La defensa de dos acusados de crímenes de lesa humanidad por los vuelos de la muerte que partieron de Campo de Mayo desde donde eliminaron personas durante la última dictadura cívico militar solicitó al Tribunal Oral Federal que deje sin efecto el peritaje que este martes debe realizar el Equipo Argentino de Antropología Forense sobre una zona lindera a la pista de aviación de esa guarnición militar. Allí, durante la inspección ocular que se llevó a cabo hace un año, un ex soldado conscripto señaló que recogía cientos de ampollas de ketalar, un sedante utilizado presuntamente para adormecer a les detenides desaparecides antes de ser subidos a las naves. La solicitud del abogado Eduardo San Emeterio fue rechazada primero por la Fiscalía, las querellas e incluso otras defensas. El propio tribunal denegó el pedido horas más tarde.

A mediados de diciembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín ordenó al Ejército argentino preservar una zona amplia de tierra que separa la pista de aviación de Campo de Mayo de los hangares donde suelen estacionar los aviones y helicópteros de la fuerza porque allí, según testimonió el ex soldado conscriptos Raúl Escobar Fernández, médicos militares descartaban ampollas vacías de Ketalar --nombre comercial del clorhidrato de ketamina--, el sedante que presuntamente les inyectaban a les detenides desaparecides antes de ser subidos a las naves para ser arrojados a las aguas desde el aire.

Tras la orden de preservación, y por pedido de las querellas particulares, el tribunal ordenó además la realización de un peritaje en busca de esas ampollas. La medida estará a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que también participó de la inspección ocular, y que solicitó para llevarla a cabo la colaboración de personal del Ejército para cortar el pasto y cavar. Se suele acudir a personal de la fuerza para colaborar en estas tareas. Sin ir más lejos, la inspección ocular fue asistida por oficiales y suboficiales del Ejército en Campo de Mayo.

El objetivo del peritaje es buscar, a partir de la realización de pozos superficiales, los frascos que Escobar Fernández declaró haber hallado en la zona. “Encontrábamos unas montañas de ampollas de inyectables, nosotros cortábamos el pasto y siempre aparecían esas montañitas” de ampollas, dijo durante su testimonio, cuando detalló que las encontraban “de día” y que las dejaban “la noche anterior”. También recordó que tomó una y la llevó a un médico militar de la guarnición para consultarle qué era: “Nos sacó carpiendo. Nos dijo que era un poderoso desinfectante, que dejáramos eso y nos sacó. Fue la única vez que lo vi enojado”.

El EAAF indicó que el terreno debe estar seco. El peritaje estaba pautadao para mañana a la mañana, con posibilidad de posponerse para el jueves si llueve, tal como está pronosticado.

A la colaboración del Ejército es, justamente, lo que San Emeterio, abogado defensor de los pilotos retirados Eduardo Lance y Delsis Malacalza, se opuso. A través de un escrito que presentó ante el TOF, denunció como “ilegal destinar a un soldado profesional a realizar tareas civiles para la cual no han suscripto su compromiso con la Fuerza”. “Como ha sido la querella la que ha solicitado la medida, debería ser esta la que facilite los medios necesarios al EAAF y a su propia costa”, continuó.

En pocos minutos, las querellas y la Fiscalía prepararon y expresaron su oposición. El TOF les solicitó brevedad, pero eso no fue problema. Las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría provincial del área y la querella particular representada por el abogado Pablo Llonto solicitaron a los jueces que rechacen el pedido de la defensa “con costas”. “Son tareas de auxilio al Poder Judicial, no al EAAF ni a las querellas”, indicó Llonto. “Este planteo no hace más que dilatar el proceso que busca verdad y justicia”, sumó Verónica Bogliano, de la acusación bonaerense.

El fiscal Marcelo García Berro consideró el pedido de San Emeterio “improcedente e impertinente”. “El Estado debe garantizar una investigación seria y eso es poner todo a disposición”, sostuvo. También pidió que sea el abogado defensor que se haga cargo de los gastos ocasionados por este obstáculo. 

Finalmente, el TOF resolvió rechazar la solicitud de los acusados. "No se vislumbra siquiera cuál es el agravio concreto que aducen los letrados que impugnan ni la relación directa con el ministerio que ejercen", apuntó el presidente del tribunal, Walter Venditi. Por lo demás, hizo propios los argumentos de las querellas y la Fiscalía.