Adriana Meyer reconstruye las 218 desapariciones que hubo desde 1983

Treinta años atrás, después del asesinato de Walter Bulacio a manos de agentes de la Policía Federal, Adriana Meyer se reunía por primera vez con abogados de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Allí, decidió que la violencia institucional sería una problemática prioritaria en sus coberturas periodísticas.

Desde ese momento, los abusos policiales se multiplicaron y esa violencia se tradujo, entre otras formas, en desapariciones forzadas que hasta hoy continúan. En su libro Desaparecer en democracia. Cuatro décadas de desapariciones forzadas en la Argentina (Marea Editorial), la periodista -que escribe en Página/12 desde 1989- da cuenta de la complejidad de ese delito y reconstruye la historia de las 218 desapariciones que se contabilizan desde diciembre de 1983 hasta julio de 2021.

Con prólogo de la abogada militante de CORREPI María del Carmen Verdú, y con el acompañamiento de un equipo de investigación formado por Daniel Satur, Juan Pablo Csipka, Gioia Claro, Soledad Segade y Martín Cossarini, la autora recopiló casos emblemáticos como los de Miguel Bru, Marita Verón, Natalia Melmann, Jorge Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro, y algunos menos resonantes como los de Franco Casco, Sergio Ávalos, Elías Gorosito y Víctor Balbuena, entre otros. Además, en el texto se incluye un capítulo sobre desaparecidos pertenecientes a pueblos originarios.

“Años después de que desapareciera Jorge Julio López, tuve la idea de escribir un libro sobre ese caso, pero no se dio. Y cuando desapareció Santiago Maldonado me pasó algo parecido, porque contaba con mucha información. Ahí avancé un poco más. Después, el año pasado, durante la pandemia, me encontré con que tenía mucho material y un tiempo que antes no había tenido. Y ahí fue cuando, en abril de 2020, y a raíz de la desaparición de Facundo, me dije: 'Esto sigue pasando. ¿Y si escribo sobre todos los casos?'. Entonces me puse a trabajar y me contacté con integrantes de CORREPI que tienen desglosados todos los casos de desaparecidos por las fuerzas de seguridad en democracia”, cuenta Meyer.

-La figura del desaparecido en la Argentina se asocia directamente a la última dictadura militar. ¿Cómo se explica que alguien pueda desaparecer en democracia en manos de las fuerzas de seguridad?

-La respuesta es compleja. Una de las conclusiones a las que llegué al respecto en el libro es que sigue habiendo desapariciones forzadas porque la consigna de los '80 que apuntaba a desmantelar el aparato represivo de la dictadura no se cumplió. Y eso ocurre porque el sistema político se alimenta de ciertas prácticas espurias y el poder judicial es cómplice de eso. A su vez, otro de los motivos es que en el país hay una enorme cantidad de personas vulnerables sin documentos, como pasó en el caso de Luciano Arruga. Y también sucede que no existe un banco de ADN de personas desaparecidas, un problema que admiten las autoridades actuales del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). Y eso hace que cada vez que aparece un cuerpo NN se le pida una muestra a la familia.

-Advertís que el libro parte de la hipótesis de que no existe la “policía del cuidado”. ¿No es posible pensar en una policía que no incurra en abusos? ¿Cómo podría controlarse esa situación?

-Durante el aislamiento social de 2020, algunos académicos plantearon la idea optimista de una posible "policía del cuidado", pero la realidad derribó esa posibilidad porque en ese tiempo no sólo hubo dos desapariciones que terminaron en asesinato, como ocurrió con Castro y Espinoza, sino que también hubo 411 muertes a manos de la policía, de las cuales el 70 por ciento ocurrieron durante la fase 1. El tema policial ha sido estudiado por un montón de teóricos y teóricas de manera exhaustiva. La socióloga Alejandra Vallespir dice que en la policía existe un manual de instrucción paralelo que es histórico y que la fuerza acumuló durante muchos años, y argumenta que ese saber ilegal se monta sobre el legal. Los cadetes salen de las escuelas seguramente con muy buenas intenciones pero la tradición que existe es otra y es perversa. Creo que para empezar a solucionar esto tiene que haber más controles. No es posible que lo único que se haga con un policía que viola los derechos humanos sea trasladarlo. Hay que cambiar la legislación en ese sentido.

-Los desaparecidos en democracia son, en general, personas que pertenecen a los sectores populares. Y lo significativo es que gran parte de quienes integran las fuerzas de seguridad también tienen ese origen social.

-La forense Virginia Créimer dice algo muy interesante en el libro sobre esta cuestión. Ella señala que quien comienza a trabajar en la fuerza siente que adquirió poder por el hecho de tener un uniforme y un arma, por más que pertenezca al mismo estrato social. Hay algo muy perverso en esa situación. Es como que los otros se convierten en un espejo de lo que ese policía no quiere ver porque él ya salió de ese lugar.

-Los casos de Santiago Maldonado, en 2017, y de Facundo Astudillo Castro, en 2020, resonaron fuertemente en la población. En ambos, se impuso la pregunta: “¿Dónde está?”. ¿Considerás que eso fue un punto de inflexión en el interés popular por esta problemática?

-Sí, sin dudas. Y algunos factores contribuyeron para que eso pasara. En 2017 teníamos un gobierno abiertamente de derecha y, si bien todos los gobiernos tuvieron responsabilidad en cierto encubrimiento, con el macrismo se vio un gobierno que atacó a la familia de la víctima de una manera burda y explícita. Entonces la población se expresó masivamente en la calle para contrarrestar ese tsunami. Y con Facundo también pasó algo similar en cuanto a la repercusión, porque creo que hay en la gente un aprendizaje desde que sucedió la desaparición de Jorge Julio López. Por suerte este tema permeó en la sociedad. Y hoy existe una reacción de decir: “No nos quedemos quietos. Vamos a reclamar”.

-¿Y cuál es la reacción de la dirigencia política? ¿Está en su agenda la violencia institucional?

-Nuestra clase política está atravesada por el síndrome de Cromañón, porque los dirigentes reaccionan después y se rasgan las vestiduras, pero no hay toma de conciencia. La represión estatal está en la agenda de algunos grupos de izquierda, con alguna excepción como es la presentación reciente que hicieron Leandro Santoro y Victoria Montenegro sobre el caso de Arshak Karhanyan, el policía porteño de origen armenio que está desaparecido desde 2019. Y el diputado nacional Leonardo Grosso también es otro funcionario muy comprometido con estos temas desde siempre. Pero son excepciones, y sigue pasando que cada vez que desaparece alguien vemos que no hay un protocolo de actuación y que la policía contesta cualquier cosa, porque no ha habido ningún partido político importante dispuesto a cambiar esto en lugar de esperar a que haya un próximo desaparecido.

-¿Por qué te movilizan estos casos?

-Mi generación está marcada por haber vivido la primavera democrática y el juzgamiento del genocidio, y siento la necesidad de establecer mecanismos para que lo que pasó en aquel tiempo no siga pasando ahora. No quiero que mis hijos le tengan miedo a la policía. Quiero resistir al acostumbramiento y no naturalizar que se pueda desaparecer a alguien en democracia.