En el marco de la escalada del conflicto en torno a los reclamos territoriales del pueblo mapuche en la Patagonia, el Senado dio media sanción a la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena que suspende los desalojos hasta que se finalice el proceso de relevamiento catastral de las tierras. Si bien el proyecto contó con el acompañamiento de varios senadores y senadoras de la oposición - fue aprobado por 43 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones -, la campaña electoral no pudo evitar colarse en la sesión y algunos legisladores de Juntos Por el Cambio aprovecharon para denunciar al gobierno nacional de estar protegiendo el "terrorismo subversivo de la RAM". El Frente de Todos, mientras tanto, acusó a la oposición de "criminalizar" al pueblo mapuche, buscó diferenciar el accionar "de unos delincuentes" de los reclamos puntuales las comunidades originarias e, incluso, terminó incluyendo algunas modificaciones que habían sido solicitadas por un sector del radicalismo.
"Esta fue una ley votada por primera vez en el 2016 como respuesta al clamor de los pueblos originarios frente al riesgo de la pérdida de sus tierras ancestrales por acciones judiciales. Debemos reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos de las comunidades originarias", comenzó la senadora Nora Giménez (FdT), autora del proyecto que busca prorrogar hasta el 2025 la Ley 26.160 que, además de proteger a las comunidades de ser desalojadas, obliga al Estado nacional y provincial a realizar un relevamiento de todas las comunidades que existen en el país. La iniciativa que ayer aprobó el Senado - con el apoyo del FdT, el radicalismo, una pequeña parte del Pro y otros bloques provinciales - extiende por cuatro años más la emergencia territorial indígena y asigna un crédito de 290 millones de pesos a un fondo especial para la ejecución de la norma.
"Esta ley no puede excluir la realidad que se está viviendo al sur del país con la actuación de la RAM y la posibilidad de brindarle excusas para que prosigan con su acción terrorista. Si el país pudiera dividirse y excluir de la norma a Río Negro, Chubut y Neuquén tal vez la votaría. Pero esto no es posible. Y, frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un verdadera suicidio institucional para nuestro país", denunció Ernesto Martínez (Pro), interrumpido de vez en cuando por los gritos de "No tiene nada que ver" del titular del bloque del FdT, José Mayans. "Bajo ningún punto de vista esta prórroga implica dar consentimiento a grupos minúsculos que no representan a las comunidades aborígenes. Nosotros no buscamos crear nuevos enemigos internos ni hacer un revival de conceptos como 'terrorismo' y 'subversivos' con lo que eso implicó para la historia argentina", le respondió Alfredo Luenzo (FdT), pidiendo que se "desterrara" el uso de la palabra "terrorismo" del recinto. "Que bien le hace a la derecha estigmatizar y criminalizar a pueblos que han sufrido muchísimo", ironizó.
"Ustedes están permitiendo que se produzcan usurpaciones y tomas. La gente no es tonta, quienes viven en el sur poniendo en riesgo su vida, propiedad y bienes saben perfectamente que no pueden acudir a la justicia por esta ley", denunció Laura Rodríguez Machado (Pro), en un discruso que reivindicó el uso de la palabra "terrorismo" para referirse a los incendios intencionales que se estuvieron realizando en Río Negro y que, en una maniobra electoral, fueron directamente vinculados al pueblo mapuche. Sin embargo, más allá de las acusaciones contra el gobierno nacional por "avalar" el "accionar terrorista" de algunos grupos, un sector de JxC se diferenció del ala más dura y manifestó que apoyaría la propuesta del oficialismo si incorporaba algunas modificaciones. "Quiero diferenciar el comportamiento de nuestras comunidades. Los actos que uno ve en la televisión en los últimos días no tienen nada que ver con nuestras comunidades que reconocen la institucionalidad y trabajan para articular con el gobierno", destacó Víctor Zimmerman (UCR), antes de proponer una serie de cambios al proyecto original.
Finalmente, el FdT aceptó algunas de las modificaciones - como la exigencia de que el INAI presente anualmente un informe en el Congreso sobre el avance del relevamiento - y la prórroga fue aprobada con 43 votos positivos. Hubo, a su vez, algunos ausentes, entre los que se destacaron dos senadores rionegrinos: Silvina García Larrabru (FdT) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). Ambos habían estado sufriendo varias presiones en su provincia, la cual quedó en el centro de la contienda electoral luego de la escalada del conflicto mapuche, y prefirieron no votar.
