La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia pidieron ser sobreseídos en la causa en la que fueron enviados a juicio por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras a través de las sociedades Hotesur y Los Sauces. El planteo se realiza a partir de la incorporación de una nueva pericia que demuestra que todos los alquileres siempre fueron “en blanco” y bancarizados, de manera que no se podría acusar por lavado en un caso en que el dinero nunca estuvo en negro, sino siempre en blanco. "Resulta imprescindible, de una vez por todas, dictar una resolución que ponga fin a estas actuaciones, que ya llevan varios años de trámite", sostuvieron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en un escrito de 65 carillas presentado al Tribunal Oral Federal 5.
El texto pone el acento en dos cuestiones básicas de ese expediente:
* No existe lavado de dinero, tal como surge de las pericias, una nueva y una anterior.
*El lavado de dinero consiste en “blanquear” dinero de un delito anterior, pero tales delitos ya fueron sobreseídos en otras causas.
El escrito fue presentado al Tribunal Oral Federal 5, que prepara sin fecha de inicio aún el juicio en ambas causas unificadas, en las que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero con alquileres de hoteles y propiedades de la familia Kirchner. En algún momento se habló de la ocupación de las habitaciones en el Hotel Alta Patagonia, por ejemplo, pero los Kirchner no alquilaban habitaciones ni gestionaban el hotel, sino que se dedicaron a alquilar la propiedad en su conjunto. También se cuestionó el contrato para alojar en ese hotel de El Calafate a las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas: ese contrato fue muy anterior a que los Kirchner compraran el hotel y fue tambien anterior a que Aerolíneas pasara a manos del estado. En el escrito, los abogados pidieron los sobreseimientos de la expresidenta y actual Vicepresidenta de la Nación, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y de los también imputados Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia.
Los abogados de los Kirchner se asientan, tácitamente, en lo ocurrido en tres expedientes recientes: dólar-futuro, Qunita y Memorándum de Entendimiento con Irán. En los tres, los tribunales orales o la Cámara de Casación decidieron sobreseer a todos los imputados por inexistencia de delito. La base fueron las pericias o elementos recientemente incorporados a los expedientes. Por lo tanto, son juicios que no se harán.
Hay aspectos técnicos que Beraldi y Llernovoy mencionan de forma reiterada en el texto. Por ejemplo, que en la hipótesis de la acusación el dinero provino de la construcción de rutas por parte de Lázaro Báez. Los letrados dicen que las causas por esas rutas --enuncian una por una-- fueron sobreseídas, aunque después hubo una nueva denuncia y por ello hay otro juicio ahora en Comodoro Py. Lo que rige, para la defensa de los Kirchner, es el sobreseimiento anterior. También la acusación plantea que el dinero de los alquileres provenía de la adjudicación de contratos de juego o de zonas petroleras al Grupo Indalo. Ambas cosas fueron sobreseídas y el sobreseimiento no sólo esta firme sino que fue consentido por fiscales como Gerardo Pollicita o Carlos Stornelli, nada afectos al kirchnerismo. En conclusión, que no hubo delito precedente.
Finalmente, el escrito igualmente plantea que ni Máximo ni Florencia pueden tener responsabilidad. Ambos accedieron a los bienes de los Kirchner por herencia o por la cesión de su parte que les hizo Cristina. Esa cesión también fue objetada en la justicia y terminó en sobreseimiento. Florencia tenía 12 años cuando se creó la sociedad Los Sauces y siempre fue menor de edad en los momentos en que ocurrieron los hechos. Máximo no firmó ni participó en ninguno de aquellos alquileres.
"Resulta imposible considerar que pueda llevarse a cabo un juicio oral en tales condiciones, que fulminan toda posibilidad de ejercer, con una mínima suficiencia, el derecho de defensa en juicio", consideraron los defensores.
Los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg giraron el planteo a todas las partes y, una vez que se pronuncien, los magistrados estarán en condiciones de resolver. Como en todas las causas de Comodoro Py, en ésta se perpetraron maniobras increíbles. Primero, el juez Claudio Bonadio fue expulsado del expediente Hotesur porque privaba a las defensas hasta de los derechos más elementales como ver la causa y sacarle copias. Hubo casos en que ni siquiera notificaba de la convocatoria de testigos y la medida se tomaba sin la presencia de la defensa. Sin embargo, una vez apartado, el propio Bonadio armó después una causa colectora, Los Sauces, en que se investigaban algunos de los alquileres que ya estaban en Hotesur. Luego, Comodoro Py unificó los dos expedientes y se los dió a Bonadio que, por supuesto, procesó a CFK, Máximo y Florencia. Lo insólito es que al final Bonadio se declaró incompetente. Todas las denuncias, incluso el armado de la causa colectora, se hicieron de la mano de legisladores de Juntos por el Cambio, en especial de la Coalición Cívica. Y la base siempre fueron copias de publicaciones en los medios.