Dos meses después de negarse a intervenir, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este lunes las impugnaciones a la ley de Texas, que prohíbe los abortos después de seis semanas de embarazo y que no contempla excepciones por violación o incesto. El tribunal de nueve miembros, que incluye a seis jueces conservadores, escuchará durante dos horas los argumentos de las partes en un caso seguido de cerca en todo el país por sus implicaciones humanas y políticas.
Texas, el segundo estado más grande del país, está siendo demandado por el Departamento de Justicia del presidente demócrata Joe Biden, por promulgar restricciones al aborto que según sostienen los demandantes son "claramente inconstitucionales".
El Proyecto de Ley 8 del Senado de Texas (SB8) prohíbe los abortos después de que se puede detectar el latido del corazón en el útero, lo que normalmente sucede alrededor de las seis semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.
Se han aprobado leyes que restringen el aborto en otros estados liderados por republicanos, pero los tribunales las anularon porque violaban fallos anteriores de la Corte Suprema que garantizaban el derecho al aborto hasta que el feto sea viable fuera del útero, que suele suceder entre las semanas 22 y 24.
La "Ley del latido del corazón de Texas" se diferencia de otras leyes antiderechos en que otorga a cualquier ciudadano el derecho de demandar a los médicos que practican abortos, o a cualquier persona que ayude a facilitarlos, una vez que se detecta un latido del corazón. También en que alienta la persecución al fijar recompensas de hasta 10.000 dólares por iniciar casos que lleguen a los tribunales.
El marco de la ley de Texas ha complicado la intervención del Departamento de Justicia debido a un principio llamado "inmunidad soberana", explica Mary Ziegler, profesora de derecho constitucional en la Universidad Estatal de Florida y profesora invitada en la Universidad de Harvard.
"La Undécima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos limita las circunstancias bajo las cuales los estados pueden ser demandados", dijo Ziegler a la AFP.
"La Corte Suprema ha creado una excepción que permite a los demandantes entablar una demanda para obtener una orden judicial cuando un funcionario está haciendo cumplir una posible ley inconstitucional", agregó.
"Texas dice que bajo la SB8, teóricamente ningún funcionario tiene permitido hacer cumplir la ley", advirtió Ziegler. "Texas ha argumentado con éxito hasta la fecha que es inmune a las demandas".
Hace casi 50 años (1973), la propia Corte estadounidense dictaminó, en el caso Roe vs. Wade, que el acceso al aborto es un derecho constitucional de la mujer, derogando las leyes estatales que restringían el procedimiento.
En un fallo de 1992 en el caso de Planned Parenthood vs. Casey, el tribunal garantizó el derecho de la mujer a un aborto hasta que el feto sea viable fuera del útero, lo que suele llevar entre 22 y 24 semanas.
Eso es más tiempo que en muchos otros países, donde el límite es el final del primer trimestre, o alrededor de las 12 semanas.
Individualmente, los estados retuvieron el derecho de promulgar leyes que protejan la salud de la mujer siempre que no impongan una "carga indebida" sobre el acceso al aborto de un feto no viable.
La Corte Suprema podría tomar una decisión en cualquier momento después de los argumentos orales, pero se espera un pronunciamiento al respecto antes de pasar al caso siguiente sobre aborto, que tendrá lugar el 1 de diciembre, cuando el tribunal escuche los argumentos contra una ley de Mississipi que prohíbe el aborto después de 15 semanas.
Al menos cuatro jueces parecen dispuestos a bloquear la ley de Texas: los tres liberales en la corte y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien expresó su preocupación por la SB8 cuando esta apareció anteriormente ante la corte.
