Las organizaciones de campesinos que participaron de la marcha que convocó el Frente Nacional Campesino (FNC), y que continúa apostada en Salta Capital, no lograban hasta ayer llegar a un acuerdo con las autoridades provinciales.
Los campesinos marcharon desde el ex paraje de AUNOR, a la entrada de la capital salteña (donde acamparon) hasta el Monumento a Güemes, en el centro de la ciudad. Al ritmo de "la chaqueñada" (músicos con guitarra y violín más el baile de la chacarera), los campesinos descansaron en ese lugar para bajar luego a la plaza 9 de Julio y de allí subir al Grand Bourg, en donde retomaron las reuniones con los funcionarios del gobierno provincial en la Casa de Gobierno. Tras el encuentro se reunieron nuevamente en asamblea y anoche quedaron a la espera de un borrador de parte de las autoridades que indique cómo se abordará el principal problema: los desalojos de campesinos y la regularización de las tierras.
“Queremos un equipo jurídico del gobierno provincial que nos acompañe”, dijo a Salta/12 el presidente del FNC, Benigno López, al reconocer que el punto en el que los acuerdos se encuentran atascados es la posición del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos (el representante PRO del gabinete provincial y ex representante de la Federación de Entidades Rurales de la provincia, Federsal), que dijo que el gobierno de Salta “respeta la independencia de poderes” y por lo tanto no puede hacer mucho en los casos en que la Justicia ya dispuso que las tierras ocupadas por campesinos sean desocupadas y entregadas a titulares registrales.
Por ahora, el artículo 9º de la Ley 7658, que suspende estos desalojos, fue prorrogado por dos años en la Legislatura provincial. La sanción de esta Ley incorpora partidas presupuestarias para regularizar las tierras de pequeños productores y disponer un monitoreo sobre los trabajos que se realizan en torno a la regularización dominial de las tierras. Ahora se espera que el gobernador Gustavo Sáenz promulgue la extensión de esta ley.
Por dentro y por fuera de la justicia
Rosa Guerra es una de las que participó de la marcha campesina. Vive en el paraje Lavalle, entre Morillo o Coronel Juan Solá y Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia. También participó Jaime Pascual, del puesto Jesús del Rosario, ubicado en Padre Lozano, jurisdicción de Embarcación, en el departamento San Martín.
El caso de Guerra y de al menos tres familias que se dedican a la cría de animales en ese paraje, no llegó a juicio aún, pero hace 5 años se presentó ante las 9 familias campesinas asentadas en la zona un titular registral con domicilio “no sé si en Buenos Aires o en Santa Fe”. En el tiempo anduvo por la zona este hombre acercó a los campesinos “teniendo una buena relación y nos decía que el acuerdo iba a ser pacífico”, contó Rosa.
“Hace dos meses me dijo ‘Rosa, hacé una tambera' (carnear una vaca para asado). Pero yo le dije que eso era mucho trabajo, que había que pensar, porque venía a arreglar lo de las tierras y la mente la teníamos que tener ahí. Así que le hice un locro”, contó. Ese día el titular registral reunió a las 9 familias cuyas viviendas se encuentran en los parajes Lavalle, San Antonio, Cortadenal, Pelícano, Santa Lucía y El Moro. La visita fue con agrimensor y escribano, y propuso entregar 200 hectáreas a cada familia. La propuesta fue rechazada porque las familias consideran que esa extensión no es suficiente para llevar adelante una producción sustentable. Guerra relató que entonces el titular registral se levantó enojado y se fue. Hasta ahora habría logrado acordar con una familia un poco más de hectáreas. “Pero nos amenazó con que si no acordábamos íbamos a un juicio por desalojo”, contó Guerra.
Guerra, junto a las familias Toledo y Velarde, que viven en el puesto Lavalle, son tercera generación de campesinos en las tierras que ocupan. “Mi papá era pobre. Entonces, cuando chicos, soñábamos con comprar las tierras. Ya cuando fuimos más grandes preguntamos en Inmuebles si podíamos comprar las tierras en remate”, como, según indicó, pareciera que sucedió por los datos que surgen de cédulas parcelarias. Nunca pudieron acceder a la compra de sus tierras, aunque hay casos de personas que compran de esta forma extensiones de tierras y logran la inscripción en la Dirección General de Inmuebles de la provincia. En muchos casos estas personas tienen domicilios lejanos al puesto, y en algunos casos, la compra se hace sin siquiera conocer el lugar.
Cuando existir no es prueba suficiente
Jaime Pascual y su familia están con un juicio ya resuelto en su contra que dispuso su desalojo antes de que se sancione y promulgue la Ley 7658. Fue una de las causas que cayó en manos quien fuera jueza Civil y Comercial de Tartagal, Ana María de Feudis. La demanda en contra de la familia la inició la titular registral Jorgelina Luis de Infante, por 180 hectáreas que son las últimas mensuradas al lado del río Bermejo.
“Mis bisabuelos creo que llegaron por el 1800”, contó Pascual a este medio al sostener que la demanda alcanzó a su padre, que falleció a los 67 años y fue enterrado en el puesto.
El puestero contó que cuando la entonces jueza De Feudis fue a hacer una inspección ocular, le mostraron pozos, corrales, viviendas, animales, en fin, las huellas de la existencia y trabajo de las familias en las tierras. Incluso había actas de nacimiento, certificados escolares y registro de marcas y señales del SENASA en el ganado bovino.
Lo último que supieron de la magistrada fue el fallo que disponía el desalojo “porque ella decía que no había pruebas suficientes” de que la familia de Pascual vivía allí.
“Quizás estaba presionada o había intereses económicos”, especuló Pascual al ser consultado sobre la resolución de De Feudis. Actualmente, si bien la ley puso la barrera al desalojo, sostuvo que viven intranquilos por la posible llegada de una medida que finalmente los saque del terruño que habitaron sus antepasados por unos dos siglos.
