Desde Santa Fe

Eran las 15.26, cuando la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados removió de su cargo al director del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain y lo inhabilitó por 10 años para ocupar cargos en el Ministerio Público de la Acusación. “El final cantado”, que anunció el propio protagonista. El 19 de noviembre de 2020, la Legislatura sancionó en un trámite expres de 20 minutos la ley 14.016 anti Sain hecha a su medida, y ayer –un año después- se la aplicaron, también en 20 minutos, para represaliarlo y echarlo de la provincia. Un procedimiento “nulo” y “arbitrario” que violó garantías constitucionales y el derecho de defensa. “Un claro ejemplo de desviación de poder ya que su única finalidad era destituir al funcionario”, denunciaron los dos bloques de legisladores peronistas leales al gobernador Omar Perotti. La diputada Matilde Bruera comparó el proceso a Sain con la Columna de la Infamia –que se levanta en Milán- como monumento a la injusticia en los tiempos de otra pandemia. Bruera contó esa historia del “chivo expiatorio” y sentenció: “Nosotros acá, hemos levantado nuestra propia Columna de la Infamia en la provincia y en la ciudad de Santa Fe, que es la decisión que se votó, absolutamente arbitraria, de destituir e inhabilitar a Sain con todas las irregularidades y violaciones del estado de derecho”.

La sesión comenzó puntual, a las 15. El presidente provisional del Senado Rubén Pirola reemplazó en el estrado a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que no estuvo. El presidente de la comisión de Acuerdos Fabián Bastía –que responde al jefe de su bloque Maximiliano Pullaro- pidió una moción de orden para que se votara el dictamen que proponía destituir a Sain e inhabilitarlo por 10 años en el MPA y después se escucharan los discursos. El despacho ya había sumado la firma número nueve, de la diputada socialista Clara García. Pirola llamó a votar y ahí se definió la trama.

El presidente del bloque de diputados del PJ Leandro Busatto propuso que la asamblea pasara a un cuarto intermedio hasta que se definiera la acción de amparo y medida cautelar que pidió Sain ante el fuero laboral en Rosario. Fue sólo un gesto, porque la moción de Busatto sumó “sólo siete votos”, según las cuentas de Pirola.

Bastía pidió entonces que la votación sea nominal y por Cámara. En el Senado, se aprobó el castigo por 12 a 4. Y en Diputados por 38 a 9. “La sesión conjunta resuelve remover al doctor Sain de su cargo de director del Organismo de Investigaciones e inhabilitarlo para acceder al MPA por diez años”, anunció Pirola. Los cuatro senadores que votaron en contra son del bloque Lealtad (Alcides Calvo, Marcos Castelló, Marcelo Lewandowski y Eduardo Rosconi). Y los nueve diputados, cinco son del Frente de Todos (Busatto, Bruera, Ricardo Olivera, Lucila De Ponti y Cesira Arcando) y cuatro del centro izquierda: Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad), Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura). Entre los peronistas sobresalieron las ausencias de Oscar Martínez y Paola Bravo (por problemas de salud), mientras que su colega Luis Rubeo quedó del lado de los bloques de Armando Traferri, Felipe Michlig, Pullaro y el Frente Progresista que votaron la destitución de Sain.

Los discursos seguían en el recinto, cuando los diputados y senadores del PJ denunciaron que el despido había violado “el debido proceso, la división de poderes y el respeto a las instituciones”. “Es un avance de la Legislatura sobre otro poder, el judicial, que además le ocasionará a la provincia graves perjuicios económicos, ante el derecho que le asiste a cualquier ciudadano de recurrir una decisión, que a todas luces se tomó ignorando la ley”, advirtió.

Aplicarle a Sain la 14.016 es “un claro ejemplo de desviación de poder porque su única finalidad era removerlo del cargo” y “desvirtúa la labor legislativa al utilizar su potestad constitucional de dictar normas de carácter general sólo para afectar a una persona”.

Aún en la hipótesis de que Sain hubiera incurrido en una supuesta “actividad política –que es la acusación que le hicieron- por publicar algunos tuits, de ningún modo pueden aplicarle la máxima sanción”, que es destituirlo e inhabilitarlo por diez años. “La falta de razonabilidad de la pena es evidente”, dijo el PJ. El pronunciamiento lo firman diez legisladores, los que votaron en contra de la remoción, más los senadores Ricardo Kaufmann y Cristina Berra, que -si participaron a distancia- no sumaron en las “cuentas de Pirola”.

La diputada Bruera dijo que el proceso a Sain era “nulo” y repasó todas las violaciones a sus derechos y garantías constitucionales. “No soy defensora de Sain, ni tengo interés personal en su defensa. Pero mi compromiso con esta causa, la verdad que se los debo a todos ustedes –les dijo a sus colegas-. A todos los que llevaron adelante este proceso arbitrario de persecución política. Estoy segura de lo que digo. Si hay algo definió mi compromiso es que no se pueden tolerar abusos de poder y desconocimiento del estado de derecho como los que vi en toda la persecución a Sain y que hoy vuelvo ver acá”, en este plenario.

Uno de los señalados por Bruera fue el senador Lisandro Enrico, denunciante y acusador de Enrico, quien ayer votó la remoción. Juez y parte. Enrico “amenazó con un juicio político al juez que rechazó el amparo (Fabián Vega), con un decreto (de 12 líneas). Algún impacto tuvo para que lo rechazara in límine y sacarse la causa de encima. Lo reconoció el propio senador porque se disculpó ante el Colegio de Magistrados (Zona Sur) e inmediatamente le faltó el respeto a un ministro de la Corte Suprema (Daniel Erbetta). ¿Y después me hablan de improperios, inconductas e incorrecciones?”. “Este proceso es nulo por las graves violaciones al derecho de defensa”, concluyó.