La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Ecuador aprobó con votos opositores y rechazo del oficialismo un extenso informe que advierte que el presidente Guillermo Lasso tiene “vinculación directa” con paraísos fiscales y denuncia que el jefe del Estado incumplió el “mandato popular” que prohíbe a los funcionarios tener bienes o capitales en cuentas off shore.

Aunque el informe, de 205 páginas, no recomienda explícitamente la destitución de Lasso o la apertura de un juicio político en su contra, sí alude al artículo 130 de la Constitución, que establece esa potestad de la AN, y advierte sobre una “crisis de gobernabilidad”.

Pacto Ético

En su párrafo clave, el texto señaló que “se verifica la inobservancia por parte del presidente al Pacto Ético (consulta popular sobre paraísos)”, lo que, según la comisión, “configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto el artículo 130, numeral 2 por conmoción interna y afectación al mandato popular sobre los paraísos fiscales”.

La tarea de la comisión fue disparada por la difusión, a inicios de octubre, de un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que, a partir de documentos filtrados, denunció la existencia de cuentas off shore de dirigentes, artistas, empresarios y deportistas de todo el mundo.

La comisión ecuatoriana también pide aprobar una resolución para llevar a Lasso al pleno de la AN en no más de ocho días y sugiere pedir el inicio de procesos de juicio político contra las autoridades que no colaboraron en la investigación.

El documento fue aprobado con los votos de la fuerza indigenista Pachakutik y de la correísta UNES, y el rechazo de los dos legisladores de la Bancada del Acuerdo Nacional, que agrupa a los sectores cercanos al Gobierno.

El informe se gira ahora al pleno de la Asamblea, donde no existe un plazo para ser discutido y donde parece difícil que el documento logre una mayoría para avanzar en un eventual juicio político contra el mandatario.

Empresas panameñas

El informe hoy concluyó que “hay una vinculación directa” de Lasso con las empresas Banisi y Banisi Holding, que tienen sede en Panamá, y da por hecho que la creación de compañías offshore dentro del Grupo Banco de Guayaquil –de la que Lasso era accionista- “necesariamente deben contar con el conocimiento y aprobación” del mandatario.

También aseguró que la afirmación de Lasso de que no tiene relación con Banisi “no se ajusta a la verdad” y especuló con un posible delito de defraudación tributaria porque detectó “disparidades” en el pago de impuestos en las distintas empresas que forman parte del Grupo Banco de Guayaquil y del mismo presidente, según reportó el sitio Primicias.

No fue al Congreso 

Lasso se negó dos veces a ir a la sede legislativa a responder ante la comisión y, en cambio, invitó a los integrantes del cuerpo a presentarse en el Palacio de Carondelet –sede del Gobierno- para responder “todas las preguntas que fueran necesarias”.


Tampoco se presentaron María de Lourdes Alcívar y Santiago Lasso, esposa e hijo del presidente, respectivamente, aunque ellos no estaban obligados a hacerlo porque no son funcionarios públicos.

El texto aprobado hoy es un poco menos contundente que el que proponía el correísmo. Concluyó que existe la posibilidad de que Lasso había incumplido con la ley que prohíbe a funcionarios públicos o candidatos a elección popular tener inversiones en paraísos fiscales.

"Vergüenza colectiva"

“En ese contexto, el presidente de la República no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo y su credibilidad social se desplomaría, al tiempo que genera en la sociedad un ambiente de frustración, conflicto social y vergüenza colectiva”, continuó el texto.

Para la comisión, todo eso “generaría un escenario de conmoción social porque altera de forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político, y posibilita la amplia de las instituciones”.

También hubo un informe de minoría de los dos legisladores más cercanos al oficialismo, que consideraron que la comisión “no ha obtenido ningún dato” para inculpar a Lasso ni revisó los 12 millones de documentos de la investigación de los Pandora Papers, según explicó el viceprimero de la AN, Virgilio Saquicela, al diario El Comercio.

Cuando se inició la investigación, Lasso envió un oficio a la Asamblea en el que aseguró haber cumplido con la ley e informó que, además, había pedido a la Contraloría -como organismo competente para este control- que realice un examen especial a sus cuentas.

También la Fiscalía inició una investigación sobre la cuestión, a partir de una presentación del excandidato presidencial Yaku Pérez.