La titular de la Asesoría de Incapaces del departamento Anta, María Susana Zenzano Poma, ocupa ese cargo desde hace 10 años, cuando se creó el organismo, y su tarea abarca a cinco municipios, representado a niños, niñas y adolescentes, y también a personas con discapacidad, con capacidades restringidas por patologías de salud mental, y adultxs mayores.
En la zona, cobraron relevancia los abusos sexuales contra la infancia y adolescencia, por lo que la asesora enfatizó en la importancia que han tenido las clases de Educación Sexual Integral (ESI) a la hora de generar el espacio para que las víctimas se reconozcan como tales, identifiquen ese delito y puedan hablar para encontrar ayuda.
"En general cuando nos surgen las denuncias es después de una charla de ESI", aseguró en diálogo con Salta/12. Solo este año han ingresado a la Asesoría 36 denuncias por delitos contra la integridad sexual, mayormente en perjuicio de niñas y adolescentes, según indicó la funcionaria.
"La ESI les permite (a niñas, niños y adolescentes) hablar de estos temas", resaltó Zenzano Poma. En este sentido, contó que en sus relatos algunas víctimas mencionan “porque la maestra me dijo", en referencia a los contenidos de ESI que se imparten en las aulas y esto deviene en un hecho clave que les permite identificar el abuso sexual como un delito, y a ellxs como víctimas.
La asesora dijo que hay maestras y profesorxs que le informan cuando se percatan de que hay niñxs víctimas de delitos. "Las maestras se comunican con nosotros después de las clases de ESI", contó, y dijo que le informan incluso cuando hay chicxs que lloran cuando se habla de determinados temas. Sin embargo, también se dan situaciones en las que hay directivxs o docentes que no informan y no hacen las denuncias al tomar conocimiento de vulneraciones a derechos de la infancia y adolescencia, en esos casos, la asesora consideró que obran con "corporativismo".
Señaló que lxs educadorxs y directivxs tienen que seguir un protocolo cuando conocen que hay niñxs y adolescentes víctimas de delitos como abuso, acoso sexual, violencia u otras vulneraciones a sus derechos . E indicó que tienen la obligación de informar "inmediatamente" de estos casos al Ministerio Público Pupilar y al Ministerio Público Fiscal.
La asesora indicó también que quienes han sufrido abusos pueden denunciar en la Asesoría de Incapaces.
Hace dos semanas, en el Colegio Secundario 5098 de Joaquín V. González, en una clase de psicología en la que se habló sobre acoso sexual, al menos tres estudiantes identificaron que estaban siendo víctimas de ese delito por parte de un docente que les impartía la materia de química. Aunque el psicólogo labró las actas correspondientes, los directivos se negaron a denunciar e informar a la Asesoría o la Fiscalía penal, finalmente un padre y dos madres pudieron hacer la denuncia en la Fiscalía. La asesora aseguró que ella tomó intervención y que se espera que las declaraciones en Cámara Gesell.
Delitos naturalizados
“Es duro dar a conocer un tema tan delicado como este", consideró Zenzano Poma, sobre todo cuando se trata de abusos intrafamiliares. Precisó que estos delitos cometidos por familiares son muchos en la zona y es algo que "está muy naturalizado (...). Muchas mujeres sufren esto, lo han sufrido las abuelas, madres, tías". En ese contexto, la asesora señaló que las familias en algunos casos "no quieren hacer la denuncia". Explicó que ante esa situación, tiene funciones de abogada de lxs niñxs y adolescentes y le compete hacer la denuncia penal.
"Después de la denuncia, se realiza la Cámara Gesell, (luego) recién entonces los citamos a la Asesoría, se hace una entrevista de contención y el seguimiento", explicó. Indicó que la única que habla con el niño, niña o adolescente es la psicóloga "para no revictimizarlo". Las víctimas que necesitan seguir un tratamiento, si es que pertenecen a familias de escasos recursos, solo pueden ir a los hospitales públicos. La asesora indicó que en Joaquín V. González hay dos psicólogxs, uno en Apolinario Saravia y otrx en Las Lajitas.
"En los juicios de abuso sexual intervengo como querellante. En Metán nos dicen que los juicios que tienen de Anta son mayores que los de ellos y a veces duplicamos los números", resaltó Zenzano Poma. El departamento Anta no tiene aún Tribunal de Juicio por eso esa instancia se tramita en el distrito judicial Sur de Metán, que es otro departamento.
La asesora señaló que es necesario "reforzar la autoestima", de las víctimas, que se ven perjudicadas por este tipo de delitos y que por lo general "tienen culpa y vergüenza".
"Muchos de los embarazos adolescentes tienen que ver con abusos intrafamiliares", refirió. Recordó el caso de una niña de Las Lajitas que dio a luz a los 13 años, cuya madre había autorizado una relación con un varón de 28 años. "Es como algo cultural y no se lo ve mal", contó.
La Fiscalía imputó a este hombre por abuso sexual y está preso, mientras que la niña hoy se encuentra en Capital en una residencia para madres adolescentes. La asesora aseguró que la chica quiso tener al bebé. Organizaciones feministas habían pedido que accediera al derecho a la información sobre la ILE por personal médico no objetor de consciencia que era el que la había asistido en Las Lajitas, finalmente solo se hizo una entrevista con una médica pedriatra de esa institución sanitaria y con la asesora.
De forma reciente se conoció el caso de otra niña madre en Las Lajitas. La nena tiene 12 años y tampoco accedió a la ILE, se desconoce si se le brindó información al respecto. Su padre fue condenado por abuso sexual con acceso carnal y una de las pruebas utilizadas en el juicio fue el ADN de su bebé. "Los agentes sanitarios fueron a la casa, vieron a la chica muy gordita, le dicen a la madre que la debía llevar a hacer ver al hospital", contó Zenzano Poma. En el hospital se descubrió que la nena estaba embarazada.
Respecto a por qué no accedió a la ILE, la funcionaria dijo que aunque en esa instancia no había tomado intervención, la nena "tenía 5 meses y medio de embarazo, no era posible". Explicó que la niña fue asistida por un psicólogo y en las entrevistas surgió que el abusador era su progenitor: "No fue inmediato que la niña pudo contar que era de su papá. Después se le hizo un ADN por orden del juez Sebastián Fucho y se pudo saber que la recién nacida era hija y nieta de ese señor (condenado)".
"Se pudo saber esto a través de los agentes sanitarios", destacó la asesora respecto a la niña víctima. "Habría que hacer una jornada de sensibilización a todas las instituciones, a los agentes sanitarios que son quienes llegan a la población" para que puedan transmitir el derecho a la ILE, sostuvo. "Casi no hemos tenido casos en que se pueda hacer una interrupción (del embarazo)", informó.
El Juzgado de Garantías, a cargo del juez Héctor Guzmán, informó a Salta/12 que este año intervino en 58 casos de abuso sexual, aunque no tiene diferenciados los que correspoden a víctimas niñxs y adolescentes.
Otras intervenciones de la Asesoría
El diálogo con Zenzano Poma fue después de su participación en un ciclo de conferencias de la Asesoría de Incapaces. Allí se informó que intervino este año en 125 casos de violencia intrafamiliar.
La asesora dijo que no hay oficinas de la Secretaría de la Niñez en Anta y que cuando piden intervención les envían comisiones que no son tan efectivas, "cuando vienen sugieren acciones pero derivan al municipio en virtud de un decreto pero es difícil porque éste no cuenta con lugares terapéuticos, ni casas de medio camino. Como no tenemos recursos hacemos agua", afirmó.
La Asesoría también interviene por personas con "padecimientos mentales". "Tenemos un montón", aseguró. "Hay mucha gente con esquizofrenia, y otros con esquizofrenia residual cuando han sido alcohólicos o han tenido una adicción. Nuestra función es tratar de que ellos tengan un tratamiento, y representación legal", indicó. Dijo que informan a padres o madres respecto a que deben iniciar la restricción de capacidad y que se les asigna un curador en caso de que sea mucha la restricción.
"Es una sola Asesoría y hay muchos casos", a tal punto que los "excede la cantidad de trabajo", manifestó. Señaló que en Anta se espera el nombramiento de otra asesora o asesor de incapaces.
"No hay casas para contener a los chicos con adicciones, ni hogares. Hay muchísimas adolescentes madres, todo tenemos que mandar a Salta. No hay refugio para mujeres víctimas de violencia familiar ni para madres adolescentes. El alcoholismo es un problema tremendo en el departamento en la población adulta, que repercute en los niños, (...) no tenemos ni siquiera un grupo de alcohólicos anónimos", contó. También refirió que interviene en casos de adultxs mayores, y que cuando no tienen familia que los cuide debe buscarles hogar. "En general en el hogar de ancianos (de J. V. González) no nos reciben gente. Tengo que buscar otros hogares, el de Orán nos recibe a adultos mayores que están solos. Los que tienen Pami pueden ir al hogar en Metán que es muy lindo".
