“Estamos frente a una maniobra, un engaño, porque con esta ley lo que se intenta es tapar un nuevo ajuste sobre el pueblo trabajador”, acusó el diputado Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, cuando se votó el aporte extraordinario de grandes fortunas. El proyecto del oficialismo resultó aprobado por 133 votos contra 115 de la oposición, casi todos de Juntos por el Cambio. También hubo dos abstenciones: las de Del Caño y su compañera de bancada, Romina Del Plá.

“Después de ocho meses de dar vueltas traen esta ley que se intenta presentar casi como un acto revolucionario, pero que en realidad es el camuflaje de un ajuste contra el pueblo. Es como si alguien que te quitó 100 pesos te devolviera 2,50. Y quiere que le firmes un papel, y que además hagas una fiesta. Es inaceptable. Es una farsa. De lo recaudado con este impuesto casi la mitad va a ir a la explotación del gas con el método del fracking o al beneficio de empresarios, mientras se elimina el IFE, digo, para marcar las prioridades”, siguió en su discurso.

A su turno, Del Plá avanzó en el mismo planteo. “El oficialismo quiere que seamos parte de su maniobra. Este proyecto de aporte solidario salió del cajón, donde estuvo guardado bastante tiempo, porque crece y crece el descontento popular por las medidas de ajuste que está tomando el Gobierno”, interpretó. En la misma sesión en que se aprobó el aporte de grandes fortunas, en noviembre del año pasado, se votaron modificaciones a la ley de Presupuesto 2021. La diputada relacionó ambos temas en su discurso: "Como el presupuesto de ajuste está haciendo ruido, la liberación de las tarifas desde enero y la inflación están haciendo ruido, como todo este paquete de ajuste está haciendo mucho ruido, bueno hay que armar la maniobra distractiva. Entonces sacamos del cajón el proyecto de aporte solidario", completó.

El Frente de Izquierda había presentado en mayo del año pasado un proyecto de ley para fijar un impuesto a las grandes empresas y las grandes fortunas, de carácter permanente, que según su estimación permitiría recaudar 15 mil millones de dólares, "no los 3 mil millones que propone el gobierno por única vez", recordó Del Caño. "Nuestro proyecto no es para encubrir un ajuste, sino parte de un programa integral que plantea el desconocimiento de la deuda externa fraudulenta, ningún pacto con el FMI, la nacionalización del sistema bancario y el monopolio del comercio exterior", explicó.

Zonas frías

Los dos diputados del Frente de Izquierda que le dieron la espalda a la ley que rebajó las tarifas de gas para 4 millones de usuarios de zonas frías, en once provincias, ya no fueron Del Caño y Del Plá sino sus reemplazantes, Mónica Schlotthauer y Juan Carlos Giordano, respectivamente, quienes tomaron su lugar de acuerdo al sistema de alternancia de legisladores que funciona dentro del FIT.

La ley de zonas frías se aprobó con 190 votos a favor del Frente de Todos, sus aliados tradicionales y algunos diputados de Juntos por Cambio de las provincias involucradas, contra 16 votos también de legisladores de JxC, en lo que marcó una división del bloque, y 43 abstenciones. Dentro de las abstenciones figuran los representantes del FIT.

"Según el Enargas esto va a beneficiar a 3 millones de hogares. El régimen de subsidios, y estamos completamente a favor de que se subsidie a quienes más lo necesitan, se va a financiar con un recargo sobre el precio del gas natural al resto de los consumidores, que también la pasan mal, muy mal, de hasta el 7,5 por ciento en la boleta. Dicen que no hay aportes del Tesoro nacional. El subsidio sale del resto de los usuarios. Ahora me pregunto, a los autores del proyecto no se les ocurrió que este subsidio lo tienen que poner las privatizadas de su bolsillo, que vienen saqueando nuestro gas y petróleo desde hace décadas", argumentó Giordano para justificar la abstención.

"No estamos hablando de pequeñas cooperativas. Son Pérez Companc, Tecpetrol, Pan American Energy, Total, Pluspetrol, la Shell. Gasíferas que se han beneficiado con el precio del gas en boca de pozo. Que el subsidio lo paguen las privatizadas, no un nuevo aumento en las tarifas del resto de los usuarios", insistió.

Enargas estimó que el impacto sobre una factura residencial media es de 6 a 8 pesos por mes, sobre un monto total de esa boleta de 1200 pesos. Es decir, el 0,5 por ciento. Esos 6 a 8 pesos es el recargo para los usuarios residenciales de la creación del fideicomiso que permite rebajar las tarifas a 4 millones de personas. El beneficio, en su caso, representa 436 pesos mensuales en promedio entre aquellos que obtuvieron una disminución de la tarifa del 30 por ciento, y de 814 pesos por mes para quienes el descuento alcanza al 50 por ciento.

Movilidad jubilatoria

La votación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en diciembre del año pasado, encontró unidos en el rechazo a los diputados del Frente de Izquierda con los de Juntos por el Cambio, aunque con argumentos distintos.

"Todos los gobiernos le meten la mano en el bolsillo a los adultos mayores. Estamos asistiendo a un ajuste: acá no hay grieta", enfatizó Del Caño, quien en ese momento compartía bancada con Giordano, antes de que se completara el enroque de legisladores del FIT.

Los cambios en el mecanismo de movilidad dejaron atrás la reforma que, a su vez, había hecho el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2017, que derivó en una caída de las jubilaciones del 19,5 por ciento real mientras estuvo vigente. En la votación del proyecto del gobierno del Frente de Todos, el oficialismo se impuso 132 a 119.

"A la misión del FMI se la recibió con música para sus oídos con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que pretende desenganchar los aumentos de la inflación", protestó Del Caño. Myriam Bregman, candidata a diputada por el mismo espacio en la Ciudad de Buenos Aires, remarca actualmente que esa ley "es una estafa a los jubilados".

Reforma tributaria

El 20 de mayo pasado, la Cámara de Diputados aprobó la reforma tributaria del Gobierno por 124 votos a favor y 104 en contra. Entre estos últimos, otra vez con posiciones opuestas en los argumentos, coincidieron el FIT y Juntos por el Cambio.

La reforma anuló la mayoría de los cambios que había introducido el gobierno de Macri en el impuesto a las Ganancias y aportes a la seguridad social, con rebajas para grandes empresas. En su lugar, se volvieron a subir los tributos a las grandes compañías y se bajaron para pymes.

Para el diputado Giordano, los cambios fueron insuficientes. "¿Con esta ley le suben los impuestos a las grandes empresas? No. En todo caso los dejan igual que como estaban antes del gobierno de Macri. Antes Ganancias estaba en 35 por ciento, Macri lo bajó al 25 y ahora en forma escalonada vuelve al 35. Ahora, a los grandes capitalistas, por qué solo 35 por ciento. Hay que eximir de Ganancias a los kioscos, pequeños talleres, comercios. Pero para eso hay que cobrarles más a los que más tienen. Ahora, al autodenominado gobierno nacional y popular, ¿no era la gran oportunidad de imponer un impuesto especial progresivo a los bancos, a las multinacionales, a las automotrices, los laboratorios, los pools de soja, las gigantes tecnológicas. ¿No había que imponerle a ellos un gran impuesto? ¿No era este el momento?", reclamó.

Sostenibilidad de la deuda

Finalmente, el repaso de las votaciones del Frente de Izquierda de las principales leyes económicas muestra su negativa al proyecto de "sostenibilidad de la deuda", que impulsó el Gobierno para ordenar que cualquier nuevo préstamo de un organismo internacional debe contar con aval del Congreso.

En este caso, la aprobación fue de 233 votos a favor, incluidos los diputados de Juntos por el Cambio, contra 2 votos negativos del FIT.

"Los bloques mayoritarios se aprestan a legitimar y legalizar una de las mayores estafas al pueblo argentino: la deuda de Macri y también los canjes de 2005 y 2010, que fueron el salvataje de los bonos de una deuda que históricamente tiene su ilegitimidad y su ilegalidad en la deuda genocida de Videla", sostuvo Del Caño antes de la votación. "El objetivo es cumplir con los acreedores mientras se ajusta a los jubilados", agregó.

"En el peronismo son pagadores seriales de las estafas. Nosotros rechazamos esta deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Que esos recursos vayan a la educación pública, a la salud, a aumentar los salarios, las jubilaciones. Que la crisis la paguen los grandes grupos económicos y no el pueblo", remató.