Desde su inicio, el gobierno se ha propuesto mejorar las condiciones de vida de los argentinos y de las argentinas. En ese marco, viene impulsando un plan intenso y sostenido de lucha contra la inflación utilizando diversos instrumentos, entre ellos, el control de precios de más de 1.400 productos de consumo esencial. ¿En qué se funda la aplicación de esta medida? En que, cuando a los argentinos y a las argentinas se les mejoran sus ingresos a través de las políticas públicas y de las negociaciones paritarias, esos mayores recursos se los apropian los grupos monopólicos por la vía del aumento de los precios.

En tal sentido, Miguel Schiariti, el presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), afirmó la semana pasada que “si le llega a la gente el «plan platita» se viene un aumento del precio de la carne”. Schiariti ha confirmado con sus declaraciones la existencia de la puja distributiva. Según ese punto de vista, suben los precios porque la gente puede pagar más. Entonces, el gobierno no tiene otro camino que intentar ponerle freno a esa puja y empieza por productos sensibles como los alimentos, los artículos de higiene personal y los de limpieza. La oposición insiste con su frase de que los controles de precios nunca funcionaron. A ellos hay que preguntarles cuándo funcionó el ajuste. Por ejemplo, ¿cómo les fue en el 2019? Con todas las medidas que la ortodoxia neoliberal aconseja produjeron una contracción monetaria brutal, un gran ajuste fiscal. El resultado fue la suba de la pobreza, la exclusión, el cierre de empresas, la destrucción del aparato productivo y el nivel más bajo de utilización de la capacidad instalada. Todos los indicadores relacionados con el bienestar de la ciudadanía empeoraron. En ese escenario, pronosticaron una inflación anual para 2019 del 5% que terminó siendo del 54%.

Por supuesto, el congelamiento de precios no puede ser una medida aislada. Tenemos que discutir, entre otras cosas, qué sucede al interior de las cadenas de valor. Si los empresarios dicen que pierden, es necesario analizar lo que pasa con el costo de sus productos porque nadie puede ser condenado a trabajar a pérdida. Si hay distorsiones en las cadenas de valor, procesos innecesarios, intermediaciones evitables, entre otros temas, hay que corregir esas cuestiones.

Está claro que existen dificultades para implementar este tipo de políticas. Un ejemplo es la puesta en práctica de la Ley de Góndolas. El objetivo de esta iniciativa es que los consumidores tengan una diversidad de ofertas y puedan salir del esquema donde unas pocas marcas, en cada uno de los rubros, ocupan la casi totalidad del espacio de exhibición. Ese control monopólico de las góndolas hace que los productos alternativos queden prácticamente invisibilizados.

Por otro lado, y volviendo al tema de los precios, estamos ante un Estado que carece de un cuerpo de inspectores adecuado para cumplir con sus objetivos en todo el país. La reducción del gasto público aplicada por las gestiones neoliberales ha terminado afectando a todas las áreas de la administración, entre ellas, las de control. El gobierno se encuentra con que los equipos para llevar a la práctica esos controles han sido desmantelados y por eso recurre a acuerdos con gobernadores, intendentes y distintas organizaciones de la sociedad civil.

En el contexto de la política antiinflacionaria, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunieron con los directivos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) para analizar la evolución de los precios de los medicamentos. Producto de esa reunión, habría un principio de acuerdo en retrotraer los precios de los medicamentos al 1 de noviembre y mantenerlos congelados hasta el 7 de enero. Las entidades empresarias quedaron en dar una respuesta final este lunes. Luego de ese encuentro, la Secretaría de Comercio comunicó, entre otras cosas, que reimpulsará “la prescripción de medicamentos por nombre genérico” para que las marcas no ejerzan presión liderando los precios.

Esas organizaciones empresarias, en un comunicado previo, habían señalado que “teniendo en cuenta la presencia de más de 350 laboratorios y 229 plantas industriales en el país, con 7.300 marcas y más de 16.000 presentaciones de medicamentos con distintos principios activos que compiten en un entorno en donde en la dispensa intervienen más de 14.000 farmacias, resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”. Luego agregaron que ratifican su “compromiso para con el gobierno nacional, financiadores públicos y privados de la salud, la comunidad médica y los pacientes, de mantener los valores promedio de los medicamentos en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC del INDEC”.

Por un lado, no es cierto que hayan mantenido el aumento de los medicamentos a la par de la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En CABA, por ejemplo, en el último año los precios de esos artículos superaron en 10% dicho índice. Por otro, el documento contiene una confesión notable: sus firmantes sostienen que se comprometen a subir los precios de sus productos al ritmo que aumenta la inflación. Pero ellos, al equiparar los aumentos a la suba de la inflación, lo que están produciendo es inflación. A lo que deberían comprometerse es a no aumentar sus productos más allá de la variación real de sus costos.

¿Por qué los precios de los medicamentos deberían crecer a la par de la inflación si, por ejemplo, los componentes importados que contienen se adquieren al tipo de cambio oficial que evoluciona por debajo de la inflación? Lo mismo sucede con los salarios, que ahora se recomponen tras las pérdidas que sufrieron consecuencia del aumento de los precios. Otro tanto ocurre con las tarifas que siguen congeladas. Y también con los costos financieros que reflejan fuertes reducciones. Por el contrario, si se volviera a alentar la producción de genéricos en el país, como acaba de proponer el secretario de Comercio Interior, y se desarrollara una cultura de consumo de los mismos, seguramente ello traería aparejada una baja de precios significativa.

Los controles y las regulaciones no son actos contra la libertad de los ciudadanos: son instrumentos para garantizar las políticas distributivas del gobierno y, por lo tanto, el bienestar general de los argentinos y las argentinas.

* Diputado nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario.