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El juez Javier Feliciano Ríos, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3, dictó sentencia en el juicio contra César Arakaki y Daniel Ruiz, militantes del PSTU y del PO, respectivamente, y los condenó a penas de tres años y cuatro meses (Arakaki) y tres años de cumplimiento efectivo (Ruiz) por considerarlos coautores de lesiones en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas. "Era de esperar que me condenaran para justificar los 13 meses de cárcel que pasé en Marcos Paz, y para dar un mensaje a los empresarios que impulsan la reforma laboral, porque en aquel momento repudiamos las reformas de Macri a pedido del FMI y en el actual contexto de negociaciones era necesaria una condena a manifestantes que salieron aquella jornada, es seguridad jurídica para el régimen", dijo a Página/12 Daniel Ruiz.
En noviembre de 2019 habían sido imputados cinco de los manifestantes que el 17 de diciembre de 2017 participaron del repudio masivo a la reforma jubilatoria que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri, que comenzó con represión cerca del Congreso y afectó incluso a legisladores, siguió con una lluvia de piedras durante varias horas contra las fuerzas policiales y la posterior cacería de los uniformados que dejó graves heridos y varias personas que perdieron un ojo. "El fallo es descabellado, no hay una sola prueba en todo el expediente en relación a que haya cometido ilícito alguno, lo único que hizo Daniel Ruiz el 18 de diciembre de 2017 fue manifestarse junto a miles de personas en contra de un proyecto de ley que consideraban injusto, evidentemente esta sentencia es un acto más de criminalización de un hecho de protesta, condenado injustamente", dijo a este diario Martín Alderete, abogado de Ruiz.
"Condenaron a penas de prisión efectiva a César Arakaki y a Daniel Ruiz. ¿Qué probaron? Nada, porque la querella del policía herido se retiró hace mucho de la causa. ¿Qué paso? Las imágenes son contundentes, ni César ni Daniel son responsables. Es una sentencia política", dijo Vanina Biasi, del PO y candidata a diputada nacional del FIT-U.
Aunque aún no tiene los fundamentos del fallo, Alderete calificó como "llamativa y arbitraria semejante conclusión del tribunal teniendo en cuenta que las conductas que se le adjudican en relación a la agresión al personal policial no fueron probadas, la fiscalía no demostró que haya tirado piedras, derribado vallas o roto el patrimonio, ni tampoco que haya agredido a policía alguno". El letrado agregó que "la única prueba es una filmación de pocos segundos donde se lo ve que maneja un elemento pirotécnico, y con nuestro perito demostramos que fue disparado hacia arriba a 15 metros del policial policial y muy lejos, a sus espaldas, por lo tanto no se explica lo que resolvió el juez". Alderete recordó que cuando ocurrió ese disparo los policías estaban avanzando y despejando la plaza con balas de goma y gases lacrimógeno. "Tampoco es que su actuación podría ni siquiera potencialmente haber afectado o intimidad la personal policial", destacó. El 4 de febrero de 2022, cuando sean difundidos los fundamentos, la defensa del militante del PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado) dará a conocer las críticas al fallo cuando interpongan un recurso de Casación.
Por su parte, Claudia Ferrero (Apel), abogada de Arakaki dijo a este diario que "el juez Ríos cumplió con el mandato de la burguesía y el establishment, el gobierno macrista y el actual gobierno que necesitan condenar las movilizaciones de diciembre 2017 y aleccionar ante la reforma laboral que tienen en agenda y futuras reformas previsionales". Para ella, "no es la aplicación del derecho lo que lleva a este resultado, recurren a una condena efectiva contra militantes de izquierda a una semana de las eleccciones, de la cual deberán dar cuenta recién el 4 de febrero, cuando quedará al desnudo su arbitrariedad".
Antes del veredicto, en las puertas de los Tribunales de Comodoro Py se realizó un acto de acompañamiento a Ruiz, quien pasó más de un año detenido en la cárcel de Marcos Paz, y Arakaki, y de exigencia de la absolución para ambos como también para Sebastián Romero, quien actualmente se encuentra con prisión domiciliaria y por quien también se reclama su libertad. Allí estuvieron dirigentes y militantes del Partido Obrero, del PSTU, del PTS, MST, IS, MTR Votemos Luchar, Frente Popular Darío Santillan, Izquierda Latinoamérica, PSL, Convergencia Socialista, Democracia Obrera. También hubo una delegación del sindicato AGD de la UBA.
Durante los trece meses que Ruiz estuvo preso en Marcos Paz, donde fue invitado a integrar el pabellón vip por parte de otros presos políticos pero se negó, fue víctima de espionaje por parte de los agentes del Servicio Penitenciario Federal, que monitorearon sus movimientos, incluida la visita de Página12 al recluso para entrevistarlo. "La situación de Sebastián Romero, Dimas Ponce, César Arakaki y la mía es un castigo al pueblo que se movilizó e hizo tambalear al gobierno de Cambiemos en su momento, el juez Torres y el Tribunal Oral 3 siguieron las órdenes de Bullrich y de Macri". A Dimas Ponce, militante del PO, y a Mariano Stansiola, de la UOM La Matanza, se les concedió la probation. En tanto el quinto acusado, Sebastián Romero, también la pidió a posteriori, porque estuvo prófugo hasta julio de 2020. Ruiz agradeció la jornada de movilización de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos por su absolución y la de Arakaki. "Seguirá la lucha y la de todos los compañeros por los presos políticos del continente y el compromiso por la libertad y desprocesamiento de todos los luchadores, entre ellos de Sebastián Romero", expresó.
