Integrantes de organizaciones indígenas que desde hace una semana realizan un acampe en el Congreso de la Nación exigiendo la aprobación de la prórroga de la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena y que dispone un relevamiento territorial, catastral y jurídico de esa ocupación, vivieron el martes último momentos de tensión cuando un hombre no identificado ingresó a la carpa insultando y trató de agredirlos. 

“Una acción entendemos direccionada, porque seguramente estamos molestando a determinados sectores, estamos incomodando con lo que estamos haciendo, que no es ni más ni menos que reclamar los derechos legítimos que tenemos como pueblo preexistente y que estamos a la espera de la voluntad de los legisladores de la Cámara de Diputados”, sostuvo Néstor Jerez, cacique del Pueblo Ocloya, cuyo territorio se encuentra en lo que hoy es la provincia de Jujuy.

Referentes de varios pueblos, Kolla, Mapuche, Ocloya, Huarpe, Mbya Guaraní, Tonokote Llutki, Guaraní, Tolombón Nación Diaguita, Diaguita Calchaquí, Tehuelche, Qom, Wichí, Pilagá, entre ellos, participan del acampe desde hace una semana, "comprometidos y preocupados porque está en juego la prórroga de la ley 26160, que es una ley que ordena suspender los desalojos de las comunidades indígenas preexistentes en la República Argentina”, recordó el cacique. 

Jerez contó que la agresión generó preocupación y están “pidiendo a la Justicia, al gobierno de la Ciudad y al gobierno nacional, que garantice la seguridad física y psicológica de todos los hermanos y las hermanas, que estamos acá acampando y vamos a permanecer hasta lograr el objetivo que es la prórroga de la ley de emergencia 26160”.

El vocero dijo que desde que comenzaron esta petición han recibido otras “agresiones verbales, amenazas”, y que a uno de los manifestantes le sacaron un celular. "El objetivo es claro, que no estemos aquí y que nos vayamos, ese es el mensaje”, aseveró. Precisamente, la necesidad de la prórroga de la ley 26160 es por la presión que vienen soportando las comunidades en sus territorios de parte de empresarios y titulares registrales que les disputan tierras. 

La prórroga ya cuenta con media sanción del Senado, que incorporó además un presupuesto de 290 millones de pesos para concluir el relevamiento territorial, paso previo para avanzar en la entrega de los títulos de propiedad. Ahora resta el tratamiento en la Cámara de Diputados, lo que urge porque la norma vence el próximo 23 de noviembre. 

Por eso, las organizaciones que participan del acampe presentaron el 30 de octubre una nota al presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidiéndole el tratamiento de la prórroga “con carácter de urgente”, ya que "nuestros territorios están en constante tensión con situaciones de latente despojo y de violencia extrema ejercida por usurpadores, por la frontera sojera, exploración minera, negocios inmobiliarios y madereros, como así también una justicia que desconoce los derechos internacionales ratificados en el país, aún así jueces que ordenan desalojos, fiscales y auxiliares de justicia que vulneran permanentemente los derechos indígenas sin cumplir la consulta previa, libre e informada”.

También pidieron "la inmediata instrumentación de la ley de propiedad comunitaria indígena de nuestros territorios, reconocida desde 1994, en la Constitución Nacional y en el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación, para evitar el avasallamiento, vulneración de derechos e intentos de despojos sobre nuestros territorios comunitarios”.

Jerez sostuvo que con la ley 26160, que se aprobó por primera vez en 2006 y luego fue prorrogándose, más de 700 comunidades indígenas preexistentes relevadas están listas para recibir la titularización de sus territorios comunitarios.

Las organizaciones también elevaron notas a los presidentes de las comisiones de Legislación General, Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto. En todas piden que la prórroga se apruebe antes de las elecciones generales del 14 de este mes. Pero Jerez dijo que hasta ahora no recibieron respuestas: “Seguramente este fin de semana analizaremos la situación y seguramente estarán llegando más hermanos ante la preocupación del silencio de los legisladores”, adelantó.

Tras la media sanción en el Senado, el pasado 28 de octubre, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, sostuvo que este organismo  “tiene las puertas abiertas y los equipos técnicos disponibles para todos los diputados nacionales que necesiten información para abordar la temática con la mayor cantidad de datos posibles en función de sancionar esta iniciativa tan trascendente”.

Se sabe que el bloque del Frente de Todos comprometió su apoyo a la sanción de la prórroga y aunque el INAI también compartió el pedido de que el tratamiento fuera antes de los comicios del 14 de noviembre, es poco probable que se llegue en esa fecha. 

La petición de los pueblos originarios del país sobre la 25160 recibió el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, que celebró la aprobación por parte del Senado y afirmó que espera que la Cámara de Diputados realice lo propio. "En esta instancia en que el proyecto de ley ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación, aunque aún resta la aprobación de la Cámara de Diputados, contar con el respaldo de la ONU para con esta causa es sumamente significativa y trascendente", resaltó Odarda.

Atropello permanente 

Néstor Jerez subrayó que las comunidades indígenas vienen sufriendo "el atropello permanente". Y específicamente en el caso de su Pueblo, "tenemos diferentes situaciones judicializadas con órdenes de desalojo, hablo de las comunidades Las Capillas, Normenta Pacha, Tiraxi" y otras. 

En algunos casos esos trámites judiciales están elevados a la Corte de Justicia de la Nación,  y “otros (están) en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia Jujuy, donde siempre nos han caratulado de usurpadores y han penalizado la posesión ancestral". 

Y destacó en este sentido que hace poco lograron en esa provincia "el reconocimiento (por parte del Ministerio Público Fiscal de la Acusación) de un protocolo de intervención en las comunidades indígenas en el ámbito penal". De esta manera, "los fiscales tienen la obligación de aplicar este protocolo que no hace ni más ni menos que llevar a la práctica lo que dice el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la ley 26160". Y cuando se trate de una comunidad indígena preexistente los casos solamente se pueden llevar al ámbito penal cuando haya delitos penales como lesiones, pero lo referido a lo territorial, al "tema de posesión se tiene que dirimir en el ámbito civil”.

El cacique hizo un llamado “a la conciencia a los legisladores”. "Sepan que está en juego no solamente la vida de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad" porque "nosotros no somos un problema, sino parte de la solución y que nuestra lucha en defensa del territorio es permanente y el territorio no se negocia porque es parte de nuestra identidad y es nuestra vida”.