María de los Angeles París tenía 45 años, y era maestra y bibliotecaria en Rosario. El 3 de mayo pasado, entró a la comisaría 10ª, en el barrio Alberdi, para supuestamente hacer una denuncia pasadas las nueve de la noche, y salió muerta dos horas más tarde. Entre esas dos horas, la mujer salió de la comisaría y fue perseguida por uniformados que, tras esposarla, la volvieron a introducir. El informe policial reconoce que París estuvo en la comisaría pero asegura que tuvo un brote psicótico y que debieron contenerla para calmarla. Y que murió de un paro cardiorrespiratorio, el motivo que sufre la mayoría de los mortales, es decir, cuando el corazón deja de latir, indistintamente si se trató de una causa natural, una situación accidental o un crimen. Las versiones policiales que circularon en los medios la vincularon con drogas y con alteraciones mentales. La descripción no coincide con la historia de la docente según sus familiares y colegas. El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, buscó aclarar el caso de un modo muy particular: “No hay elementos para pensar que pudo haber habido responsabilidad policial”, sorprendió. En este caso, la irresponsabilidad los beneficia.

La muerte de París está llena de interrogantes, y tal como lo impulsa Pullaro, la policía no se esmera en encontrar las respuestas. Preguntas hay muchas. De hecho, todas las respuestas policiales llevan a más sospechas: la autopsia estuvo bajo la órbita policial; la investigación sigue en manos de la policía santafesina; los dos testigos que por el momento figuran en la causa fueron señalados por la policía (uno es el encargado de un velatorio ubicado frente a la 10ª, la otra una mujer que supuestamente pasaba con el auto y se bajó para ayudar a esposarla); la versión policial citada por los medios no corresponde al perfil de la víctima. Demasiado interés, testigos poco fiables, hiperactividad policial para ser irresponsables.

“Los hechos objetivos remiten a que es un caso de violencia institucional –aseguró a PáginaI12 Daniela Vergara, secretaria de DD.HH. de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe), que acompañan a los familiares junto a la APDH y a la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario–. Entra en buen estado de salud, sin problemas cardiológicos, fue por su propia cuenta, se retira y la ingresan de manera muy violenta y esposada. Y termina muerta.”

Aquel día París terminó de dar clases en la escuela técnica de Tucumán y Pueyrredón a las 18.45. Hizo algunas compras en un supermercado de la zona, donde se encontró con un matrimonio amigo, que la dejó al tomar un taxi camino a su casa, en Zona Cero, al norte de la ciudad, cruzando la avenida de Circunvalación. En ese momento se le perdió el rastro hasta que apareció en la comisaría 10ª, del barrio Alberdi, que se encuentra entre la escuela y su casa, pero cuya jurisdicción no pertenece a su casa ni a la escuela. No se sabe qué la llevó a una comisaría, ni por qué eligió ésa. Hay un video de la cámara de seguridad de la 10ª en la que se la puede ver sentada, tranquila, sin indicios del brote que mencionó la policía.

“Cuando los hermanos se enteraron fueron a la comisaría –dijo a este diario Enrique Font, profesor de la Cátedra de Criminología–. Y al salir se cruzaron al velatorio, donde había un velorio. Varios asistentes, que no fueron citados a declarar, aseguraron a los familiares que vieron salir a una mujer con guardapolvo blanco gritando que la policía es igual que los ladrones, que la persiguieron policías varones y que la agarraron de manera violenta, del cuello, del pelo, la esposaron sin motivo y la volvieron a meter en la comisaría”.

Dos horas después, la docente, esposada y encerrada en un cuartito de la comisaría (“usado habitualmente como salita de torturas”, indicó Font), fue hallada muerta.

La Amsafe, APDH y la Cátedra de Criminología, acompañan a los familiares de la víctima. Reclamaron a la justicia que se aplique el protocolo de Minnesota (por el que la fuerza de seguridad sospechada no puede autoinvestigarse y debe ser apartada de la causa) y el protocolo de Estambul (por el que en un caso de muerte bajo custodia del Estado debe investigarse el homicidio y la aplicación de torturas). “Estamos hablando del aparato represivo, usaron las esposas para alguien que no estaba privado de la libertad, y la privaron ilegalmente. Hay un hecho claramente objetivo que nos indica que hubo violencia institucional. Además de violencia de género, porque actuaron policías varones para agarrarla, esposarla, no intervino policía femenina. Los testigos hablan de insultos, que le propiciaba la policía en la calle”, sostuvo Vergara.

Hoy, se reunirán los delegados del gremio docente para decidir si realizan una medida en reclamo de justicia.