Con más de 700 exposiciones en contra del proyecto, continúa en la Legislatura porteña la audiencia pública por el barrio de torres de lujo que el Grupo IRSA busca construir en Costanera Sur en convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya en la recta final de la audiencia, que terminará la próxima semana, en la jornada de este miércoles los especialistas centraron sus exposiciones en la profundización de la crisis habitacional y ambiental que generaría el nuevo barrio en las 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. En paralelo al desarrollo de la audiencia, este jueves el Frente de Todos y organizaciones socioambientales porteñas presentarán más de 50 mil firmas en apoyo a la creación de un parque público en Costa Salguero.
Con el cierre de la desimosegunda jornada de la audiencia pública ya son 717 los rechazos ciudadanos al "Convenio Urbanístico" firmado entre el Grupo IRSA y el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta. Al proyecto, que ya fue aprobado en primera lectura por el oficialismo porteño en la Legislatura, solo lo apoyaron once expositores desde que la audiencia comenzó el pasado 15 de octubre. Este miércoles, fueron 49 los rechazos y solo tres los apoyos. A la audiencia le quedan dos jornadas, el viernes y el lunes, aunque se prevé utilizar el martes para que puedan exponer los inscriptos que no pudieron hacerlo en sus turnos asignados.
“Falta un proceso de planificación participativa en el que se enmarque este convenio, ya que afecta a una pieza muy significativa para la ciudad. La aprobación expeditiva es un escándalo, la creación de un nuevo barrio sobre la costa es de altísimo impacto”, señaló durante su exposición el arquitecto y planificador urbano Francisco Ortiz. "¿Es realmente nuestra prioridad permitir desarrollos urbanos destinados a niveles altos, que en general terminan siendo esencialmente unidades de especulación que quedan vacíos?", se preguntó el arquitecto, quien agregó que "este proyecto no ayuda a resolver la crisis habitacional y ambiental que tiene la ciudad".
"¿A qué necesidades atiende este proyecto? Venimos relevando demandas ciudadanas a través de organizaciones comunales y ninguna de ellas ha expresado que se necesite la urbanización del predio", sostuvo a su turno Jorge Blanco, magister en Políticas Ambientales y Territoriales, director del Instituto de Geografía de la UBA y del proyecto de investigación "Desigualdad social y acceso a derechos en la Comuna 4", comuna en la que se encuentra el predio en cuestión, y que tiene el déficit habitacional más alto de la Ciudad. "Los impulsos que están por detrás remiten a algunos de los principales problemas urbanos contemporáneos: la especulación inmobiliaria, el urbanismo empresarial y la gentrificación, todos procesos que dan por resultado una ciudad más desigual", añadió.
Además, Blanco respondió al principal argumento esgrimido por los funcionarios del GCBA para defender el proyecto: la supuesta recuperación de tierras privadas "abandonadas". "Desde el punto de vista ambiental no se trata de un terreno abandonado, presta servicios ambientales siendo un eslabón importante en el frente costero. Las funciones ambientales de ese espacio son intransferibles, no las puede cumplir ningún otro lugar de la ciudad", dijo en relación al humedal ribereño, del que destacó su "carácter único y excepcional". "Su estado actual de inaccesibilidad se podría revertir con una buena continuidad del paseo de la costa y con hacerse efectivamente cargo de la costa para el uso público", agregó Blanco.
“La decisión es torres o humedales”, sintetizó a su turno Gabriela Mataloni, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del Conicet. La especialista pidió a los funcionarios del GCBA que "dejen de decir que esta es una ciudad verde, eso es mentira, existe un terrible déficit de espacios verdes y tienen una distribución totalmente desigual. Utilizar este predio para construir torres es profundizar la desigualdad en el acceso a esos espacios", indicó.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de Nina Brugo, abogada e histórica militante feminista -- una de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto --, nombrada Personalidad Destacada en Derechos Humanos por la Legislatura en el año 2012. La abogada fue asesora en el proceso de elaboración de la Constitución porteña de 1996, por lo que utilizó su exposición para mencionar los artículos constitucionales que infringe el proyecto: 8, 10, 18, 26, 27 y 31, enumeró Brugo.
"El 27 dice que la Ciudad promueve la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común", recordó Brugo, que concluyó que "todos estos artículos se refieren a derechos humanos, este proyecto va contra los derechos humanos de la ciudadanía. Va a fomentar más desigualdad, va permitir más Puerto Madero y no más espacios comunes".
