La Casa Rosada allana el terreno para volver a emitir deuda externa en los mercados internacionales. El Poder Ejecutivo habilitó ayer la cesión de soberanía jurídica en los tribunales de Nueva York y Londres para los próximos 20 mil millones de dólares en bonos que coloque. La autorización publicada en el Boletín Oficial lleva la firma de la vicepresidenta Gabriela Michetti, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo. El masivo proceso de colocación de deuda externa en moneda extranjera emprendido por el Gobierno de Mauricio Macri desde que alcanzó un acuerdo con los fondos buitre no solo incrementa la vulnerabilidad la economía local sino que la expone a las decisiones de cortes extranjeras donde se imponen los intereses de los acreedores.

La lógica del sistema financiero promete que cuando un país periférico quiere captar una mayor cantidad de fondos en el mercado debe resignar soberanía jurídica como garantía para los inversores. La emisión de deuda bajo legislación extranjera tiene su origen en los ochenta y hoy se encuentra institucionalizada: fondos de pensión y grandes inversores solo pueden comprar activos con determinadas condiciones. Así, los países que incluyen esos ítems atraen una mayor demanda y bajan el costo. Pero, si bien las tasas de interés pueden ser menores, la decisión tiene un costo. Frente a un hipotético escenario de crisis de deuda la negociación sería, una vez más, bajo marcos legales que están sesgados a favor de los acreedores internacionales más poderosos. 

Como sucedió a comienzos de año, el decreto 334/2017 dispone que se deben “incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York y/o Londres, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen con cargo al presente decreto”. Los abogados Eduardo Barcesat, Jorge Cholvis y Arístides Corti denunciaron que los recursos hidrocarburíferos, el litio, otros recursos minerales estratégicos y las empresas del Estado quedaron fuera de la protección de inmunidad soberana contemplada en las últimas emisiones de deuda externa.