“El poder legislativo tiene en sus manos la supervivencia del cine argentino”, dice el llamamiento, con un tono que puede parecer excesivamente dramático pero no lo es. Lo que está en juego son los fondos que permiten al cine argentino seguir subsistiendo. Como se sabe, en un país cuyo mercado interno no es inmenso, como son los de Estados Unidos, India o Corea, y cuyas exportaciones culturales son también limitadas --a diferencia de lo que sucede con el cine y el audiovisual españoles, por ejemplo-- es el Estado el que debe fomentar esta industria cultural, a partir de la convicción asumida de que el cine es un insumo cultural estratégico. De acuerdo a la ley vigente (la 17.741), el Incaa, ente público dependiente del Ministerio de Educación, dispone año a año de fondos genuinos, que ingresan en carácter de gravámenes correspondientes a entradas vendidas y a las “pasadas” de films argentinos en televisión.

Esos recursos son los que integran el llamado Fondo de Fomento Cinematográfico, que los regula y reutiliza el Incaa para hacer girar el círculo virtuoso que mantiene al cine y el audiovisual argentino alto, tanto en términos de calidad como de cantidad. Y con una importante presencia en los más importantes festivales internacionales, de Cannes a Venecia, pasando por Berlín, Toronto y San Sebastián. Toda esa rueda se ve en este momento en peligro de detenerse, debido al inciso de una ley que, de no eliminarse, quitaría los fondos que administra el Incaa para pasarlos a la órbita del Estado. Lo cual no representa garantía suficiente de que esos fondos lleguen a destino.

Esta espada de Damocles pende sobre el cine argentino desde tiempos del macrismo, cuando en 2017 el Poder Ejecutivo “filtró”, sin que nadie lo advirtiera (salvo los legisladores propios, por supuesto) un artículo que pasó inadvertido dentro del proyecto de Presupuesto Nacional. Incisos de ese artículo establecen una fecha de caducidad para la disposición de los fondos en forma directa, por parte de la autoridad que rige los destinos del cine. Esa fecha es diciembre de 2022. De no derogarse el artículo, a partir de enero del siguiente año el cine argentino quedaría librado a la buena voluntad y justo criterio de los gobiernos de turno. Un pie en el vacío, en otras palabras. Es por eso que el colectivo Unidos x el Cine, en representación de la comunidad del sector, viene encendiendo desde hace meses el semáforo amarillo, recordando la proximidad de esa fecha de expiración, palabra que en ese contexto adquiere resonancias alarmantes. Ahora el semáforo viró al rojo, y es por ello que se convoca a una conferencia de prensa que tendrá lugar este viernes a las 19, en el cine Gaumont.

Que el lugar de reunión sea la cabecera del circuito de salas cinematográficas que dependen del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) parece indicar una venia por parte de las autoridades que rigen el cine. Entre los convocantes al acto figuran todos los miembros de la Asamblea General y el Consejo Asesor (órganos de cogobierno del Incaa), las asociaciones que nuclean a los productores independientes (A.P.I.M.A.), guionistas (GUIAR), directores de fotografía (ADF), directores de arte (AADA), montajistas (SAE), sonidistas (ASA), cineastas independientes (CdC, DIC), actrices (ACTRICES ARGENTINAS), las muy activas asociaciones de documentalistas ADN, DOCA y RDI, la Fundación La Mujer y el Cine y el sindicato que representa a los empleados del Estado (ATE), además de varias decenas de asociaciones, clusters y festivales del interior del país.

Si el listado impresiona por lo amplio y abarcativo, más impresiona el número y relevancia de quienes adhieren a la convocatoria. Más de 4000 firmas al momento del cierre de esta nota, incluyendo las de las actrices Graciela Borges, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Julieta Díaz, Soledad Villamil y Leonor Manso, más la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, la diputada Alicia Castro, la ex Presidenta del Incaa Liliana Mazure, el productor y ex director del Enerc Pablo Rovito, las productoras Lita Stantic y Diana Frey, los realizadores Paula de Luque, Fernando Spiner, Bebe Kamin, Francisco Márquez, Adriana Testa, los periodistas María Seoane y Marcelo Figueras… Apenas una veintena de nombres tomados al voleo entre los primeros 130 adherentes, de un listado total de más de 4000.

La idea es marchar al Congreso una vez terminada la conferencia de prensa, para hacer entrega del documento que allí se consensúe, incluyendo el completo listado de firmas. Es en el Congreso donde se halla en espera de tratamiento un proyecto de ley para la derogación de los famosos incisos macristas, presentado hace meses por Pablo Carro, diputado del Frente de Todos. Este proyecto “descansa” por el momento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, siesta de la que el medio cinematográfico movilizado aspira a despertarlo. 

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