En el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de la ciudad de Salta comienza hoy el juicio oral a siete personas acusadas de integrar una de las más poderosas organizaciones narcocriminales en la zona de la frontera con Bolivia.
El principal acusado es Delfín Reynaldo Castedo, que será juzgado como jefe de la asociación ilícita en concurso real con falsificación y uso de documento público falsificado. Su hermano Raúl Amadeo "Hula" Castedo será juzgado en calidad de miembro de la asociación ilícita. Y su esposa, Mabel del Carmen Araujo, será juzgada como miembro de la asociación ilegal y por lavado de activos de origen delictivo.
Otros tres imputados son también parientes, Alberto Yudi, Mario Alberto Yudi, Luis Yudi, a quienes se les atribuyen los delitos de asociación ilícita en calidad de miembros en concurso real con encubrimiento calificado de lavados de activos de origen delictivo.
El séptimo imputado, Eduardo "Pinto" Torino, fue investigado en un expediente separado que luego se acumuló al principal por entender el Tribunal que entre ambas causas hay "una profusa comunidad probatoria, en los que se citan pruebas de causas conexas derivadas de la investigación de la causa principal". A Torino se lo juzgará como integrante de la asociación ilícita y se le atribuye haber actuado como testaferro de Castedo.
Por la cantidad de imputados y los hechos que se investigan, este proceso reunió cerca de 70 cuerpos, y se prevé escuchar a unos 200 testigos, entre ellos parientes de la pequeña productora rural y comerciante Liliana Ledesma, cuyo asesinato, el 21 de septiembre de 2006 en Salvador Mazza, habría sido ordenado por los hermanos Castedo. La causa por este hecho está radicada en la justicia provincial, que hasta ahora viene demorando reiteradamente la realización del debate oral.
Desde ese crimen los hermanos Castedo estuvieron prófugos. Raúl fue detenido poco después en Bolivia, donde cumplió una condena por narcotráfico y recién a principios de 2016 pudo ser extraditado a la Argentina, a instancias de los fiscales federales. Y en julio de ese año, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, fue detenido Delfín Castedo.
Una vez en Salta, los hermanos fueron imputados tanto en la justicia provincial, por el crimen de Ledesma, como por la Justicia Federal, por infracción a la ley 23737, Regimen Legal de Estupefacientes, y quedaron detenidos, condición en la que esperan el juicio. Si bien al principio estuvieron alojados en el Complejo Penitenciario Federal del NOA, con asiento en la ciudad de General Güemes, a 60 kilómetros de la ciudad de Salta, en noviembre de 2019 fueron trasladados a la cárcel federal de Ezeiza, luego de que se descubriera que preparaban un plan de escape.
Un homicidio vinculado
La tarde del 21 de septiembre de 2006 María Gabriela Aparicio, hermana del entonces diputado provincial Ernesto Aparicio (fallecido), llevó con engaños a Liliana Ledesma hasta la pasarela del barrio Las Rosas, donde Aníbal Ceferino Tárraga, Lino Abdemar Moreno y Casimiro "Nene" Torres le dieron muerte a cuchilladas.
Ledesma había advertido que su vida corría peligro. Junto con la Asociación de Pequeños Productores Ganaderos de Madrejones venía denunciando que Ernesto Aparicio, quien aparecía como dueño de la finca El Pajeal, había cerrado caminos vecinales para realizar actividades de contrabando, de mercadería legal y de la otra. El cerramiento perjudicaba a los productores porque para llegar a sus puestos tenían que pasar por ese camino. Ledesma vinculaba a Aparicio con los hermanos Castedo, y señalaba a los tres por narcotráfico.
Luego, en la investigación de su homicidio, se supo que la Justicia Federal venía investigando a los hermanos. Precisamente, en las escuchas telefónicas ordenadas en esta causa, se supo que los Castedo habían ordenado el asesinato de Ledesma. A pesar de la vinculación entre este crimen y el narcotráfico, la causa por el asesinato quedó radicada en la Justicia de Salta, que en 2010 condenó a los autores materiales y a otras dos personas, por encubrimiento.
En la investigación también quedó claro que los Castedo tenían un estrecho vínculo con Ernesto Aparicio, aunque se demostró que quien manejaba El Pajeal era Delfín Castedo, que también poseía la finca El Aybal. Ambas completan unas 28 mil hectáreas en una zona estratégica lindante con Bolivia. Además, del otro lado de la frontera, otra hermana de los Castedo, Roxana, es propietaria de 30 mil hectáreas vecinas, con lo que podían atravesar la frontera sin ningún control.
Por eso las dos fincas de Castedo fueron embargadas y entregadas para su explotación a la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En la investigación se determinó que la finca El Pajeal, de unas 8 mil hectáreas, estuvo a nombre de Octaviano Barroso, José Carlos Aparicio, María Andrea Aparicio y Ernesto Aparicio y que su administración durante años fue llevada a cabo por Delfín Castedo.
La finca El Aybal, con una superficie de 19.954 hectáreas, estuvo a nombre de Mario Alberto Yudi, quien figura como adquirente en 2003 y que en 2005 la vendió a Delfín Castedo, que a su vez el 12 de octubre de 2006 la transfirió a Eduardo Torino, en calidad de gestor de la firma Anzere SA, una sociedad off shore con sede en Uruguay.
Redes narcocriminales
En diciembre de 2013 el ex juez federal Raúl Reynoso, que se desempeñaba en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, fraguó un acta para hacer constar que Delfín Castedo había asistido a una indagatoria, y lo eximió de prisión. Reynoso fue condenado por estas prácticas.
Por otro lado, el clan Castedo no se agota en los hermanos ahora sometidos a juicio. En enero de 2018, otro hermano, Roberto César Castedo, fue detenido en Hipólito Yrigoyen (departamento Orán) cuando transportaba casi 100 kilos de cocaína. Y otro hermano, Rafael Castedo, fue imputado por asociación ilícita.
En enero de 2019 la policía boliviana detuvo en la ciudad de Yacuiba a Mario Morfulis Herrera, sindicado como uno de los más grandes narcotraficantes de droga al país. Morfulis Herrera es el marido de Roxana Castedo, la hermana que tiene la finca en Bolivia.
