La Cámara de Diputados de Salta dio sanción a la modificación de la ley 7888, que regula la protección a las víctimas de violencia de género, por lo que ahora los jueces tendrán una herramienta para fijarle la consigna policial al victimario y no a la mujer agredida.

Esta iniciativa, tal como explicó la diputada Silvia Varg, llegó desde el Senado con modificaciones respecto al primer proyecto que envió Diputados, “y por la necesidad de tener esta ley en vigencia rápidamente, vamos a votarla tal como viene”.

La diputada justificó esta afirmación en el reciente caso de una mujer que denunció al policía que tenía de consigna por abusar de ella. Previamente ya había hecho un repaso de cada uno de los 13 femicidios cometidos en Salta en este 2021.

Si bien la mayoría de los oradores fueron manifestando su apoyo al proyecto, hubo dos discursos que encendieron la polémica. El primero fue de Andrés Suriani, que consideró que Salta no tiene buenas leyes de prevención de la violencia de género porque siguen matando a las mujeres, pero que en realidad el problema es considerar que “la violencia tiene género”.

Inmediatamente comenzó a disparar una serie de afirmaciones tales como que en los casos donde se denuncia violencia de género no existe la presunción de inocencia, “sino que el hombre denunciado desde el primer momento debe demostrar que no es culpable”.

Después señaló que el "feminismo radicalizado" generó una oposición entre hombres y mujeres enfrentándolos, y enseguida aseguró, aunque sin citar su fuente, que “el 30 por ciento de las denuncias de casos de violencia son falsas y no hay ningún tipo de castigo sobre esas mujeres que mienten”.

Luego tomó la palabra Gustavo Orozco, que con un tono paternalista dijo que “veía buenas intenciones en el proyecto”, pero que tenía muchas falencias, y sobre el final de su alocución prácticamente lo desestimó como una opción efectiva.

“Cuando un policía va a cuidar una víctima antes arregla como será, a qué lugares le permite el acceso, y principalmente, como la víctima está en peligro no se va a escapar. Ahora, por el contrario, un hombre no va aceptar que lo vigilen, obviamente no va a dejar que entre la consigna a su casa y hasta se puede escapar por el fondo, incrementando el peligro para la mujer”, señaló Orozco.

Luego de subestimar este proyecto, el ex policía aseguró que se necesitan medidas de fondo para este tema, y citó un proyecto de su autoría en el que establecía plazos a jueces y fiscales para resolver casos de violencia de género.

“Un fiscal en cinco días ya está en condiciones de elevar a juicio, y el juez en 15 días puede ya estar dictando sentencia”, con esa celeridad afirmó que se liberarían unos 3600 agentes que se encuentran afectados a una consigna, “que en algunos casos tienen más de seis años de vigencia”. Y al momento de especular por qué los jueces no fallan rápido, concluyó que es para no llenar las cárceles.

Estas dos alocuciones provocaron la reacción de Santiago Godoy, quien arrancó diciendo que “hace mucho no escuchaba tantas operías”.

Principalmente apuntó contra la afirmación de Suriani, y expresó que "no creo que haya un 30 por ciento de las mujeres que mientan, eso solamente se le puede ocurrir a una mente que no es ni solidaria, porque están diciendo que las vacunas se están venciendo, piden que se vayan a vacunar, y nosotros tenemos que compartir el recinto con este diputado que no se quiere vacunar”.

Pero advirtió que si bien apoyaría la ley porque sirve para visibilizar la violencia de género, en su efecto práctico los jueces ya están autorizados a dictar la medida de cargar la consigna al victimario. “El nuevo giro debiera ser como en España, que inmediatamente se lo detiene al agresor y luego se lo evalúa con un gabinete psicológico”.

La diputada Valeria Fernández también se sumó a la discusión y consideró que plantear al feminismo como la causa de una nueva guerra “es cuanto menos aberrante”.

El proyecto finalmente fue aprobado por unanimidad, y pasó al Ejecutivo para su promulgación.

Trombofilia

También obtuvo media sanción el proyecto que apunta a declarar de interés prioritario del Estado Provincial la protección integral psicofísica de las personas portadoras de Trombofilia en todas sus formas ya sea hereditarias o adquiridas, permanentes o transitorias.

La trombofilia es un trastorno en la sangre que en la mayoría de los casos deriva en la pérdida del embarazo. Por eso entre los objetivos de la eventual ley se establece: promover la detección precoz, el control y el tratamiento, resguardar el derecho de la pareja a formar una familia y prevenir el daño psicofísico causado por la pérdida del embarazo.

Godoy, autor de uno de los proyectos acumulados, describió que es la segunda vez que lo presenta, ya que el anterior que obtuvo la media sanción en el 2017 , “terminó perdido en los pasillos del Senado”.

También aclaró que con el proyecto no significa que se vaya a hacer un análisis a cada mujer en edad de gestar, sino que se las acompañará con el tratamiento y los medicamentos a aquellas que presenten antecedentes o tengan factores de riesgo hereditarios que den indicios de que puedan sufrir trombofilia. Por eso consideró que no le va a representar “un gasto grande al Estado”.

El otro proyecto acumulado con el de Godoy, es de Laura Cartuccia. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.