Con un tecnicismo, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes por mayoría los sobreseimientos del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, entre otros exfuncionarios, en la causa sobre el direccionamiento de la obra del Paseo del Bajo, en favor de Iecsa, la constructora que estaba en manos de Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. El expediente se había iniciado en diciembre de 2018 con una denuncia de la entonces titular de la Auditoría General de CABA, Cecilia Segura Rattagan. Nunca nadie fue citado a indagatoria, pese a que tres fiscales señalaban motivos de sospecha para seguir investigando, ni los jueces que intervinieron hicieron lugar a las medidas de fondo. La mayor parte del trámite consistió en disputas entre jueces y fiscales. 

Los jueces de Casación Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci dijeron que había sido mal concedido un recurso para llegar a esa instancia. En disidencia, Alejandro Slokar sostuvo que había que tramitar los planteos de los fiscales y avanzar con la investigación porque podría haber una defraudación a la administración pública. 

La denuncia original de Segura señalaba irregularidades en el proceso de licitación basadas en modificaciones a las condiciones originales con el presunto objetivo de favorecer a Iecsa, de modo que a la empresa que --aunque fue cambiando de manos-- siempre estuvo ligada a la familia Macri, le fuera asignado el tramo más caro del proyecto. La auditora planteó entonces que se había cambiado el orden de los sobres con las ofertas con el propósito de lograr ese objetivo. La clave era que si una empresa ganaba un tramo ya no podía aspirar a otro y así fue que el tramo más caro, que se licitaría primero, se pasó para el final, y ese fue el ganado por esta construcutra, que ofertó el trabajo por cerca de 3200 millones de pesos, aunque dispuso de más dinero. 

La obra del Paseo del Bajo es la más grande de la Ciudad de Buenos Aires. Son 7,1 kilómetros que conectan las autopistas IIlia y Buenos Aires-La Plata. El presupuesto inicial era de 8700 millones de pesos. Se financió en un 43 por ciento con fondos de la Ciudad y un 57 por ciento con fondos nacionales.

La fiscala de instrucción, Alejandra Mángano, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quisieron avanzar. El juez Claudio Bonadio tomó una serie de testimoniales y en teoría revisó documentos para, finalmente, dictar los sobreseimientos de Larreta, Dietrich, el exministro de Desarrollo Urbano y Transporte Franco Moccia y el director de Autopistas Urbanas (AUSA) Carlos María Frugoni el 27 de diciembre de 2009 --39 días después, Bonadio falleció--. Cuando el caso llegó a la Sala I de la Cámara Federal apelado por la fiscala, los jueces Mariano LLorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, confirmaron los sobreseimientos. 

El fiscal Rodríguez presentó otro recurso de apelación en conjunto con su colega ante la Cámara, José Agüero Iturbe, donde plantearon --por ejemplo-- que las "escasas, erráticas y en ocasiones incomprensibles medidas probatorias dispuestas por el juez que tuvo a cargo la instrucción (...) vinieron a sembrar más dudas sobre la regularidad del procedimiento administrativo desarrollado en el seno de AUSA". Explicaron que un nuevo sobreseimiento obstaculizaba la posibilidad de saber si, efectivamente, se trató de hechos de corrupción. Dijeron que Bonadio, además, no había dado el mismo tratamiento a los pedidos de la fiscalía que a los de las defensas y que había cerrado la causa sin pedirle opinión la primera. 

Aquella presentación remarcaba que el juez "se abusó de supuestos elementos de conocimiento cuyo exclusivo origen se encuentra en presentaciones espontáneas y declaraciones testimoniales de personas cuyo rol en el caso" debía ser "objeto de investigación". A eso sumaba que esas "manifestaciones" "no iban acompañadas de ninguna prueba documental que las avale". Para los fiscales, la valoración que hizo la sala I de la Cámara de todo esto implica un "abuso procesal y racional" y permite "entrever "un estándar de creencia mágica en versiones de personas cuya calificación para ser fuente de conclusiones ajustadas a derecho se encuentra cuanto menos cuestionada". Otro aspecto señalado por las fiscalías es que se habría incluido "una obra nacional y de gran envergadura en una licitación local" para luego direccionarla. 

Para Yacubucci y Mahiques, al escrito de los fiscales le faltó argumentación y por eso no cumplió con los requisitos para ser revisado por Casación. Slokar dijo todo lo contrario. Los fiscales ante Casacion Mario Villar y Rodríguez, de la PIA, tienen como última carta la posibilidad de ir a la Corte Suprema.