La jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco suspendió un viaje que haría esta semana a España con el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, pero no se quedó en su oficina sino que pidió licencia por una semana. Su decisión de hacer un paréntesis se produjo en medio de los cuestionamientos en su contra por haber firmado la sentencia que concedía el beneficio de reducción de la pena con la aplicación del 2x1 al represor Luis Muiña, del Hospital Posadas. En el caso de Highton, a diferencia de los otros dos jueces que integraron la mayoría –Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti– su voto puso en evidencia un cambio de postura respecto de los expedientes sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura: hasta ahora siempre había propiciado en los fallos el avance de los juicios, e incluso en una sentencia sobre apropiación de hijos de desaparecidos había sostenido que debía aplicarse la última la ley, que no era la más benigna. Ahora el tribunal va camino a rever los términos de su sentencia en función de la ley que sancionó el Congreso para impedir que el cómputo doble de días de prisión preventiva no se aplique a acusados por crímenes del terrorismo de Estado. Una de las víctimas dobló la apuesta y pidió que los supremos anulen su propia sentencia.

“No va a renunciar”, enfatizaron ayer voceros del tribunal, ante la consulta de este diario sobre  el pedido de Highton para ausentarse. Explicaron que se tomó una semana por “motivos personales” y que Lorenzetti viajó solo en representación del tribunal al Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica.

Quienes se cruzaron con la jueza la semana pasada en el Palacio de Justicia la notaron perturbada y proclive a analizar atajos para reformular su posición. Lorenzetti fue uno de los primeros que le dijo que tendría oportunidad de hacerlo ante planteos de las partes. En cierto modo, la nueva ley les facilitará ese camino a los supremos que, de hecho, ya le dieron instrucciones al secretario penal, Esteban Canevari, para que en todos los expedientes que contienen reclamos de 2x1 notifique a las partes (acusado, querella y fiscalía) y que opinen en su causa a la luz de la nueva norma. Es cantado que los condenados plantearán su inconstitucionalidad, mientras que los organismos de derechos humanos querellantes y las víctimas dirán lo contrario. Tienen diez días hábiles para presentar sus respuestas, lo que hace suponer que al menos en las próximas dos semanas no habría definiciones. Hay quince expedientes de este tipo, con reclamos de 2x1.  

Otro asunto que deberá tratar el tribunal es una presentación que hizo ayer Gladys Cuervo, una de las víctimas sobrevivientes del Hospital Posadas, para que declare la nulidad de su propia sentencia de 2x1 que, sostuvo, consagró la reducción de la pena de Muiña “en desmedro de las obligaciones internacionales del Estado argentino en perjuicio del derecho a la protección judicial de las víctimas”. La aplicación de aquella reducción de la pena con la ley derogada 24.390 implica un “daño irreparable” por eso, dice el escrito presentado, “deviene necesario retrotraer la situación al estado anterior de su pronunciamiento …” Cuervo, a través de sus abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi, señaló un antecedente en el cual la Corte revocó un fallo propio para dictar otro que se adaptara a los señalamientos la Corte Interamericana: debía disponer que continúe la investigación sobre torturas adjudicadas al ex policía René Derecho en 1988 por parte un hombre que había sido detenido por estafa; el tribunal internacional consideró que no era un caso prescripto.  

En cuanto a Highton, este año ya había quedado expuesta y cuestionada por su decisión de continuar en la Corte aun después de los 75 años, para lo cual presentó un amparo y un juez, Enrique Lavié Pico, falló a su favor. El Estado, que podía haber apelado para exigir que se respete la edad jubilatoria establecida por la Constitución, no se presentó y de ese modo permitió su continuidad. Los propios colegas de tribunal de Highton aguardaron a que quedara definida esa situación y recién después firmaron una sentencia que interpreta que los jueces deben retirarse a los 75 años a menos que obtengan un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más. Todo quedó perfectamente sincronizado en un fallo que, después de dieciocho años dio vuelta la llamada “doctrina (Carlos) Fayt”, por el fallo que le permitió a ese juez, que falleció el año pasado, seguir en funciones hasta los 97 años.

Una situación anterior que la dejó mal parada también fue la designación de su hija Elenita Nolasco como titular de una “secretaría judicial de relaciones del Consumo” dentro de la Corte. Ese cargo, que tiene un rango equiparable en jerarquía y sueldo al de un camarista, tiene una dependencia funcional respecto del pleno del tribunal. Es decir, Elenita reportaría a su madre y dependería de ella. La designación la firmaron a fines de 2015, junto con el cambio de gobierno, Juan Carlos Maqueda, Lorenzetti y Fayt. Ellos fueron denunciados después penalmente, junto con la secretaria suprema, y la causa sigue abierta, impulsada por el fiscal Carlos Rívolo y a cargo de Claudio Bonadio, quien apuntaría a cerrarla.

En sus decisiones como jueza históricamente Highton mantuvo coherencia y, por ejemplo, nunca apoyó sentencias que fueran a tener impacto económico o traer consecuencias para la gobernabilidad o el funcionamiento del Estado. En materia de derechos humanos, desde su nombramiento como jueza suprema durante el gobierno de Néstor Kirchner, acompañó con su voto todas las decisiones tendientes a lograr el avance de los juicios de lesa humanidad y la eliminación de obstáculos para que eso suceda, empezando por la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida así como de los indultos, pero luego todo tipo de recursos. Highton alegó esta vez que nunca se había pronunciado en una decisión de fondo ligada al beneficio del 2x1 y la ley penal más benigna. Pero los abogados de los organismos de derechos humanos, que se conocen los expedientes como la palma de su mano, recordaron que en un expediente contra el represor Víctor Rei, se inclinó por aplicar la ley vigente en el momento en que se termina de cometer el delito de sustracción y supresión de identidad (que cesa con la recuperación de la identidad). En una presentación del obstetra de la ESMA Jorge Magnacco que pedía la prescripción, sostuvo que había que aplicarla última ley, que era la más severa.

Bastaría con que sólo Highton cambie su voto respecto del “2x1” para que la volátil mayoría suprema sea otra y establezca otros parámetros, más cercanos a los planteos de Lorenzetti y Maqueda, que consideraron que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables, ni indultables ni las penas son pasibles de conmutación. Esta dinámica tan inestable es propia de un tribunal de cinco miembros, donde las decisiones no suelen ser unánimes y bastan tres votos para adoptarlas, lo que implica una extrema concentración del poder para decisiones de alto impacto social y político.