es el problema de fondo que hay sobre mi”. Y adelantó un pronóstico ante el rechazo de la acción de amparo que intentó esta semana para frenar el proceso disciplinario. “Creo que el final está cantado porque ya han tomado la decisión” de suspenderlo en sus funciones.
Sain se presentó ayer ante la comisión de Acuerdos con mayoría de legisladores que responden a Traferri y al radical Maxililiano Pullaro, otro de los denunciados por el ex ministro de Seguridad. Lo acompañó su abogado Hernán Martínez, en una audiencia secreta en la que se impidió el acceso de la prensa, se cerraron las barras y hasta se clausuró la sala de periodistas del Senado. Los cronistas ni siquiera pudieron ingresar a la Legislatura, tuvieron que esperar afuera hasta el final.
Además de los integrantes de la bicameral participaron otros legisladores, entre ellos Traferri, las diputadas Matilde Bruera y Agustina Donnet y su colega Carlos del Frade. Más tarde, se sumó el senador Osvaldo Sosa, del bloque de Traferri.
La audiencia se realizó en el recinto del Senado, donde Sain exhibió pruebas de la “persecución político institucional” en un escrito de 30 páginas. El capítulo dos describe el “origen de la trama persecutoria” con una cronología de los 23 operativos que le hicieron apenas renunció a su cargo en la Casa Gris y reasumió el frente del Organismo de Investigaciones del MPA, en marzo.
Al relato de hechos públicos y notorios se sumó una testigo calificada, la diputada Bruera, quien ratificó que Sain es blanco de una “persecución arbitraria” que ayer logró demostrar en la Legislatura. “El hizo un relato cronológico de todas las operaciones que le hicieron. Eso quedó muy claro. Es lamentable que la reunión no fuera pública porque dejó al descubierto que lo persiguen por sus investigaciones” y quiénes son sus perseguidores.
“Yo soy testigo de la persecución”, dijo Bruera. “Lamentablemente, me tocó recorrer toda esta zaga que relató Sain. Me tocó ser testigo porque participé en las distintas comisiones en las que se desarrolló esa persecución, desde la comisión anti fiscales que se armó hasta la comisión de Juicio Político. Y en todas, planté cómo se inventaban causas (para perseguirlo) y cuando fracasaba una causa, se inventaba otra”, denunció la legisladora.
“Así salió la ley anti Sain (14.016) en una sanción éxpres (en 20 minutos) y que según uno de los ex fiscales condenados (Gustavo Ponce Asahad) fue pergeñada en la Corte Suprema de Justicia de la provincia”, advirtió Bruera. Sobre ese supuesto origen de la ley que confesó Ponce Asahad, -quien dijo haber sido testigo de los hechos-, Sain ya opinó: "Si eso es cierto, sería gravísimo”.
Bruera contó “todo lo que vivió en esta zaga de persecución política” y advirtió que Sain “ni siquiera tiene garantizado su derecho de defensa”, en la Legislatura. “¡Esto es una vergüenza!”. “Hace más de un año que se dedican" a perseguir a Sain "en vez de dedicarse al problema de la seguridad”. En la Cámara de Diputados, en la comisión de Seguridad que preside otro legislador del bloque de Pullaro, están varadas las tres leyes de la reforma policial que propuso Sain cuando era ministro. “Es vergonzoso que la Legislatura se dedique todavía a esto en lugar de dedicarse al problema de inseguridad que reclama la provincia”, advirtió Bruera.
En otro de los cruces, el diputado peronista Leandro Busatto le reprochó a Enrico el acoso a los magistrados del fuero laboral de Rosario, entre ellos el juez Nº 2 Fabián Vega que rechazó el amparo de Sain con un decreto de 12 líneas y errores de sintaxis. “Enrico presionó a los jueces a través de su cuenta de Twitter, amenazó al magistrado que le tocó el amparo”.
Enrico bajó el tono, dijo que no era una amenaza. Bruera le contestó: “No sólo amenazó a los jueces con el juicio político, sino que eso es otra violación a la división de poderes. Porque pidió disculpas, con lo cual reconoció el hecho. Y luego insultó a un ministro de la Corte Suprema (Daniel Erbetta)”, que le había reprochado su conducta. “La calidad institucional de la Legislatura está seriamente deteriorada, en vez de cumplir sus obligaciones en materia de seguridad, se ocupa de cualquier cosa y de Sain”, dijo Bruera.
Al salir de la audiencia, le preguntaron a Sain sobre la acusación de Enrico por supuesto “proselitismo”. “Yo no hago proselitismo”, contestó. “Yo reivindico la lucha contra la mafia y hay actores de la Legislatura que si no son mafiosos se parecen mucho”.
-¿Cómo es su relación con el fiscal general de la provincia Jorge Baclini?
-Nada. El forma parte de la maniobra de persecución política contra mi.
-¿Quiénes llevan adelante esta persecución? Nombres y apellidos –le pidió una colega. Los perseguidores figuran en el escrito que presentó ante la comisión de Acuerdos. “Distintos actores del MPA, legisladores, dirigentes políticos…”, fue la respuesta de Sain.
-Usted dijo que el resultado del proceso disciplinario está cantado. ¿Por qué?
-Está cantado. Lo que van a intentar hacer es ir en contra mí. Así que no tengo ninguna duda que esto va a ser así -concluyó.