"Tenemos 55 compañeros con algún tipo de afección por asbesto, tres fallecidos y uno que se salvó porque le extirparon un pulmón". En diálogo con Página/12, así grafica Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), la situación de los trabajadores del subte que estuvieron en contacto con el material cancerígeno. La Justicia porteña ordenó al GCBA y a Metrovías hacer pública la información sobre el amparo ambiental iniciado por los metrodelegados por la presencia de asbesto.
Pianelli sostuvo que "la lucha nos ha permitido mejorar las condiciones en algunos lugares, pero logramos detectar que no hay asbesto solo en los trenes sino también en las instalaciones fijas, cables, usinas y señales". "Sacar el asbesto va a demorar años y el GCBA nunca armó un plan para hacerlo. Logramos que se sacaran varias formaciones de circulación, pero hay algunas que no y estamos pidiendo hace tres años que se licite la compra de flota para reemplazarlas", agregó el metrodelegado.
Además de informar sobre el amparo, la Justicia estableció que el Gobierno y Metrovías deben acercar la posibilidad de sumarse a la acción judicial a los ciudadanos y ciudadanas que se consideren "afectados" por la presencia de asbesto. "La Justicia ordenó eso pero nosotros creemos que no lo van a cumplir, por eso iniciamos una campaña de información", señaló Pianelli. En las últimas semanas, el gremio viene realizando una serie de jornadas de difusión en estaciones de la red, en las que se entrega material informativo a los usuarios. "La contaminación persiste porque todavía no retiraron la totalidad del asbesto, lo que deja expuestos no solo a los trabajadores y trabajadoras sino a toda la comunidad", advierten en un comunicado.
Además, los metrodelegados abrieron un sitio web en el que se pueden encontrar los materiales, que incluyen estudios e informes sobre la peligrosidad del asbesto, en qué lugares de la red fue encontrado, qué se hizo hasta el momento y el estado judicial de la acción de amparo. "Lo cierto es que el Gobierno no informa sobre esto. Es un material hipercancerígeno que está prohibido, pero ni siquiera se explica qué hacer cuando se lo detecta", remarcó Pianelli.
