El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó en el primer aniversario de su gobierno el compromiso de "volver a la senda del crecimiento económico con justicia social" y juzgó que las críticas de la oposición son válidas "cuando no buscan alterar la institucionalidad democrática y la voluntad popular". Arce presentó su informe de gestión ante la Asamblea Legislativa en un clima enrarecido por un paro nacional con marchas y bloqueos convocados por sectores opositores y comités cívicos departamentales que rechazan una estrategia de lucha contra el lavado de dinero. La medida implicó cortes esporádicos en al menos cinco departamentos y "cierta conflictividad" en algunas zonas, según un jefe policial, aunque en líneas generales la actividad educativa, comercial y administrativa fue normal.
"Reconstruir a través de la inversión pública"
"Este ocho de noviembre podemos decir que estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos con el pueblo: generar estabilidad, volver a la senda del crecimiento económico con justicia social, avanzar en la industrialización con sustitución de importaciones, luchar contra la pandemia con soluciones estructurales, mejorar la calidad educativa y no claudicar en el camino de la memoria, la verdad y la justicia", remarcó Arce. La Asamblea Legislativa Plurinacional instaló su primera sesión del nuevo periodo, y la presencia del presidente fue saludada y silbada por oficialistas y opositores respectivamente.
Arce recordó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado tres meses atrás determinó que durante la crisis de 2019 se dieron "graves violaciones a los derechos humanos" en Bolivia. En ese sentido, destacó que su gobierno trabaja en una reforma judicial para que "la justicia esté al servicio del pueblo".
Arce criticó que durante el mandato interino de Áñez "el manejo de la pandemia estuvo caracterizado por altos índices de letalidad acompañados de un número elevado de casos positivos y un nivel insuficiente de pruebas". En ese sentido, remarcó que su gobierno centró la estrategia en tres líneas de acción que fueron "testeos masivos gratuitos, vacunación gratuita y fortalecimiento del sistema sanitario desde el nivel central del Estado".
En un año Luis Arce, quien fue ministro de Economía de Evo Morales, aplicó varias medidas sociales como el "Bono contra el Hambre", promovió fideicomisos para otorgar créditos a productores con la finalidad de reactivar la industria y sustituir las importaciones, implementó un impuesto a las grandes fortunas y autorizó el retiro total o parcial de los aportes de jubilación de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
"En un contexto adverso debido a la crisis económica generada por el gobierno de facto y la escandalosa gestión de la pandemia, actuamos de forma inmediata planteando medidas de reconstrucción económica a través de la inversión pública", dijo el mandatario, quien también afirmó que "con la recuperación de la democracia" se lograron aplicar medidas para bajar las cifras de desempleo del 11,6 por ciento a fines de 2020, el número más alto de los últimos 50 años, hasta el 6,2 por ciento actual.
Paro opositor contra una ley anti-lavado
Mientras el presidente Arce presentaba su extenso informe de gestión, comités cívicos y otros sectores acataban de manera parcial una huelga indefinida en protesta por la ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
Los detractores de esta ley sostienen que el oficialismo busca "imponer" un "totalitarismo económico y financiero" en contra del pueblo boliviano. Lo cierto es que, por la resistencia de sectores que incluso no se ven alcanzados en lo más mínimo por la medida, el gobierno decidió retirar el proyecto de la Asamblea Legislativa para iniciar un proceso de "socialización" en todo el país.
La protesta del lunes tenía alguna fuerza en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Potosí, en tanto en La Paz no hubo bloqueos sino solo una marcha de sectores gremiales, como se denomina a los vendedores ambulantes y microempresarios. El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó inicialmente de 86 bloqueos en dos regiones, Cochabamba y Santa Cruz donde hubo "cierta conflictividad" y resaltó que el resto del país estaba en "absoluta normalidad".
La delegación policial de Santa Cruz informó de la detención de al menos 40 personas, mayormente por ebriedad, aunque hubo "casos aislados de sabotaje de vehículos, con ruedas pinchadas y llantas dañadas". En Potosí, sectores cercanos al Movimiento Al Socialismo (MAS) chocaron contra opositores cerca de la plaza central, y se registraron dos heridos, según reportó la cadena Fides. La violencia aumentó y la policía salió a reprimir con gases lacrimógenos.
