J. R. es una mujer trans de 56 años de la ciudad de San José de Metán, ubicada a 140 kilómetros de la capital de la provincia de Salta que solicita al Estado que se responsabilice por su hermano R. R., de 73 años, quien tiene esquizofrenia con ataques piscóticos, y del que fue víctima de violencia física, sexual y psicológica. 

En la última denuncia que hizo la mujer esta año intervino el juez de Violencia Familiar y de Género, Carmelo Paz. El hombre fue retirado de la vivienda familiar pero el viernes pasado, J. R. contó que fue citada a una audiencia en que la asesora de incapaces Karina Sing, le propuso que conviva con su hermano o que se vaya ella de la casa.

En la audiencia del viernes, estuvo la jueza de Primera Instancia de Personas y Familia de Metán, Frida Boserntizán y en representación de J. R. intervino la defensora de víctimas de violencia de género y familiar de Metán, Mónica Dahud. Allí J. R. contó que la defensora se opuso a que sea obligada a convivir con el hermano puesto que esgrimió ella corre un riesgo de muerte y además indicó que se encuentra en situación de vulnerabilidad, y no puede pagar un alquiler.

"Lo que pretendía la asesora de incapaces, Karina Sing, era sacarme a mí del domicilio y volverlo a mi hermano a la casa cuando está documentado todo lo que pasé", sostuvo J. R. Además contó que fue muchas veces antes a pedirle a la asesora que la escuche para informarle lo que pasaba con el hermano, pero no la recibía, dijo que le relataba la situación a una asistente o secretaria de Sing, pero "no pasaba absolutamente nada". "La asesora no quería atenderme o creía que mentía", consideró J. R.

J. R. relató a Salta/12 que hace 10 años realiza denuncias ante las autoridades del distrito judicial del sur por la situación de violencia que vive de parte de su hermano, dijo que a veces la policía le respondía que no podía hacer nada, y otras tuvieron trámite. Recién este año y porque se lo informaron en un grupo feminista, J. R. tuvo conocimiento de que existía una defensoría de género gratuita y acudió para pedir ayuda. "Me defienden y me cuidan", expresó respecto a la defensora y su auxiliar. 

J. R. contó que su hermana G. R. de 75 años, quien reside en Rosario de la Frontera, es quien estaba a cargo del hermano, sin embargo renunció a ello porque también la golpea a ella y a su grupo familiar.

"Él nunca aceptó de mí nada, yo no lo le podía decir nada porque me respondía con agresión", relató J. R. respecto su hermano. Aunque era la hermana mayor la que tenía la curatela del hombre, J. R. indicó que él siempre se le escapaba y se iba a la casa familiar en Metán donde reside ella. Incluso dijo que el año pasado en pandemia él fue y se instaló en la vivienda, "corría a la gente que iba a mi casa, incluso le pegó a mi primo en dos oportunidades que entró a mi casa".

J. R. relató que este año volvió a radicar una denuncia. No recuerda bien la fecha pero cree que fue en una noche de agosto, que soportó el último hecho de violencia grave del hermano. Dijo que ella había regresado en moto a su casa y su hermano empezó a gritarle y a correrla de la casa, que él tenía un hierro con el que quiso golpearla, "me quería matar con un fierro", aseguró. Según manifestó, ella logró huir y salvarse, las que no pudieron escapar fueron sus perritas, a las que él mató golpeándolas en la cabeza. 

Pese a que por esos hechos de violencia al hombre lo sacaron de la casa y lo llevaron al hospital para medicarlo. Pero J. R. indicó que él después deambulaba por la calle, incluso iba hasta la entrada de su casa. Contó que hubo unos vecinos que le sacaron fotos al hombre durmiendo en la calle y la policía intervino y de forma violenta fueron a exigirle a ella que abriera la puerta para que lo dejara entrar. 

"Lo querían meter a la casa a toda costa. Los policías me maltrataron, me decían que era una sinvergüenza porque no lo recibía", relató. Ella logró comunicarse con la Defensoría de Violencia Familiar y de Género y una de las abogadas llamó a la policía para advertirles que no podían hacer lo que pretendían.

J. R. dijo incluso que cuando pasaron los últimos hechos en que fue violentada, el juez había ordenado una consigna policial pero que los policías solo hacían rondas periódicas, que a veces no iban y cuando lo hacían pretendían que ella firme por días en que no se presentaban en su casa.

Además J. R. contó que su hermano cumplió una condena en el penal de Villas Las Rosas por abusar sexualmente de una mujer. Esto habría sido antes de que le diagnosticaran esquizofrenia. Ella aseguró que su hermano violó a muchas mujeres que “nunca se animaron a denunciarlo”. "Las mujeres del barrio toda la vida le han tenido miedo", manifestó.

Asimismo, J. R. recordó que el hermano en sus ataques intentó prenderles fuego a ella y a su madre y padre cuando estaban con vida. Dijo que siempre fueron objeto de violencias y solo ella lo denunciaba.

"Él entra y sale del hospital cuando quiere, nadie le controla la medicación. Hacen informes falsos en el hospital. La asistente social del hospital dijo que está apto para vivir con una familia, que tiene comportamiento excelente. Que todo está bien", sostuvo J. R.

Ante ello, J. R. pide que sea el Estado el que se encargue del hermano. Al enterarse de un fallo de la Jueza Claudia Yance en Tartagal en un caso parecido, de un joven con esquizofrenia paranoide al que su madre ya no podía cuidar porque la violentaba y en el que la magistrada al considerar los planteos con perspectiva de género que hizo la defensa pública en representación de la mujer, dispuso que sea el Estado el que asista al paciente, en una casa de medio camino, J.R consideró que una medida de este tipo también sería una solución para su caso y el del hermano. 

Además ella indicó que su hermano tiene una jubilación con la que podrían pagarle un alquiler, "tiene que tener una curadora y alguien que le suministre la medicación", manifestó, y dijo que su hermano siempre se resistió a tomar sus medicamentos, que solo permitía una inyección que le colocaban una vez al mes. 

Siempre se evalúa la reinserción familiar

Salta/12 consultó a prensa de la Asesoría General de Incapaces, que explicaron que la intervención de ese organismo se da por la incapacidad del hombre. "Está internado en el Hospital, hasta que se resuelva la cuestión. La posibilidad es que se gestione su ingreso en un hogar de adultos mayores", informaron. Sin embargo, la hermana ya manifestó que el hombre violenta a otras personas por lo que la asesora debería contemplar cómo evitar el riesgo a otrxs adultxs mayores.

Desde la Asesoría indicaron que al no poder reinsertar al hombre con su familia, por cuestiones que van más allá del problema en sí de la salud mental como la violencia, "se analizan otras alternativas posibles". El área de prensa dijo que este tipo de casos se abordan como el de Tartagal, "en que la madre pedía que el hijo que es paciente psiquiátrico no volviera a la vivienda y se determinó una tercera vía que es la casa de medio camino", sin embargo esta alternativa no fue sugerida el viernes pasado en audiencia según refirieron lxs presentes.  

Desde la Asesoría dijeron que "siempre se evalúa la posibilidad de la reinserción familiar y luego se buscan alternativas. La Asesora presentará su dictamen y es el juez o la jueza será quien decida, "en este caso están en etapa de audiencias, y mientras tanto el señor sigue en el hospital", aseguraron.

J. R. es enfermera, trabajó tres décadas en la clínica 9 de julio de Metán, desde donde la despidieron cuando el cuerpo le pasó factura por las situaciones traumáticas que soportaba. Ella padece fibromialgia, "la neuróloga, la psiquiatra y la psicóloga me dijeron que es por las violencias familiares y laborales que viví", y no tiene obra social. Dijo que a veces consigue medicación en el hospital, otras veces no. Intentó tramitar su jubilación anticipada pero en Anses le indicaron que le faltan 11 meses y 9 días de aportes. También refirió que le cortaron el servicio de energía eléctrica desde el año pasado y no ha podido pagar todavía.

Aunque J. R. ha manifestado toda su situación económica, de salud, y social no ha recibido asistencia estatal integral en Metán. Lo paradójico es que fue una de las militantas por el cupo laboral trans que se aprobó en esa ciudad y según manifestó no se ha efectivizado porque solo ingresó una compañera a trabajar en el Centro Integral Comunitario y refirió que el salario es paupérrimo. 

J. R. milita en "Disidencias Metanenses", contó que hay miembrxs del colectivo LGBTIQ de distintas edades, "las más grandes" son ella y otra compañera de 62 años quien "no tiene ingresos, recién a esta edad tramitó el cambio de género, sufrió mucha violencia (...). Somos las que nos visibilizamos aquí en Metán", manifestó.

"En general, nadie está preparado en perspectiva de género ni en ley Micaela en Metán", sostuvo J. R. refiriéndose al personal del Poder Judicial, Ministerio Público, y otras instituciones.