En el marco de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), el Gobierno argentino firmó un compromiso para frenar y revertir la deforestación de bosques nativos y degradación del suelo junto con líderes y representantes de más de 100 países.
La firma del acuerdo, que tiene como fecha límite para su cumplimiento el 2030, se anunció como uno de los logros concretos de la Cumbre.
En su intervención en el plenario de la COP26, el presidente Alberto Fernández había anticipado que tomaría "medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental" y anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos.
El jefe de Estado calificó estos compromisos como "tangibles" y "concretos", y aseguró que ratifican el compromiso de la Argentina en la lucha mundial contra el cambio climático.
La deuda pendiente
La Argentina tiene una deuda pendiente con el cumplimiento de la Ley de Bosques, vigentes desde 2008. Un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reflejó que entre 1998 y 2018, se deforestaron 6,5 millones de hectáreas de bosque nativo para favorecer el avance de la frontera agropecuaria.
El informe elaborado por la Dirección de Bosques --“Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”-- precisa que el 87% del bosque nativo perdido correspondió a la región Chaqueña y el 43% ocurrió durante la vigencia de la actual Ley de Bosques.
En ese sentido, a principio de año, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, convocó a sus pares provinciales en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) a "trabajar sobre la mejora de la Ley de Bosques" y sentenció: "Si seguimos con esta tasa de deforestación en 70 años nos quedaremos sin bosques nativos".
En ese encuetro del Cofeca, Cabandié precisó que, en 2020, 100 mil hectáreas habían sido deforestadas y otras 300 mil se habían perdido en los incendios record que se registraron en todo el país, con epicentro en Córdoba y el Delta del Paraná.
Experiencia del pacto de Bosques de 2014
Hace siete años, más de 30 países firmaron la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, que tenía como objetivo poner fin a la tala indiscriminada para el mismo año: 2030.
Sin embargo, hasta 2019, solo se habían restaurado 27 millones de hectáreas de las 2.000 acordadas. Menos de una quinta parte del objetivo que la declaración había establecido para 2020, según publicó la revista The Scientist.
De la iniciativa impulsada por Naciones Unidas participaron Estados, empresas y actores de la sociedad civil con el objetivo de reducir a la mitad la pérdida anual de bosques naturales para 2020 y alcanzar la deforestación cero en 2030.
Alcanzar estas metas, suponía reducir las emisiones de carbono entre 4.500 y 8.800 millones de toneladas anuales, lo que equivale a eliminar las emisiones actuales de Estados Unidos, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Desde 2014 y durante cinco años, hasta el mismo año en que la pandemia de coronavirus irrumpió en el mundo, el área de bosque destruida anualmente empeoró dramáticamente, aumentando más del 40% a nivel global.
El pacto incluía algunos de los principales países boscosos, como Indonesia y los Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Perú y República Dominicana; también la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Filipinas y Vietnam; y de África, Kenia, República del Congo y Etiopía, entre otros.
Sin embargo, no figuraron Rusia, India, China, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, ni gobiernos nacionales de países del sur de Europa o Brasil, pese a que sí firmaron algunas administraciones regionales de Brasil, como los de Acre, Amapa y Amazonas.
Para algunos especialistas, la ausencia de las economías emergentes BRICS, sobre todo del gigante sudamericano, fue lo que marcó uno de los mayores puntos de debilidad del acuerdo.
