Una exoficial penintenciaria demandó al gobierno de Salta por haberla dado la baja mientras se encontraba con carpeta médica y en tratamiento psiquiátrico por las persecuciones que -aseguró- sufría de parte de la directora de la Unidad Carcelaria 4 y del director y subdirector del Servicio Penitenciario de la Provincia. 

La exoficial relató que el contexto de la violencia laboral que se ejerció en su contra comenzó luego de que su anterior jefa, Yone Farfán, la nombrara como testigo en una denuncia que hizo contra el director del Servicio Penitenciario, Juan Alberto Daza, y el subdirector Benito Cayetano Mena, en la que intervino el Juzgado de Violencia Familiar y de Género a cargo de Mónica Naranjo, que nunca la citó en esa causa.

Después de esto, Farfán inició un amparo contra el Estado provincial ante la jueza María Victoria Mosmann, que ordenó que se establezca un cupo femenino en los ascensos a la cúpula mayor para romper el techo de cristal, e incluso luego la magistrada mandó a que la ascendieran a ella, pero eso aún no se efectiviza. 

En el caso de la exoficial que demanda al Estado por su despido, la defensora oficial Marcela Dávalos, que la representa, presentó una medida cautelar innovativa y una acción contencioso administrativa con un planteo de nulidad respecto a las actuaciones en el expediente administrativo del Servicio Penitenciario y solicitó que se deje sin efecto el decreto por el cual el 27 de agosto de 2021 se dispuso la baja de la oficial, que le fue notificada el 9 de septiembre.

Dávalos señaló que su representada se encuentra en estado de extrema vulnerabilidad ya que en la actualidad carece de ingresos, de obra social y debe mantener tratamiento psquiátrico. Además, sostuvo que la baja se dispuso con errores de apreciación y omisiones  de las distintas áreas que dictaminaron. Dijo que se le aplicó una sanción que se basa en supuestas inasistencias al lugar de trabajo pre avisadas e injustificadas. 

"Cuando mi representada presentó certificados médicos y justificó sus inasistencias en forma tempestiva por razones médicas, pero la administración incurrió en una conducta obstruccionista y dolosa, negándose a recibir los certificados médicos o a encausar el trámite, omitiendo incorporarlos o requerir junta médica, conforme fuera oportunamente solicitado", manifestó. Apuntó al "grave vicio que invalida los actos administravos por haber sido dictados en claro abuso del ejercicio de facultades administrativas (...) reconocidas por ley y violando las normas vigentes".

"El Servicio Penitenciario me hostigó, me maltrató, me discriminó", dijo a Salta/12 la exoficial. Su defensora detalló en la demanda que el 8 de marzo de 2018, cuando su representada se encontraba trabajando como secretaria de la suprefecta Farfán, hubo un altercado entre esta oficial y las autoridades del SPP, y que luego se tornó difícil la gestión de su exjefa y fue destituída del cargo, lo que la llevó a radicar una denuncia por violencia de género en el Polo Integral de las Mujeres y en esa demanda nombró a su secretaria como testigo. "Tengo pruebas de todo (...), la sacan a Yone Farfán. La ponen a Marta Padilla como directora de la UC4, es la que me maltrataba y hostigaba", aseguró la exoficial.

La defensora señaló que posteriormente "se produjo un cambio" en la situación laboral de su representada, "dando inicio a malos tratos, persecución, hostigamiento laboral y abuso de autoridad en contra de su persona".  

Le dieron una licencia ordinaria, y en ese lapso fue intervenida quirúrgicamente. El médico le recomendó realizar tareas livianas, sin esfuerzos físicos, tareas administrativas por no más 6 horas, esto fue comunicado a las autoridades cuando se reincorporó a su trabajo. 

Sin embargo, el 26 de junio a las 7, "la nueva directora de la Unidad, Marta Padilla, la mantuvo esperando parada toda la mañana sin asignarle tareas o funciones hasta que recién a las 12 horas la atendió comunicándole que quedaba desafectada de las funciones que venía ejerciendo como secretaria de dirección de unidad y que pasaría al sector de servicio social. Le advirtió de forma autoritaria que en su gestión no se trabajaría de la misma forma que con su antecesora en el cargo, la suprefecta Yone Farfán, sugiriéndole una mala administración".

La exoficial explicó que aparte del trabajo diario que realizan con ese rango, se tienen que hacer cargo de las Jefaturas nocturnas cuando la jefa no está en el penal, que además se trabajan los fines de semana. "Mena y Daza arman el diagrama de jefaturas nocturnas y de día, asignándome sabiendo que no lo podía hacer".

"Padilla me tenía que designar un sector. No me designó la función, con el instrumento legal, me dijeron que no se realizaría. Me hizo hacer de todo. Me exponía a trabajar con internas ante conflictos y con internos estando recién operada. Ella me mandaba a ver a los internos que estaban internados. Si el interno me golpeaba o se ponía mal yo podía llegar a sufrir actos de violencia, y ella me hacía hacer todo eso. Yo lo hacía porque ella me mandaba y quería cumplir con el trabajo. En mi tarjeta reloj figura el trabajo de más de 12 horas que hacía. Ella me notificó a que sea jefa de operativo de la visita, para lo que tenés que estar de diez por los conflictos que pueden darse. Le pedí que me dé audiencia para recordarle mi estado de salud y no me la dio", manifestó la exoficial.

Dávalos señaló además que Padilla mandaba a realizar a su representada tareas de carácter operativo que requerían de esfuerzo físico, a pesar de su estado de salud y desatendiendo las recomendaciones del médico.

La defensora detalló que la exoficial empezó con "episodios de suma angustia y desazón, con crisis de llanto durante la jornada de la institución". 

"Aguanté un cierto tiempo. Un día dije basta y pedí mi carpeta psiquiátrica. Ellos me pedían después que vuelva a trabajar, sabían que era por maltrato de ellos. Yo jamás había pedido carpeta médica, tenía mi legajo intachable pero no daba más y no podía  continuar mi situación laboral así", sostuvo la exoficial. 

Señaló que en 2019 le iniciaron el trámite de baja y dejó de cobrar su sueldo y le retiraron la obra social. "Hoy es algo grave para mí, me dejaron sin trabajo, sin obra social, me dejaron en situacion de abandono", manifestó.

Además, contó que en diciembre de 2019, Mena le mandó a decir que vuelva a trabajar prometiendo, a través de un familiar suyo, que no iba a sufrir ninguna represalia. La exoficial relató que no volvió a trabajar porque no estaba bien, seguía en tratamiento y desconfiaba de las autoridades y de que le armaran una causa para justificar su despido. "Me amenazaron con que si no volvía a trabajar me iban a dar la baja", señaló. Contó que pese a que su médico psiquiatra particular le recomendaba que no regresara al SP por la persecución que sufría, la enviaron a una entrevista con otro psiquiatra y este médico le dio el alta.

"Tuve intentos de suicidio. Mis familiares hicieron llegar notas al Servicio Penitenciario, más de 20. A la subsecretaria, al Ministerio de Seguridad. Era una situación en la que sí estaba enferma y no me lo querían reconocer. Me sancionaron con todas las sanciones que había por hacer y me dieron la baja. Sin tener en cuenta los descargos que yo hice", manifestó la exoficial. 

Además de continuar con el tratamiento psiquiátrico, hoy padece tubercolosis, enfermedad que ella considera que se contagió dentro del penal, donde trabajó con internas que padecían esta dolencia. Además, tiene diagnóstico de artritis anquilosante y necesita medicación biológica, que no puede pagar, por lo que desde el Hospital del Milagro se la gestionaron ante la Nación.