Luego que se conoció que un efectivo policial abusó sexualmente la semana pasada de una mujer a la que debía cuidar por un caso de violencia de género, el movimiento feminista de Salta volvió a remarcar la carencia de perspectiva de género que tienen los policías que deben cumplir con consignas, e insistieron en la urgencia que se adopten medidas preventivas que puedan recaer en los agresores para proteger a las mujeres y evitar las revictimizaciones. 

Son numerosos los relatos que dan cuenta del aprovechamiento y abuso de poder que tienen los policías sobre ellas, que de por sí, ya se encuentran en un estado extremo de vulnerabilidad. Así lo relataron a Salta/12 diferentes militantes feministas de la provincia, quienes en todos los casos acompañan la denuncia y buscan la protección de las mujeres que transitan hechos de violencia. 

Ahondar en el origen de estos graves delitos, lleva a reconocer que existen un "fracaso evidente de los protocolos" establecidos para la atención de los casos de violencia de género. Al menos, así lo consideró Sandra Acosta, psicopedagoga, docente e integrante de la Red de Docentes por el Derecho a Decidir. "Los casos de todo tipo de violencia de género no disminuyen ni las estadísticas por femicidios dejan de crecer", denunció. 

Indicó que la mayoría de las mujeres que denuncian no encuentran una salida positiva en la Policía ni en la Justicia. Para Acosta, las fallas están desde el momento que deben recurrir a la comisaría, ya que resulta "un lugar con escasa o nula preparación para la atención de casos de este tipo". "La víctima que entra a una comisaría es, en muchísimos casos, revictimizada", precisó. 

Por eso, cuando un juez ordena una consigna policial para la protección de las denunciantes porque evalúa que existe un alto riesgo de vida, se dan casos de efectivos "que aprovechan la vulnerabilidad de las mujeres víctimas, para intentar acercamientos personales indebidos", denunció.

La periodista feminista Susana Peralta, así lo pudo graficar en una situación que tuvo que acompañar este año en la capital salteña. Una mujer realizó una denuncia luego que su ex pareja se atrincherara en la vivienda que compartían. Se solicitó a la Policía que interceda para que el hombre, con antecedentes de violencia, se retire del domicilio, pero no lo hace. Y  fue la mujer quien tuvo que irse "sin ninguna pertenencia porque no hubo otra alternativa", dijo Peralta.

Al otro día, cambian la orden y se dispone de una consigna domiciliaria por cinco días hábiles. "Pasan unos días y la consigna empieza a decirle piropos o hacerle propuestas para acompañarla" en la situación que atravesaba.

La mujer se dirigió a Peralta y le dice que "él (por el policía) me quiere levantar", después de haberle asegurado que no precisaba ningún tipo de ayuda. "Hablé con el oficial y le dije que se tenía que quedar fuera y sólo garantizar que el violento no ingrese al domicilio", contó. En ese sentido, la periodista le propuso a la mujer que radicara la denuncia contra el efectivo, pero se negó. 

"La persona que está en un estado de vulnerabilidad la piensa dos veces al momento de volver a usar el sistema", subrayó, y advirtió que la mujer optó por irse a vivir a Jujuy. 

Peralta señaló además que las consignas "siempre son varones y entonces si le preguntamos a cada mujer, sabemos que va a haber una historia para contar". Remarcó también, que son las propias comisarias que a pesar de la orden de un juez, suelen no dar cumplimiento a las medidas, aduciendo falta de personal. 

Esto provoca que situaciones donde amerita una consigna policial se conviertan en rondas aleatorias, o casos en los que la mujer y su familia, se queden por largos momentos sin un efectivos hasta el cambio de turno del personal. "No tienen una sensibilidad que una familia está en estado de vulnerabilidad y hay riesgo de vida", agregó. 

Por eso Acosta, señaló que muchas veces la disposición de una consigna "no es para nada una solución sino más bien es una preocupación extra" para las mujeres. Y manifestó que las medidas que se precisan para evitar nuevos femicidios deben ser "con criterio y perspectiva de género, entendiendo que es el agresor, el denunciado, el que debe estar o preso o vigilado por la Policía". 

En la misma línea estuvo la militante del Partido Obrero y exsenadora, Gabriela Cerrano, quien reiteró que existen "muchos testimonios negativos de las consignas hacia las víctimas, que sobre todo, son mujeres pobres". 

"Nada impide a un juez"

Cerrano también ahondó en las atribuciones que se toman los propios efectivos al momento de llevar adelante su tarea y recordó lo sucedido con Liliana Flores, la mujer de 24 años asesinada el 24 diciembre de 2019, en el pueblo de Cerrillos, por su ex pareja, el policía Hegdar Exequiel Almirón, quien se suicidó tras este ataque homicida, delante los hijos de ambos.

La mujer tenía como consigna al agente Elvio Rolando Aguirre, y según reconstruyó el fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, el efectivo estaba distraído con una comunicación telefónica mientras el femicida entró por la parte posterior del domicilio. Sin embargo, Cerrano sostuvo que ambos efectivos actuaron en complicidad ya que Almirón le dijo a Aguirre que "quería arreglar las cosas" con la mujer. "La terminó matando", lamentó la militante. 

Es por ello, que señaló que "no hace falta ninguna ley específica que indique que la consigna pueda darse al agresor". Esto porque actualmente tiene media sanción del Senado, un proyecto que modificaría la Ley N° 7.888, de Protección contra la Violencia de Género, para revertir la custodia policial "y dejar de revictimizar y estigmatizar a las mujeres que sufren violencia", según lo señaló la autora del proyecto, la senadora por La Caldera, Silvina Abilés. 

El proyecto de la legisladora se basa en el antecedente de febrero de 2020, donde la jueza de Violencia Familiar y de Género, Noemí Valdez, decidió dar el primer paso y tomó esa medida contra un agresor. Pero es ese mismo antecedente por el cuál Cerrano insiste en que "nada impide a un juez que ahora mismo así lo disponga". 

La dirigente también se refirió al caso de Agustina Cruz, la última víctima de femicidio de Salta, de los 13 que ocurrieron en lo que va del año, que debía contar con una consigna policial. "Ella recién tenía esta semana el turno para el psicólogo y no se dispuso ninguna medida para que él (por su expareja, acusado del asesinato) también tenga una citación con un profesional", denunció, y prosiguió, "llegan muy tarde con los informes psicológicos de los denunciados o ni siquiera los hacen". 

Además, Yanina Cruz, la mamá de la joven de 17 años, anunció que denunciará a la policía por abandono de persona. Aclaró que solo realizaron rondas periódicas por 8 días, y ni siquiera cumplieron con una consigna policial fija ni personalizada, tal como correspondía ante las amenazas de muerte que había sufrido la joven y que habían sido asentadas ante la Justicia. El asesino la sorprendió a la adolescente en plena vía pública, mientras se dirigía caminando al colegio. 

El caso testigo 

La periodista feminista Teresita Frías, denunció a inicios de este año que fue amenazada de muerte en al menos dos oportunidades por una pareja vecina a su vivienda en la ciudad de San José de Metán, donde reside y realiza su labor. Aún así, no mermó la persecución en su contra y entre las medidas de protección se le asignó una consigna personalizada. 

Recién hace un mes decidió por motus propio dejar de tener consigna "porque era degastante para mi familia" pues era "muy invasivo". Además, de que sus atacantes dejaron de estar en el predio donde estaba Frías. "Preferí que ya no porque en el medio sufrimos la revictimización de la Policía", aseguró. 

Esto porque "todo el tiempo sabían de nuestras vidas", y no sólo eso, sino que hablaban con otros. Acción que pudo saberse después que se filtraran chat de algunos policías donde señalaban a la periodista de amante de uno de ellos, cuando esto no era cierto, además de contar cada movimiento que hacía la mujer. Por eso denunció que existe una ineficiencia el sistema y una falta de capacitación en género. 

A pesar de traer su relato, Frías no dejó de lado un caso más resonante que vivió Metán en 2017. En ese tiempo Marcos Abraham Camacho, cumpliendo la tarea de consigna policial en el barrio Diógenes Zapata, llevó hacia una zona de monte a una mujer que padece retraso madurativo severo y abusó sexualmente de ella. En mayo de este año, el hombre de 33 años, fue condenado a 10 años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo. 

Por eso denunció que le resulta grave que no se adopten medidas contra el victimario. Entre las posibilidades que podrían adoptar los jueces, están las tobilleras o dispositivos duales, que sirven para monitorear a varones denunciados por violencia de género. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entregó 1439 dispositivos duales a pedido de 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hasta el 31 de enero apenas estaban “activos” 649, es decir, el 45 por ciento, de acuerdo con un informe oficial.

Salta estuvo entre las jurisdicciones que lo solicitaron. Este medio consultó al Ministerio de Seguridad de la provincia, por el uso de los dispositivos, pero desde allí indicaron que debido al cambio de autoridades no precisan con exactitud de un último informe. 

La militante de la Asociación de Derechos Humanos "Coca Gallardo", Marcela Gutiérrez, señaló que en Salta se deja al "descubierto que a diario se violan los derechos de las mujeres". Es por eso que tras los cambios en el gabinete de Gustavo Sáenz, demostró su preocupación y aseguró que "no hay cambios reales en la mejora cuando se habla de seguridad" en favor de las mujeres ni de los trabajadores. 

Si bien festejó la salida del exministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, denunciado desde su asunción por los organismos de derechos humanos de Salta por declaraciones negacionistas, afirmó que parece que "Sáenz nos toma el pelo a todas las salteñas". "Necesitamos una policía que tengan una mejor formación porque en muchos casos (de femicidios) ellos están involucrados", denunció. Recordó que el 7 de octubre, fue asesinada Gladys Paz, que se desempeñaba como policía en Rosario de la Frontera, al igual que su pareja, Nicolás García, quien ahora es el principal sospechoso. 

Gutierrez aseguró que deben darse exámenes psico físicos más rigurosos para el ingreso a las fuerzas de seguridad, dado que "las personas que deberían cuidarnos, nos violan y nos matan a diario". "Es una preocupación que venimos expresando hace mucho tiempo", agregó.