Pidieron declarar culpable al ex intendente Prado y a otros 8 imputados

El fiscal federal Eduardo Villalba ratificó la acusación contra el ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, y otros nueve acusados, y solicitó que se los declare culpables por el robo de caños del Gasoducto NEA. 

Tal como sostuvo en su alegato de apertura, el fiscal afirmó que los nueve acusados “se robaron los caños”, y señaló que eso pudo ser develado gracias a la investigación desarrollada por las fiscalías de Tartagal y Orán. Los alegatos se pronunciaron anteayer, ante el Tribunal Oral Federal 2 de Salta, integrado por los jueces Abel Fleming y Domingo Batule y la jueza Gabriela Catalano. 

Villalba pidió que se declare responsable por los hechos a Prado y al titular de la empresa OSYP SA, Diego Alos, como autores de los delitos de defraudación a la administración pública y robo agravado, por ser cometido en despoblado y en banda, de 228 caños que estaban en los parejes Tonono y El Desemboque. También pidió que al ex secretario de Hacienda de la Municipalidad de Aguaray, Fredy Marcelo Céspedes, se lo declare culpable como partícipe secundario de defraudación contra la administración pública.

Asimismo, el fiscal consideró que el encargado de la firma Vera SA, Cristián Buczek, y el titular de la empresa PERTERSER SRL son autores de robo agravado, igual que los gerentes de la firma MyP Servicios Especiales, Miltón Saavedra y Bruno Degoy, aunque en su caso como partícipes necesarios.

También pidió que se declare culpable a Adrián Vera, en su caso como autor de robo agravado y uso de documento falso; y requirió que al gerente de la empresa COMARFIL SA, Matías Rossi, se lo declare culpable de encubrimiento real agravado.

Y solicitó la absolución por el beneficio de la duda para Dante Rodríguez, que llegó a juicio imputado por robo agravado de 14 caños, por un hecho cometido el 14 de noviembre de 2019.

Una acción premeditada 

El fiscal sostuvo que el robo de los caños fue pensado mucho antes de que Prado impulsara la resolución municipal N° 1215, utilizada como ropaje legal para la sustracción de 67 caños de la red del Gasoducto GNEA, ubicada en el paraje Tonono, a pocos kilómetros de Aguaray. Esa resolución desafectaba los caños del Gasoducto GNEA en el marco de un proceso de saneamiento ambiental para el que el municipio había contratado a la empresa de Alos.

Como prueba de que la resolución se dictó para facilitar el traslado irregular de los caños, que pertenecían al Estado nacional y por lo tanto no podían ser desafectados por el intendente, el fiscal destacó el testimonio de un empleado municpal que contó que  Prado le envió un indicándolo que trabajaba en la elaboración de la resolución porque la necesitaba para que sea llevada “en el camión”. Para Villalba, esto evidenció que a Prado y Alos les urgía contar con este documento.

El fiscal recordó que la "Insólita" resolución fue firmada por Prado y Céspedes el 23 de diciembre de 2019, y en ese momento se había pensado para desmantelar una planta ubicada en la finca Ñacatimbay, pero eso se frustró por la resistencia del administrador de la propiedad. Entonces, dijo el fiscal, cambiaron la resolución y la usaron para robar caños de la red del Gasoducto. 

“De las pruebas expuestas, surge que el mismo Alos le avisó de esto a Rossi”, con lo cual está clara la participación de ambos en estos hechos", afirmó Villalba, que puso énfasis en que esta acción despojó a los vecinos de Aguaray de la posibilidad de contar con el servicio de gas natural. 

Y agregó, sobre la resolución 1215, que no fue publicada en el Boletín Oficial, tampoco cumplía con los pasos legales, como la presentación de un estudio de impacto ambiental, y no se le dio intervención al Concejo Deliberante.

Sobre el daño causado, el fiscal general recordó que la obra del Gasoducto del NEA había sido pensaba para beneficiar a cinco provincias con gas procedente de Bolivia, y que el tramo de Salta es el único cuya construcción no pudo ser cumplida en tiempo y forma (frenada durante la gestión de Cambiemos), a esa mora se sumó luego el robo de los caños. 

Villalba desestimó los argumentos de algunos de los acusados, como Alos, que sostuvo que la obra estaba abandonada. “No fue así, pues constan numerosas denuncias por saqueos menores que realizaron empleados de la empresa encargada, quienes cuidaban la red del gasoducto”, sostuvo el fiscal.

También aseguró que Vera, que está imputado por la extracción, corte y traslado de 161 caños robados, apareció en escena cuando el robo de caños ya se hizo público. “Vera era mencionado como un empresario de peso en el rubro, sin embargo, cuando fue detenido nos vimos frente a un chico. Que, si bien fue funcional para los fines ilícitos, en nada hace presumir que haya tenido la capacidad de embaucar al resto de los acusados, expertos hombres de negocios y con sobrada experiencia”, aseguró.

No se informó todavía cuándo seguirá la audiencia. Como en Salta se aplica el sistema acusatorio, primero se resuelve la responsabilidad penal y luego se discute el monto de la pena.