Como lo hizo hace una semana la Cámara de Diputados, el Senado sancionó ayer por la tarde una nueva prórroga a la Ley de Emergencia Sociosanitaria en los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán.

Dicha normativa fue aprobada por primera vez a los meses de haber asumido Gustavo Sáenz como gobernador, tras las muertes de varios niños wichí de esa zona de la provincia por desnutrición o deshidratación. Varios diputados habían reclamado que se avance con medidas estructurales y no solo paliativos para garantizar agua y alimentación en las épocas estivales.

El senador Dani Nolasco explicó que la prórroga se debe a la crítica situación que atraviesa el norte de la provincia y que “aún se deben seguir realizando acciones” al menos por 180 días más desde el Estado “para poder garantizar alimentación y obras estructurales”, y brindar servicios vitales como el agua.

Recordó que la pandemia de covid-19 “postergó muchos trabajos y avances”, y que por ello se deben seguir garantizando políticas públicas tendientes a revertir la histórica situación de inequidad y vulnerabilidad, “puntualmente de las comunidades de pueblos originarios de la zona”.

Más tarde, el representante por Rivadavia, Mashur Lapad, también mencionó que la Ley nació en circunstancias muy especiales y que era necesaria su prórroga “aunque esté tranquila la situación hoy en día”, debido a que “hay que seguir tomando todas las precauciones”. Y reconoció que se debe fortalecer todo el sistema de salud de la zona, algo que, dijo, se está logrando a través del financiamiento nacional y provincial.

Puntualizó que en el departamento Rivadavia se está construyendo un Centro de Recuperación Nutricional en Santa Victoria Este para que los niños detectados con problemas alimentarios sean tratados en el mismo lugar y no tengan que trasladarse a otras ciudades como Tartagal, Orán o Salta capital. Y añadió que llegaron grandes partidas para reacondicionar los hospitales y centros de salud en otras localidades del departamento.

Gas argentino

También se sancionó el proyecto que ya tenía la aprobación de la Cámara Baja para que la provincia adhiera al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 892 de diciembre de 2020, que aprueba el Plan de Promoción de la producción del gas natural argentino.

Ese DNU del Ejecutivo Nacional tiene entre sus objetivos “asegurar el abastecimiento del mercado interno de gas natural”. Y para ello busca incorporar nuevas inversiones y reservas, así como la recuperación de la producción para “satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con producción propia y de propender al crecimiento sostenido de las reservas que aseguren dicho objetivo”.

También limita la exportación de hidrocarburos o sus derivados en caso de ser necesario y de acuerdo a un límite previsto en el mismo decreto (70 millones de metros cúbicos por día para los 365 días del año y que pueden ampliarse en época invernal). A través de incentivos busca “viabilizar inversiones inmediatas tendientes al mantenimiento y/o crecimiento de la producción en las cuencas productivas de gas natural del país, protegiendo la cadena de valor de la industria y manteniendo los niveles de empleo”. A la vez que dispone un precio regulado para todo el país, salvo en aquellos casos considerados zonas frías por ley, subsanando algunas inequidades regionales históricas.

El legislador Sergio Ramos detalló que la adhesión tiene por objeto sustituir importaciones con perspectiva federal para garantizar el empleo local: “generará menor dependencia de las importaciones y por lo tanto, menos drenaje de divisas”. “Siempre nos quejamos que los porteños pagan menos gas que los salteños”, manifestó, y detalló que el decreto al que adherían “prevé un precio justo y razonable de acuerdo al abastecimiento de gas que tengamos en el país”.

Luego comentó que también prevé que “el vecino que puede pagar más, que lo haga, y el que tiene menor ingreso también pagará menos”. Y culminó deseando que de esa manera se permita diferenciar el costo del gas natural que sale de regiones como las del NOA “y que de una vez por todas los salteños paguemos menos que los porteños”.

Hay procurador y defensor oficial

Finalmente, el Senado dio el visto bueno a las designaciones de Pedro García Castiella como nuevo Procurador General en lugar de Abel Cornejo, que pasó al Ministerio de Seguridad y Justicia. Mientras que el hasta ahora juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, José Gabriel Chibán, ocupará el lugar de García Castiella en la Defensoría General.

El senador Walter Cruz consideró que ambos tienen la idoneidad suficiente y agradeció a los miembros de la comisión de Acuerdos haberle permitido participar de las entrevistas a los postulantes. Pero señaló que en derecho indígena ambos aceptaron que más allá de haber avanzado en materia legal en el reconocimiento de derechos, aún hay un atraso en cuanto al acceso a la Justicia por parte de esos sectores de la sociedad como son los pueblos originarios. Y pidió que consideren ese aspecto a la hora de cumplir sus nuevas funciones, “que tengan ese conocimiento y reconocimiento de cómo nos van a defender y que nuestras comunidades tengan un real acceso a la Justicia”.

Repudio a Suriani

La senadora por La Caldera, Silvina Abilés, aprovechó el momento de “Homenajes” para celebrar que el pasado martes los diputados se aprestaron a sancionar su proyecto de ley para que las consignas policiales en casos de violencia de género recaigan sobre los agresores y no sobre las víctimas. Y no se olvidó de repudiar los dichos del diputado Andrés Suriani en cuanto a que el 30% de las mujeres que denuncian violencia “mienten”.

Le recordó que la mayoría de las mujeres, antes de denunciar “lo piensan mucho, y pasan por muchas situaciones antes de animarse”, pero a su vez que “aún son muchas las que por vergüenza o miedo no lo hacen”.

D'Auría se defiende

El representante por el departamento Metán, Héctor D'Auría, negó que el audio que está circulando en distintos medios sea actual, y aseguró que nunca incitó a manifestarse o cortar la ruta, aunque luego reconoció que sí lo hizo. Dijo que ese audio de WhatSapp tendría más de un año de realizado, y que se lo envió al intendente José María Issa, en el marco del momento más crítico de esa ciudad, cuando un grupo de trabajadores de cooperativas y trabajadores temporarios reclamaban empleo y habían decidido tomar el municipio.

En ese momento, subrayó el senador, intentó mediar y hacer entrar en razón al jefe comunal sobre la necesidad de sentarse a negociar y que si no, no les quedaría otra alternativa que cortar la ruta. “Pero lo hice con todas la buena voluntad y sin buscar desestabilizar a nadie”, insistió.

Para D'Auría, es llamativo y a la vez sospechoso que surja a la luz esa comunicación justo en un momento en el que viene reclamando públicamente y elevando pedidos de informe al municipio y a varios de sus funcionarios por la falta de asistencia y obras públicas.