La medida pre electoralista y unilateral de Inés Brizuela Y Doria de nombrar a aproximadamente mil empleados precarizados en planta permanente, sin acordar los recursos con el gobierno provincial, se le volvió en contra.
Los empleados de los Programas de Emergencia Laboral (PEM) intentaron ingresar al edificio comunal por la fuerza al no obtener ninguna respuesta sobre sus haberes. En total son 2.500 trabajadores que, al haberse cumplido el mes, reclaman cobrar el sueldo por el cual fueron designados.
La embestida popular fue liderada por el entonces Director de Asuntos Vecinales del municipio, Maximiliano Gutiérrez, quien luego fue separado de su cargo.
Todo indica que, ante la derrota que Juntos por el Cambio sufrió en las PASO riojanas por más de 18 puntos de diferencia, Brizuela Y Doria acudió a una medida proselitista utilizando al Estado sin medir las consecuencias sociales con el fin de achicar la diferencia en las urnas, pues lo hizo 20 días antes de las elecciones de medio término.
El pasado 21 de octubre, intentó desviar la responsabilidad al gobernador Ricardo Quintela movilizando a un grupo de trabajadores en vehículos oficiales de la comuna llevándole un petitorio para que se haga cargo del pago de sueldos. Lo hicieron por la fuerza, con violencia, insultos y cánticos, también entonados por la dirigente radical/ macrista, cuyas imágenes se viralizaron, llegando, incluso, a los medios nacionales afines.
Esos mismos trabajadores volcaron su ira, esta vez, en contra la propia Brizuela Y Doria que, de nuevo, responsabilizó al gobernador riojano de promover la embestida social en su contra, acusándolo de no enviar las fuerzas policiales a detener la manifestación de personas que reclamaban cobrar su sueldo.
Así, pudo verse en las redes y medios a todo el arco macrista solidarizarse con su referente riojana -única responsable de haber tomado una medida oportunista-, creando un conflicto que terminó estallando en sus propias manos. Así, Patricia Bullrich, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y hasta el propio Mauricio Macri se pronunciaron en sus redes atacando, incluso, al propio Alberto Fernández.
En respuestas a las acusaciones por asfixia financiera que enarbola la alcaldesa, fuentes allegadas al gobernador dijeron que “es una decisión que corre por cuenta de la intendenta que ahora pretende que el gobierno provincial abone esos salarios, cosa que no corresponde”, y agregaron que “la gobernación cumple con la ley de coparticipación y que lo que se busca es nacionalizar el conflicto como una jugada electoral”.
El conflicto comenzó
con el nombramiento de empleados enmarcados en los Programas de Emergencia
Municipal violando una ley del año 2015 que impide a los municipios designar
personal de planta sin antes consensuar con el gobierno provincial los recursos
para pagar sus sueldos.
