La Justicia provincial ordenó clausurar el basural de Pérez. Luego de varios años de reclamos, finalmente un fallo judicial ordenó la clausura del depósitos de residuos en la ciudad vecina, y le dio así la razón a los vecinos que desde hace años venían luchando contra la contaminación ambiental que provoca ese solar contaminado. Los vecinos reclamaban, fundamentalmente, el cese de los olores nauseabundos y la clausura y remediación de las piletas de depósitos de líquidos cloacales e industriales que, en su momento, había dispuesto la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe pero que, en los hechos, nunca se cumplió.
Las lagunas de depósito de líquidos cloacales e industriales, funcionaron desde el año 1997, bajo el proyecto denominado "Basural Rappetta", y desde su origen los vecinos de Pérez denunciaron "la afectación de su salud, el medio ambiente y el perjuicio de su calidad de vida". Séptima Región -así se llama el predio- funciona desde que su dueño, Rubén Rapetta, dispuso el uso de un inmueble ubicado a cuatro kilómetros de la ciudad, fuera del ejido urbano, para el nacimiento de "un mal llamado relleno sanitario" según sus vecinos. Ocupa un predio de 2,5 hectáreas al cual se accede por un solo camino. En la actualidad, el basural se encuentra dentro de la cuenca del arroyo Ludueña y recibe desperdicios de más de una localidad de la región, no sólo de Pérez. Con el correr de los años, su funcionamiento se dividió en dos partes: el basural a cielo abierto y un conjunto de piletas de estabilización, donde se llegaron a recibir hasta 2.500 toneladas de líquidos cloacales e industriales. En 2010 la recepción de líquidos comenzó a causar "inconvenientes mayores" a los vecinos de Pérez, Zavalla, Funes y parte de Rosario, por donde se dispersaron olores nauseabundos.
"En 2010, con el pueblo en la calle para repudiar el accionar de la empresa y la connivencia del gobierno local de turno, los vecinos lograron que se dictaran ordenanzas municipales sobre la regulación del transporte de residuos, la prohibición de recepción, tratamiento y disposición final de líquidos y residuos industriales, y su posterior clausura", señaló el abogado Federico Jolly, patrocinante de la causa.
Ante la clausura, se resolvió en diciembre de 2010 que Séptima Región no podía seguir operando en la actividad, e intimó a la misma a la presentación de un plan de cierre y remediación de las lagunas, minimizando la generación de olores. Los dueños del basural demandaron la anulación de las ordenanzas y las resoluciones de Medio Ambiente.
Merced a la intervención de la ONG Ojo Ciudadano, quienes fueron autorizados a intervenir en el juicio, bajo la representación de los abogados Jolly, Nicolás Mayoraz, Gilda Smerilli y María Bernardita Iturraspe, y luego de cinco años de proceso judicial, la Cámara Contencioso Administrativa de Rosario les dio la razón y rechazó el reclamo del Basural. De quedar firme la sentencia, los vecinos ya piensan en exigir la remediación ambiental y monitorear el cierre de las actividades prohibidas.
