La diputada provincial Matilde Bruera presentó un pedido de informes donde solicita el protocolo y operativo policial que se desplegaron los días 2 de setiembre y 10 de octubre en las inmediaciones de calle Urquiza 1954 de la ciudad de Santa Fe mientras se llevaban adelante asambleas extraordinarias de la Asociación Sindical Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Santa Fe (Asoem), y por otro lado que se identifiquen al jefe policial responsable de ambos operativos, al funcionario del Gobierno provincial que coordinó y autorizó el mismo, las razones del Ministerio de Seguridad para el despliegue en cuestión y la cantidad de policías afectados a los mismos.
En los fundamentos, la legisladora hace referencia a los argumentos sostenidos en el tiempo por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) en donde se destaca que "en dichas asambleas extraordinarias se denunció una extrema presencia e irrupción de las fuerzas de seguridad provinciales, donde montaron un operativo de represión dirigido para que a puertas cerradas -y violando todas las formas estatutarias y de Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23551- se proceda a tomar una serie de decisorios dirigidos a vulnerar el derecho de sindicación de trabajadores municipales santafesinos -que quedaron fuera del recinto- y de derechos patrimoniales de Festram".
Advierte también que "es incompatible la injerencia de fuerzas de seguridad en asambleas extraordinarias y que ulteriormente como producto de dichos condicionamientos se terminen legitimando decisorios discrecionales dirigidos a cerrar las puertas de los sindicatos y a manejar arbitrariamente sus fondos".
La Federación resaltó la necesidad de que el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de su delegación local, actúe de acuerdo a las normas ya establecidas para este tipo de procedimientos electorales en los sindicatos.
"La diputada Bruera -agrega el comunicado de Festram- expresa claramente la preocupación ya instalada en distintos ámbitos institucionales por la gravedad de esta situación y la poca celeridad de distintas áreas del Gobierno Provincial por evitar que estos hechos sigan repitiéndose, violentando derechos indiscutidos de los trabajadores y trabajadoras municipales, pero siendo los mismos un intento claro de disciplinamiento social al resto de los sindicatos estatales y privados".
