La Justicia le dijo que fue partícipe de un delito y ella le dijo al Gobierno que fue partícipe de la dictadura. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue procesada ayer por el delito de defraudación a la administración pública por fraude, en relación con los financiamientos concedidos por la Secretaría de Obras Públicas para la construcción de viviendas adjudicadas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el marco del proyecto Misión Sueños Compartidos. “Tenemos claro que éste es el precio que debemos pagar por decir lo que decimos y hacer lo que hacemos, por haber dicho que Macri era nuestro enemigo cuando todavía nadie lo pensaba, por habernos quedado el 9 y el 10 de diciembre en esa plaza para que Macri no la pisara, porque es del pueblo, y por denunciar que ellos son partícipes de la dictadura con sus empresas”, dijo Bonafini. Según difundió el Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema, el Juzgado en lo criminal y Correccional Federal 8, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Sergio y de Pablo Schoklender, de Abel Fatala, ex mano derecha de Julio De Vido, como así también del ex secretario de Obras Públicas José López, y de Bonafini. La dirigente dijo sentirse “honradísima de ser procesada por este Poder Judicial y por este gobierno”.

A los primeros cuatro imputados, el juez los consideró “penalmente responsables del delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta. A la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Martínez de Giorgi la procesó en calidad de “partícipe necesario” en el mismo hecho. El procesamiento también es sin prisión preventiva. Según el juez, Bonafini conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la fundación y, en esa línea, “al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y autorizando indebidamente la tercerización a la empresa Meldorek S.A. de los servicios que habían sido contratados directamente a la Fundación”.

Fiel a su estilo directo, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo grabó ayer un video para responder a la medida judicial. “Tenemos muy claro que desde los poderes Judicial y Legislativo no se solucionan los problemas de los pueblos, esos se resuelven en las calles. Vengan a ver mi patrimonio, vivo en la misma casa de siempre y no tengo ni bicicleta. Y saben que tengo la conciencia muy tranquila, que revisen lo que quieran”, expresó. “Gracias a las familias enteras que nos están llamando, no se preocupen, compañeros, las Madres tenemos las cosas muy claras, sabemos bien dónde está el enemigo y lo señalamos. Vamos a seguir defendiendo el proyecto nacional y popular, y a nuestros hijos por haberse animado a ser revolucionarios y combatientes. Vamos a seguir denunciando a este Gobierno que no podía ser más sádico y más ladrón, lo peor que nunca nos pudiéramos imaginar”, agregó.

Martínez de Giorgi consideró “probado” que los hermanos Schoklender, como apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones adjudicadas a esa entidad, y que, con posterioridad, una vez cobrados los montos correspondientes a esas obras, “desviaron la suma de 206.438.454,04 pesos, que canalizaron a distintas personas y empresas a través de cheques y transferencias a sus cuentas bancarias” o a otras personas y empresas que habrían recibido dinero sin dar ninguna contraprestación.

Según el juez, el éxito de la maniobra fue posible gracias a la utilización del prestigio y la trayectoria que la Asociación Madres de Plaza de Mayo cuenta en el área de la defensa de los derechos humanos, y al “infiel desempeño de José Francisco López y Abel Claudio Fatala, quienes tenían a cargo la asignación de los recursos del Estado”. El juez Martínez de Giorgi exculpó a Julio De Vido, sobre quien dispuso la “falta de mérito” ya que, al menos por el momento, no es posible determinar su situación procesal.