Un monte que había empezado a reconstituirse tras el paso de las topadoras hace unos ocho años volvió a ser desmontado. Así lo informaron autoridades de la comunidad El Arenal, a integrantes de la organización ambientalista Greenpeace. El Arenal, integrante del Pueblo Wichí, está ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de General Ballivián, en el departamento San Martín, en el norte de la provincia.
El coordinador de Bosques de Greenpeace en Argentina, Hernán Giardini, contó a Salta/12 que se dieron con esta novedad hace dos semanas, en un recorrido que realizaron por algunas zonas del Chaco salteño. Las autoridades de la comunidad de Corralito les pidieron ver a las de El Arenal, pues esta comunidad no tiene conectividad alguna en la zona en la que vive y precisaban dar a conocer la situación.
La jurisdicción de Ballivián es una de las regiones que quedó devastada por los desmontes. Es una zona en donde las denuncias más conocidas por la deforestación fueron sobre Alejandro Braun Peña (integrante de las empresas del grupo Macri y primo del ex jefe de Gabinete, Marcos Peña), y Gastón Larrán, por desmontar en zonas que debían ser protegidas, dado que en el mapa de Ordentamiento Territorial de Bosques Nativos estaban en color amarillo (que indica que las topadoras no pueden pasar por el lugar). Pero los procesos de recategorización encarados por el gobierno de Salta, entonces en la gestión de Juan Manuel Urtubey (volver lo conservable a desmontable a través de un decreto), permitieron este desmonte en 2014.
“La comunidad nos contó que venían utilizando para su subsistencia al bosque que se empezaba a recuperar rápidamente. Contaron que la vegetación superaba la cabeza de un adulto. Y esto fue posible por la existencia de algunas cortinas forestales y superficies boscosas cercanas”, explicó el ambientalista, al indicar que esta contención permitió la rápida regeneración boscosa.
La vegetación logró crecer porque al parecer “estuvo sin ser expuesta a agrotóxicos”. Pero hace un mes llegaron topadoristas para desmontar el bosque. “La gente los paró. Pero el tipo les dijo que cualquier cosa iban a hacer los trabajos de noche”. Y finalmente lo hicieron.
La comunidad denunciante está a unos 3 kilómetros del lugar en donde se realizaron los desmontes. “No pudimos reconocer de cuál empresario es, ni si tenían permiso para hacerlo", indicó Giardini. El problema es la falta de monitoreo y una mirada específica en las imágenes satelitales sobre los bosques que pueden llegar a recuperarse para que no vuelvan a ser dañados. Mientras, “la comunidad no sabe qué hacer porque es lo último que les queda” para poder subsistir.
En la zona también vieron a una familia campesina que vive en el puesto La Oveja, “que también están arrinconados por los desmontes y están rodeados de grandes productores”.
Desmontar por desmontar nomás
Giardini hizo algunas reflexiones respecto de una zona que se desmontó dos veces en ocho años. “Me parece que si ese desmonte fue 'legal’ claramente se hizo de manera especulativa porque no produjeron nada”. Por el contrario, si la acción fue sin autorización alguna tendría que haber existido una sanción y, en el marco de “la Ley de Bosques”, la obligatoriedad de recuperar el monte.
Y volvió a reclamar que el desmonte sea calificado como un delito penal. Recordó que justamente el martes último el gobierno de Alberto Fernández firmó un compromiso para frenar y revertir la deforestación junto a líderes y representantes de más de 100 países, en el marco de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolla en Glasgow, en el Reino Unido.
En su discurso, Fernández dijo que se tomarán “medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental” y que eso se realizará a través del envío de un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Hace un mes, el diputado nacional salteño Lucas Godoy presentó un proyecto de ley que propone la inclusión en el Código Penal del “delito de desmonte”, con fuertes penas de prisión para quienes realicen esa actividad sin autorización.
“Es clave lo del delito penal. Porque está visto que cualquier otra medida no estaría funcionando”, consideró Giardini.
