Producción: Tomás Lukin
De la periferia al centro
Por Magdalena Rua *
Los países periféricos y, entre ellos, los de América Latina resultan ser los principales damnificados por la fuga de capitales en provecho de los países centrales, que dominan las más importantes plazas financieras offshore (dentro de sus fronteras y en otros territorios bajo su influencia). Estos últimos, al garantizar condiciones de secreto y confidencialidad, sistemas tributarios preferenciales para no residentes y estructuras opacas que encubren la identidad de los beneficiarios, se desempeñan como eficientes refugios fiscales y financieros, razón por la cual se convierten en los destinos de la riqueza offshore global. En el caso de América Latina, un informe de The Boston Consulting Group de 2011, indica que los activos externos de sus residentes se distribuyen en un 29 por ciento a Suiza, un 28 por ciento a Estados Unidos, el 29 por ciento al Caribe y Panamá y un 7 por ciento que va al Reino Unido y sus dependencias como Guernesey, Jersey e Irlanda. Las estimaciones del año 2015 de la misma consultora confirman esa tendencia. No es casualidad que esas sean las jurisdicciones donde se concentra la mayor porción de la actividad de “private banking” (banca de la privacidad) a nivel internacional, que se encarga de administrar los activos financieros offshore de las empresas multinacionales y los ricos del mundo.
En Argentina, la fuga de divisas se presenta como un fenómeno de carácter estructural, persistente desde 1970, asociado al comportamiento de los grupos económicos locales y multinacionales, que buscan maximizar sus ganancias, evitando el pago de impuestos, y localizar sus activos financieros en guaridas fiscales, fuera del alcance de las autoridades locales. Se observa que, a lo largo del tiempo, se mantiene un piso mínimo constante de salida de divisas independientemente de la estabilidad económica y política del país. Si bien los flujos se agudizan en momentos de crisis, también se registran niveles elevados en épocas de estabilidad política y crecimiento económico.
Entre los efectos negativos que provoca, la fuga de divisas reduce el nivel de inversión interna, es decir, aquella que requieren los países de la periferia para alcanzar un mayor grado de desarrollo económico. En este sentido, América Latina se mantiene a la espera de inversiones extranjeras, en lugar de retener este cúmulo de ahorro doméstico que escapa hacia centros financieros offshore y luego retorna bajo la forma de deuda externa. Los niveles tan significativos de fuga de capitales durante el último año en Argentina han sido financiados mediante una política de indiscriminado endeudamiento externo, que tendrá sus consecuencias en el mediano plazo.
A su vez, la fuga de divisas disminuye la recaudación tributaria, por hallarse acompañada, generalmente, de evasión o elusión fiscal. En este aspecto, se destaca una estimación de Alex Cobham y Petr Janský (2017), que arroja una pérdida de impuestos para Argentina de 21.400 millones de dólares en el año 2013, debido al desvío de ganancias de las empresas multinacionales, lo que representa una pérdida anual del 4,42 por ciento del PIB.
En oposición al enfoque dominante, la mayor parte de los flujos financieros ilícitos (es decir, las salidas ilícitas de divisas) no tiene su origen en la corrupción política u en otras actividades ilícitas, sino que estos fondos son generados en mayor medida mediante actividades lícitas (comerciales), pero son transferidos y/o utilizados de manera ilícita. Así, de un informe de Raymond Baker de Global Financial Integrity (2005) se desprende que solamente el 5 por ciento de los flujos ilícitos de los países en desarrollo corresponde a corrupción gubernamental, mientras que un 64 por ciento proviene de maniobras comerciales elusivas de las grandes empresas, y el restante 31 por ciento se origina en actividades criminales (tales como narcotráfico, trata de personas, etc.). En 2014, la misma ONG estimó que, entre 2003 y 2012, el 78 por ciento de los flujos financieros ilícitos de los países en desarrollo fueron originados en la manipulación de facturación comercial.
Como contracara del daño provocado a los países de la periferia, aumenta la riqueza de las empresas multinacionales y de las personas de alto patrimonio, que gozan de la opacidad y confidencialidad del sistema, como así también de los países centrales, que obtienen mayores ingresos a través de la gestión de los activos financieros offshore.
* Contadora pública UBA, maestranda en Economía Política en Flacso, docente FCE-UBA, investigadora.
La oportunidad ecuatoriana
Por Adrián Falco *
Desde hace tiempo, las organizaciones sociales de la región latinoamericana que trabajamos en temáticas vinculadas con el financiamiento para el desarrollo, entendemos que existen, en principio, dos formas de analizar el presupuesto público. La primera forma de análisis y tal vez la más importante tiene que ver con cómo se recauda el dinero que lo financia y la segunda aunque no de menor relevancia es cómo se distribuye ese presupuesto. En el primer orden de análisis tienen un papel clave los impuestos cobrados a las empresas multinacionales. Aunque en ambos casos las multinacionales tienen un rol central aunque poco regulado. Se mueven con tal sutileza jurídica y política que es difícil ejercer ese necesario control amplio y preciso sobre su accionar. Utilizan los recursos que controlan (sistema judicial, sistema político, medios de comunicación) para cimentar su hegemonía empresarial y operar de acuerdo a sus necesidades e intereses. Su razón de ser y su necesidad de obtención de ganancias por encima de la tasa promedio las coloca en situación de hacer lo mínimo que la Ley demanda sobre aspectos regulatorios.
Está claro que para un país en desarrollo es difícil encarar una lucha global sobre regulación, frente a un sujeto global, desde un espacio reducido como su propio territorio. Es por eso que el planteo de regulación y control de las actividades financieras en donde el tema de “tax” es muy importante necesita de un actor social global articulado, democrático y legitimado políticamente.
América Latina tiene un problema de orden sistémico: El dinero que se escapa de la región sin tributar impuestos. Investigadores y organizaciones coinciden en que a nivel global 7,6 billones de dólares se esconden en las llamadas guaridas fiscales para no pagar impuestos. Según la organización Oxfam esto podría acabar con la pobreza en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú, si se cobrara una fracción de ese dinero en concepto de impuestos. Ecuador, por ejemplo, pierde anualmente entre 300 y 400 millones de dólares a raíz de la evasión fiscal.
La solución, al parecer, está en manos del G-77. Al asumir la presidencia Ecuador retomo una idea que las organizaciones sociales venimos construyendo desde hace tiempo y que necesitamos materializar; La creación de un cuerpo intergubernamental en la ONU que regule la actividad financiera a nivel global.
Este nuevo organismo sería una respuesta institucional y por supuesto democrática a las propuestas OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Este auténtico “club de los ricos” no es representativo para los países latinoamericanos y muchas de sus propuestas están demostrando fragilidad en muchos aspectos.
Es muy importante otorgarle coherencia a este sistema caótico de acuerdos bilaterales que benefician la elusión fiscal. Estos acuerdos se redactan bajo presión de las multinacionales generando una fuerte competencia entre países por ofrecer mejores condiciones al capital. Esto deja en evidencia la fragilidad jurídica de los países al enfrentarse a la maquinaria jurídico-económica de los grandes grupos concentrados que residen en lo que el economista Jorge Gaggero denomina “la comunidad anglosajona”, esta suerte de “asociación ilícita” entre el Estado de Delaware y la City de Londres junto con su red de guaridas offshore.
Sobre los aspectos centrales en los que este cuerpo intergubernamental debería poner sus esfuerzos se cuentan: El intercambio de información tributaria entre países para permitir realizar un monitoreo de las actividades de multinacionales vinculadas; El registro global y publico de beneficiaros finales, es decir, saber quiénes son los verdaderos dueños de las multinacionales; Ejercer un control sobre los “facilitadores” que hacen posible estas artimañas evasivas y elusivas; Unificación de listas de paraísos fiscales incluyendo, claro está, a la City de Londres y Delaware; Encarar propuestas de reformas fiscales globales para terminar con las exenciones impositivas; Terminar con el secretismo bancario para liquidar la perjudicial red de guaridas fiscales.
¿Qué destino tendrá la propuesta en el G-77? Depende de mucha negociación y consenso. Por ahora es una gran posibilidad de trabajo de articulación entre gobierno y sociedad civil para replantear una nueva arquitectura financiera global.
* Coordinador en la Fundación SES y miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. www.fundses.org.ar
