En un operativo de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de la provincia, coordinado por la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, a cargo de Marcos Romero, se rescató a 41 personas, entre las que se encontraba un menor de edad, que realizaban tareas de desmonte y eran víctimas de explotación laboral en una finca denominada La Banderita ubicada a 8 kilómetros de Tartagal.

Un grupo de 22 personas procedentes de la localidad de General Pinedo, en la provincia del Chaco, fue la que logró dar el alerta al número 145, de atención para solicitar asistencia y denunciar ante casos de trata de personas. Y de allí se armó un operativo conjunto entre seguridad de la provincia, el área de Fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Trabajo de la provincia.

Esos trabajadores habían sido abandonados horas antes a la vera de la ruta nacional 34 por sus mismos contratistas, luego de los reclamos que venían realizando y que entre otras cosas causaron otro tipo de represalias como que habían dejado de proveerles alimentos, “estuvieron sin comer durante tres días”, dijo a Salta/12 Laura López Ahanduni, responsable de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el delito de Trata de la provincia, que actuó junto a la Secretaría de Desarrollo Social de Tartagal, en la contención y resguardo de las víctimas.

Pero al ingresar a la finca denunciada, se encontraron con un campamento con 19 personas más, esta vez pertenecientes a las comunidades de los pueblos Wichí y Chorote de Misión La Paz, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, que estaban viviendo y trabajando aún en peores condiciones que los denunciantes.

López Ahanduni relató que su oficina fue notificada a través de la Fiscalía Federal descentralizada para realizar la asistencia de los 22 trabajadores rurales chaqueños, todos varones, entre ellos un adolescente de 17 años, que se encontraban varados y sin un lugar donde pernoctar ni posibilidades económicas de retornar a su lugar de origen.

Todos habían llegado a Salta entre el 18 y el 19 de octubre a partir de ofrecimientos para realizar labores de desmonte y despalado en la finca La Banderita, ubicada a 8 kilómetros de Tartagal. Hasta el momento, dos personas, que serían los contratistas, fueron los identificados por las víctimas y puestos a disposición de la Justicia. “Ellos fueron los que les hicieron la propuesta laboral y los que los trasladaron hasta el lugar”, detalló la responsable de la Oficina de Rescate local.

Pero días más tarde, todas las promesas comenzaron a incumplirse, “se encontraban en condiciones infrahumanas y sin ningún derecho laboral”. Entre otras cosas, detectaron que dormían a la intemperie, sin baños, y que poco a poco fue escaseando la comida, “sobre todo cuando ellos se comenzaron a quejar por los incumplimientos”. Pero tampoco les pagaban los jornales prometidos como correspondía, “y al final nunca les pagaron”, agregó López Ahanduni.

La funcionaria resaltó la importancia que tiene en estos casos conocer los números de denuncia y asistencia: “los habían dejado abandonados en la ruta, lejos de todo y no tenían ni siquiera cómo volver porque la finca está bastante apartada y en un lugar de difícil acceso”.

La primera acción de la Oficina de Rescate fue buscarles asistencia médica, alojamiento y comida a través del municipio de Tartagal, “teníamos que priorizar la salud de todas estas personas”. Y luego de declarar el martes por la mañana, esa tarde partieron rumbo al Chaco en un colectivo contratado por el gobierno de Salta. En su provincia el área de asistencia local deberá realizar la segunda etapa de asistencia, como incluirlos en programas sociales como el Potenciar Trabajo “y arbitrar todos los medios para su protección”.

Con respecto al segundo campamento que encontraron una vez que ingresaron a la finca La Banderita, la referente de Trata a nivel provincial contó que estaba integrado por 19 personas de comunidades chorote y wichí de Misión La Paz, en el departamento Rivadavia, que estaban en peores condiciones aún pero que naturalizaban su situación. “Estaban sin agua, en chozas de nilón”, y más alejados “bien adentro del monte sin ningún tipo de servicio ni manera de acceder a nada si no es que no aparecían sus patrones a proveerlo”.

En el caso de estas personas, también recibieron acogida desde el municipio de Tartagal y luego se coordino el retorno a sus hogares. Ahora la Fiscalía deberá investigar la culpabilidad de cada uno de los señalados por las víctimas y develar quiénes fueron los autores intelectuales y verdaderos propietarios de la finca y el emprendimiento.

Para realizar denuncias, el número 145 es gratuito y brinda asistencia en todo el país. La Oficina de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el delito de Trata de la provincia funciona en el Polo Integral de las Mujeres (Siria 611), y recibe reclamos siempre manteniendo la identidad reservada de los denunciantes tanto físicamente como a través del número 387-5719316.