El Concejo Deliberante de Salta se apresta a tratar esta semana un proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo Municipal para modificar las tareas asignadas a los preventores urbanos.

Son agentes municipales que forman parte de un programa de seguridad ciudadana, que dependen de la secretaría de Prevención y Emergencias y que tiene como finalidad prevenir actos que afecten la convivencia entre vecinos por delitos y contravenciones.

La función específica es la detección de factores de riesgo que afecten la convivencia, la integridad de las personas y sus bienes; facilitar la disuasión y la intervención oportuna de los organismos que correspondan, a fin de eliminar el riesgo detectado y fortalecer las redes comunitarias y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que estén abocadas a consolidar barrios seguros y protegidos.

Funcionarios municipales explicaron el viernes pasado en el Concejo Deliberante que el área tendrá ahora como objetivos principales, desarrollar acciones de prevención, disuasión, persuasión y negociación ante un eventual conflicto con la normativa vigente sobre el espacio público.

El asesor legal del área, Mario Chávez, explicó que “la función que tendrán es constatar la irregularidad que está marcada en la legislación, en las ordenanzas que regulan el uso del espacio público, y evitar que pase a mayores. En caso que sea necesario labrar un acta de constatación, que se remitirá al organismo de aplicación, para que de acuerdo a los elementos que se constaten, se hagan las actuaciones”.

La modificación de la norma tiene cierto grado de urgencia, ya que la totalidad de los empleados de la subsecretaria de Espacios Públicos está intervenida y sin funciones, a raíz de una sumario general, que se tramita como consecuencia de denuncias efectuadas por vendedores ambulantes, que implican a los empleados en maniobras irregulares con permisos y habilitaciones.

La demora en el sumario implica la carencia de inspectores, de allí que se busca facultar al área de Prevención y Emergencias para constatar infracciones en la ocupación del espacio público.