El presidente Alberto Fernández les aceptó las renuncias al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, y a su segunda, Mariana Quevedo. Cruz, sin embargo, permanecerá en el cargo hasta tanto se designe a su reemplazante que deberá contar con el aval del Senado. En el organismo hablan de una transición ordenada, aunque reconocen que hubo desgaste en la gestión y diferencias de criterios entre distintas áreas. Se espera que en los próximos días, Cruz dé a conocer un informe de cómo se trabajó y cómo se encontró a la Unidad después del gobierno de Mauricio Macri.

Según surge de la publicación del Boletín Oficial, Cruz le presentó su renuncia al Presidente el 15 de octubre pasado, pero continuará en el cargo hasta que se designe a su sucesor o sucesora, dado que en “cumplimiento de los estándares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia” del organismo, se torna “ineludible evitar la acefalía”. En el caso de Quevedo, la dimisión se produjo de forma inmediata.

“Hace unas semanas el doctor Carlos Cruz acordó con el señor Presidente de la Nación Alberto Fernández, en el tono cordial de siempre, que renunciaba a la presidencia de la Unidad de Información Financiera. Cargo que mantendrá hasta que se designe un nuevo titular. Cumplido el tiempo retomará la actividad académica y profesional recorriendo, como siempre, los mismos senderos para contribuir a un país mejor”, informaron a este diario desde la UIF.

La publicación de la aceptación de la renuncia de Cruz no fue una sorpresa, ya que el Presidente había conversado con él horas antes y ambos acordaron que continúe en el organismo. Por el momento, no trascendió quién podría ser el o la reemplazante del abogado de 73 años que fue uno de los fundadores de la comisión de Justicia del Instituto Patria y uno de los letrados que trabajó en los años ‘90 en la denuncia sobre el plan sistemático de apropiación de niños y niñas durante la última dictadura.

Argentina debe enfrentar próximamente la revisión que cada cuatro años realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para ver si el país cumple con los estándares para hacer frente al lavado de activos y a la financiación del terrorismo, entre otros rubros. La revisión debió haberse realizado el año pasado, pero se suspendió por la pandemia. Se esperaba la llegada de una misión de técnicos del organismo para julio, pero volvió a retrasarse. Una de las curiosidades es que básicamente la UIF deberá dar cuenta de lo hecho en la materia en el período que gobernó Macri, cuando el organismo estaba en manos de Mariano Federici, un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) investigado por favorecer el lavado de activos a través del HSBC.

La UIF había quedado envuelta en una polémica después de que no se apelara en tiempo y forma el sobreseimiento que dictó el juez federal Julián Ercolini a los directivos de Techint Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, justificando los pagos ilegales que reconocieron haber realizado en la causa de los cuadernos por un supuesto “estado de necesidad”. “La causa Techint sigue su trámite normal y la UIF apeló bajo la modalidad de apelación por revisión prevista en el Código Penal. Esa apelación se mantiene y está para resolver en la Cámara Federal de Casación Penal”, explicaron desde el organismo.

Si bien los sobreseimientos aún no están firmes, la demora de la UIF desató un frente de tormenta interno. El resultado fue que se despidió a los dos abogados que tenían el poder para apelar y se sumarió a otras tres personas. Uno de ellos fue Fernando Diez, que denunció a Cruz por hostigamiento y amenazas después del despido. “No apeló en tiempo y formal, por lo cual fue despedido con causa”, dicen desde el organismo y niegan que haya tenido contacto telefónico ni por correo electrónico con el titular de la UIF. “Solo estuvo en tres reuniones con el presidente del organismo en las cuales participaban otras quince personas más”, remarcan.

En los últimos meses, la UIF pidió tener acceso a la información que surgía por el contrabando agravado de municiones a Bolivia durante el gobierno de Macri para determinar si de allí surgía información sobre posible lavado de activos. El organismo, además, interviene en las causas por espionaje durante el macrismo. En la causa que se inició en Lomas de Zamora, fue una de las querellas que apeló la falta de mérito a favor de Darío Nieto y en las últimas semanas pidió la elevación a juicio del primer tramo de la causa de Dolores que orbita alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D´Alessio, también procesado por lavado de activos por el accionar del llamado “Grupo Buenos Aires”.