Alumnas del Colegio religioso Roque González de Posadas, Misiones, realizaron la semana pasada una sentada en la escuela para denunciar a sus compañeros por abuso sexual. Tras las repercusiones del caso y la presentación de una denuncia formal por parte de la madre de una de las víctimas, la fiscal en lo Correccional y de Menores Nº 1 de Posadas solicitó que los seis estudiantes acusados terminen la cursada de forma online, que la escuela no les renueve la matrícula y que se les imponga una prohibición de acercamiento a sus compañeras.

En la sentada, que llevaron a cabo para exigirle a los directivos del colegio que tomen las medidas disciplinarias correspondientes, las adolescentes revelaron que desde comienzos de año padecen abuso sexual por parte de seis alumnos del curso. Mencionaron, entre otras situaciones de acoso, que los jóvenes les levantaban la pollera y les sacaban fotos para difundirlas luego en grupos de redes sociales. También se dieron a conocer una serie de chats entre los estudiantes acusados, de entre 14 y 15 años, en los que hacían alusión a actos de violación, tortura y hasta secuestro. 

“Les levantaban la pollera, les sacaban fotos desde abajo cuando estaban paradas y pasaban las fotos en los grupos. Las manoseaban: era un acoso constante. Mi hija no quería ir más al colegio”, afirmó a medios locales la madre de una de las jóvenes. “Nuestras hijas presentaron una nota en el colegio contando lo que sufren desde principio de año y se nos informó en el grupo de WhatsApp de padres. Ahí hablamos con ellas y nos mostraron los chats de las cosas horribles que decían los alumnos”, dijo otra. Luego de hablar con las adolescentes, la madre de una de las víctimas decidió radicar una denuncia en la Policía de Misiones.

La intervención de la justicia

Tras la relevancia que adquirió el caso en los medios locales y nacionales, el juez Cesar Raúl Jiménez, titular del Juzgado Correccional y de Menores 2 de Posadas, actuó de oficio y se presentó en la escuela para hablar con las víctimas y mantener un encuentro con el rector de la institución, el sacerdote Juan Rajimón. 

“Nos reunimos con todas las niñas que integran el 2do año. Se sienten vulneradas en sus derechos y escuchamos sus reclamos”, señaló a la prensa local. En ese sentido, dijo que es necesario "instalar la ESI como una alternativa frente a este tema, porque si no estamos parchando, resolvemos esta situación, pero al año que pasa lo mismo, y ese es el interés puntual que tenemos”.

Por su parte, la fiscal Correccional y de Menores 1, María Laura Álvarez, le pidió al magistrado que los seis alumnos acusados por el presunto delito de distribución de material con contenido sexual finalicen el ciclo lectivo de forma online, que el colegio no les renueve la matrícula y que se les aplique una prohibición de acercamiento hacia las víctimas.

“La sola presencia de los menores en el aula implica un hecho violento, es someter a las víctimas a sus acosados y abusadores. Teniendo en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño; la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y las Reglas de Beijing se hace necesario que los mismos continúen con su año escolar, garantizando así su derecho a la educación”, argumentó Álvarez.

La fiscal solicitó, además, que se haga una pericia a los teléfonos móviles de los acusados y que se les realice a los alumnos un seguimiento psicológico del Gabinete Psicológico. 

Qué dijo la escuela

Luego del escándalo que representó la denuncia para la institución, ya que durante la sentada las alumnas afirmaron que ellas habían puesto al tanto a las autoridades sobre las situaciones de abuso sin obtener respuesta alguna, el rector del colegio brindó una conferencia de prensa, donde afirmó que los alumnos que fueron denunciados por sus compañeras “reconocieron la situación”. 

“Desconozco la situación de cómo está el aula hoy, pero el colegio tomó conocimiento e inmediatamente comenzó a actuar. Cuando surge esta situación hay un equipo que se encarga de actuar y desconozco en qué etapa están”, dijo sobre la respuesta que habría ofrecido la institución.

“Hablamos con los padres y se conversó, cuando surgió la sentada se habló con las chicas. Hay una denuncia legal y actuaremos acorde a lo que el juez disponga. En cuanto a la organización del aula, tenemos 12 docentes y tenemos que reorganizar todo el horario”, añadió el sacerdote. 

Respecto a las medidas que se van a tomar, indicó que “en casos como estos, las medidas disciplinarias son, en principio, el diálogo, la escucha, advertencia verbal, llamado de atención por escrito, amonestaciones y en última instancia la expulsión de la institución”. En este sentido, adelantó que “ya está dispuesta la sanción y será comunicada a los tutores, pero será reservada”.

La importancia de la ESI

La Defensoría de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones coincidió con el juez Cesar Raúl Jiménez que para evitar que se repitan casos como el del Colegio religioso Roque González es necesaria la correcta implementación de la ESI.

“La situación actual demanda que los adultos seamos capaces de escuchar y estar a la altura de las circunstancias brindando escucha empática, protección, e información a cada adolescente de nuestra provincia para visibilizar hechos de violencia y abuso que hombres y también mujeres formadas en un sistema patriarcal continúan naturalizando, justificando y minimizándolas” manifestó el organismo en un comunicado.

“Cuando se naturaliza el silencio, se naturaliza el abuso”, advirtió en ese sentido. Por ello, "esta Defensoría exhorta a cumplir con la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en cada establecimiento educativo de la provincia que avance en la desnaturalización y deconstrucción de estas prácticas, reconociendo los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en el caso en particular, reconozca su voz, proteja su integridad y promueva una cultura de respeto, equidad y diversidad”, concluyó.

El director ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), Luis Bogado, quien también resaltó la importancia de implementar la ESI, informó que un equipo multidisciplinario se presentó en el establecimiento para acompañar a las víctimas. 

El SPEPM, además, le solicitó al colegio que informe cuáles fueron las medidas que se implementaron hasta el momento. “Cuando suceden estas situaciones se plantea la necesidad de generar procesos de manera sistemática para lograr la protección de los derechos de los estudiantes, y una intervención eficaz en este tipo de sucesos, fundamentalmente en la confidencialidad de los hechos”, subrayó el funcionario

“El escenario va cambiando permanentemente, y esto exige generar nuevas instancias de aprendizaje y acompañamiento. En esto es clave la familia. El equipo está para acompañarlas, no solo a las familias de las víctimas sino también de los chicos tildados como agresores. Queremos llegar al cese de todo tipo de agresiones”, concluyó.