Luego de la participación de los líderes mundiales, entre ellos el presidente argentino Alberto Fernández, la cumbre ambiental COP26 está de lleno embarcada en la ronda de negociaciones técnicas que definirán en qué medida los grandes anuncios políticos se traducen en avances concretos en materia de freno al cambio climático. 

En este nivel, un par de grandes temas dominan las reuniones. En primer lugar, el financiamiento en favor de los países periféricos para llevar a cabo la transición energética y adaptarse al cambio climático. En segundo, el tratamiento de los mercados de carbono para evitar desinformación a la hora contabilizar la reducción de las emisiones gases de efecto invernadero (GEI) de cada país y para que este mecanismo propenda a una baja global de las emisiones. Por último, la forma de reportar la evolución de las emisiones de GEI, algo clave para que la sociedad civil acceda a la información tal que le permita presionar a sus gobiernos en materia ambiental.

Página/12 conversó sobre estos puntos con Catalina Gonda, investigadora del área de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien viene siguiendo las negociaciones climáticas de Naciones Unidas desde hace varios años, con especial foco en los temas de mercados de carbono y ecosistemas. “El gran objetivo es acortar la brecha entre las declaraciones políticas y lo que realmente se acuerda en las negociaciones. Pasar de los discursos a la implementación del Acuerdo de París a través de reglas robustas con salvaguardas hacia las comunidades locales y los ecosistemas”, explicó Gonda desde Glasgow, en medio de la ronda de conferencias.

Falsas promesas

Uno de los temas en la mesa de discusión es el financiamiento climático. La lógica es que los países periféricos, que tienen menos responsabilidad histórica de las emisiones de GEI causantes del cambio climático, necesitan apoyo financiero para poder llevar adelante una transición energética. No solo para invertir, por ejemplo, en nuevas tecnologías de generación de energía, sino también para adaptarse a los efectos actuales y futuros del cambio climático.

Bajo esa premisa, en la cumbre climática de 2010 los países industrializados se comprometieron formalmente a financiar colectivamente 100 mil millones de dólares por año en acción climática a países en desarrollo hasta 2020. En la cumbre de París, en 2015, el acuerdo se extendió hasta 2025. 

Sin embargo, según la OCDE, hasta ahora en ningún año se cumplió dicho objetivo: entre 2013 y 2016 el monto rondó los 55 mil millones anuales y entre 2017 y 2019 subió a un promedio de 75 mil millones. El 43 por ciento del financiamiento otorgado fue en favor de los países de Asia (30 mil millones anuales), mientras que América latina se llevó el 12,4 por ciento (promedio de 12 mil millones al año).

El financiamiento climático opera a través de acuerdos bilaterales entre países, por intermedio de los organismos multilaterales, con créditos para la exportación o fondos del sector privado. Los países en desarrollo no solo quieren que se cumpla el objetivo trazado en 2010 sino que buscan mayores compromisos: en julio pasado, la ministra de Medio Ambiente de Sudáfrica dijo que en realidad se necesitan 750 mil millones de dólares al año para las naciones periféricas.

“Las discusiones alrededor del tema del financiamiento se están dando en un escenario de desconfianza bastante grande. El objetivo no es solo que los países ricos se comprometan a proveer más financiamiento climático, sino que lo hagan a través de una hoja de ruta clara que detalle cómo se van a otorgar esos fondos y de dónde van a salir. Sería muy importante que haya una señal que muestre que el compromiso de financiamiento sí se va a alcanzar hasta 2025 y de qué manera”.

Mercado de carbono

Con la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto, en 2005, los países desarrollados asumieron un compromiso legal y vinculante de reducir sus emisiones de GEI en relación a los ‘90. Los mercados de carbono permiten que una reducción de las emisiones en un país periférico genere un bono que pueda ser adquirido por los países centrales. Entonces, los países centrales contabilizan para sí la reducción de emisiones del país periférico y al mismo tiempo proveen de capital a esa nación.

“El gran tema es cómo generar un sistema confiable de contabilización de la reducción de emisiones. Si se adoptan reglas débiles que permiten que los países puedan cumplir con sus compromisos de manera ficticia, el uso de los mercados de carbono podría llevar a un aumento en lugar de a una reducción de las emisiones. Por ejemplo, se corre el riesgo de la doble contabilización: que una misma reducción sirva tanto al país que vendió el bono como al país que lo compró”, explica Gonda.

Hay analistas que incluso directamente plantean que la propia idea de las compensaciones, es decir, que un país desarrollado pueda "comprar" su reducción de emisiones a partir de proyectos verdes en otro país, deriva en un sistema de trampas que atenta contra el objetivo colectivo.

Por otro lado, advierte Gonda, hay una fuerte tensión vinculada a cómo incorporar los créditos de Kyoto en el acuerdo de París. Por ejemplo, China, India y Brasil, países que no tenían metas de reducción en Kyoto y que fueron receptores de proyectos de reducción de emisiones bajo el mecanismo de créditos de carbono, presionan para aquellos créditos apliquen para contabilizar la reducción de emisiones definidas en los compromisos de París. El tema es relevante porque implica que los países con estos créditos pueden evitar hacer enormes inversiones en mitigación, aunque al costo de retrasar el camino hacia los objetivos para enfrentar el cambio climático.

“Cada crédito trasladado del esquema de Kyoto retrocede los esfuerzos en el marco del Acuerdo de París. Los mecanismos de mercado deben ir más allá de una lógica de compensación para asegurar la reducción real de las emisiones mundiales”, afirma. Lo que está bajo negociación es el conjunto de reglas que marquen la cancha de los mercados de carbono. 

Otro punto delicado del tema de mercados de carbono es la regulación del destino del dinero que recibe aquel que vende el bono. Las delegaciones más comprometidas con la cuestión climática buscan que esos recursos se vuelquen a profundizar la mitigación.

Transparencia

"Un punto pendiente es la definición de un marco de transparencia del Acuerdo de París, que establezca cómo los países deben reportar el financiamiento que reciben y que otorgan y las medidas que están implementando", agrega Gonda. En general, los países en desarrollo quieren contar con mayor grado de flexibilidad a la hora del reporte climático, porque se trata de un proceso que requiere mucha coordinación y músculo estatal. Como el Acuerdo de París no establece sanciones por incumplimiento, la información pública clara y verídica es el único recurso que tienen las sociedades para presionar a sus dirigentes en esta materia.