Con la urgencia pedida por el Ejecutivo desde que decidió realizar un cambio de nombres en el gabinete, reemplazando al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, por el procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, el Senado dió ayer sanción definitiva al proyecto de modificación de la Ley de Ministerios (Ley 8171).  Dentro de ese movimiento de nombres también decidieron ubicar la Secretaría de Justicia bajo la órbita de Seguridad, sacándola del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos.

Así, ahora se denominará Ministerio de Seguridad y Justicia. Mientras que la Secretaría General de la Gobernación cederá sus atribuciones con respecto al manejo de las tierras y bienes fiscales al Ministerio de Infraestructura.

Dani Nolasco indicó que, a diferencia de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, que trató el proyecto que llegó ese mismo día desde el Ejecutivo sobre tablas, en este caso se revisó en la comisión de Legislación General que preside. Y consideró que resultaba indispensable la modificación para que el gobierno pueda cumplir con los objetivos de su gestión y sus políticas públicas.

“Resulta pertinente realizar un reordenamiento estratégico trasladando competencias del Ministerio de Gobierno al de Seguridad, y readecuando el de Infraestructura y la Secretaría General”, así como ya se había hecho en 2019, días después de asumir Gustavo Sáenz, recordó el legislador.

Además, ingresó a la comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, el pliego para designar al juez Civil y Comercial José Chibán como Defensor General, que reemplazará a Pedro García Castiella, quien también tendrá que ser aprobado por la Cámara Alta para asumir en la Procuración en reemplazo de Abel Cornejo.

Tierras campesinas

Finalmente, y en medio de la marcha de campesinos contra los desalojos en el interior provincial, los senadores dieron sanción definitiva al proyecto de ley que llegó en revisión desde Diputados para modificar el artículo 9° de la Ley 7658, de Regularización dominial y asistencia para pequeños agricultores agropecuarios y familias rurales, que suspende por dos años más a partir del 31 de diciembre las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y otras actuaciones o disposiciones judiciales para desalojar a familias rurales y pequeños productores agropecuarios.

Además, se incluye un artículo que ordena una partida especial en el presupuesto 2022 para que se realice un “registro, relevamiento y asesoramiento de los pequeños productores agropecuarios y familias que habitan en zonas rurales de la provincia de Salta”. El Ejecutivo tendrá hasta el 31 de julio del año que viene para elaborar un informe sobre cuántas familias viven con riesgo de desalojo y las situaciones que atraviesan.

El senador por San Martín, Manuel Pailler, reconoció que esa ley ya recibió muchas modificaciones para seguir prorrogándola pero añadió que aún no están dadas las condiciones para levantar esa medida excepcional por la situación en la que viven esas personas. Y destacó la previsión de la partida especial para poder relevar y asesorar a las familias y así determinar cuáles son sus necesidades y buscar la solución para evitar nuevas prórrogas.

Walter Cruz agregó que las familias campesinas e indígenas, que practican la agricultura familiar y abastecen la mesa de los salteños, atraviesan las mismas situaciones en cuanto a la titularidad de la tierra, y señaló a aquellos jueces y fiscales que no entienden los procesos de dominio y posesión ancestral de las tierras. Coincidiendo con Pailler, exigió que se hagan los esfuerzos posibles para dar soluciones definitivas y no parches que impliquen seguir prorrogando “lo que es un remedio excepcional”, repitió.

El representante por Iruya comparó a ésta con la Ley Nacional 26.160, de Emergencia Territorial de las Comunidades indígenas, “que ya lleva unos 15 años prorrogándose sin encontrar una solución de fondo y definitiva”, y ayer recibió media sanción del Senado Nacional una nueva prórroga. 

Digitalización de documentos

Se dio media sanción a un proyecto de ley de Sergio Ramos, para que los documentos contenidos en las plataformas digitales oficiales del Estado Nacional o de las provincias que acrediten la identidad de las personas gocen de la misma validez que los documentos físicos en toda la provincia.

Su autor explicó que es necesario avanzar en la digitalización como lo hicieron la Nación y otras provincias, “hay que ir naturalizando el sistema”, consideró. Y si bien aceptó que en la época de pandemia generó alguna resistencia, “está más que comprobado que estos documentos cuentan con estrictos sistemas de seguridad que son inviolables”.

“El Estado debe simplificar día a día la vida de las personas”, acotó, a la vez que explicó que formatos como el de Mi Argentina son sencillos y presentan todas las garantías para acumular allí una serie de documentos imprescindibles como el DNI, o la cédula de conducir y hasta la libreta de vacunación contra la covid-19. “Uno pueda tener allí sus distintos documentos y validarlos con un sistema QR”, enfatizó.

Semana contra el acoso callejero

En línea con el proyecto sancionado hace algunas semanas para condenar el acoso callejero con multas y hasta prisión de 20 días, Silvina Abilés propuso incluir ese tema en la currícula escolar y realizar campañas de concientización y lucha contra el acoso, “tenemos que trabajar en la educación para que los niños sepan que el acoso sexual es malo, debemos prevenir para no llegar a sancionar y que las mujeres no sigan sufriendo acoso callejero”, sostuvo.

Dijo que es imprescindible promover una semana para que se pueda trabajar a nivel escolar y social sobre esas conductas e ir “modificando ciertas prácticas que hasta hace muy poco estaban naturalizadas”. Para ello, el proyecto declara que la semana provincial contra el acoso sexual callejero será del 12 al 18 de abril de cada año en todo el territorio de la provincia.