Un nuevo testigo desmanteló gran parte de la hipótesis de la acusación en la causa por supuestas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. El ingeniero Diego Cerda, inspector de obras de la Agencia Vial de Santa Cruz, sostuvo que en todas las construcciones que él inspeccionó eran habituales los atrasos y las redeterminaciones de precios por la inflación existente. La fiscalía sostiene que Lázaro Báez ganó 51 de los 81 tramos de ruta que se hicieron en la provincia del sur porque era favorecido por Cristina Fernández de Kirchner, ofrecía precios bajos en las licitaciones, pero luego lograba sobreprecios en las redeterminaciones de precios. Cerda contó que esos recálculos se hacían en todas las obras con todos los contratistas y la base era un decreto de la época de Duhalde, el número 1295/02, que regía para todas las empresas por igual. En realidad, las redeterminaciones --relató Cerda-- se demoraban mucho y las contratistas tenían que afrontar los aumentos durante meses. También eran habituales los adelantos de obra del 10, 20 o a veces el 30 por ciento, algo a lo que recurrieron también todas las constructoras. El testigo es valioso porque no se trata de un funcionario de escritorio sino de alguien que estaba en las obras, realizando las inspecciones.

El juicio constituye el nudo de las imputaciones contra los Kirchner porque, según las acusaciones mediáticas, de la obra pública en Santa Cruz la familia presidencial habría conseguido, como una especie de coima encubierta, contratos de alquiler ventajosos de los hoteles y propiedades que los Kirchner compraron antes o durante su ejercicio de la Presidencia. En las causas sobre esos alquileres, ya quedó establecido que los valores fueron los del mercado y que todo se hizo en blanco, bancarizado. Pero eso no terminó con el expediente de origen, el de las supuestas irregularidades en las obras viales de Santa Cruz.

Un dato llamativo es que la fiscalía había convocado para este martes al piloto que trasladaba a los Kirchner de Buenos Aires a Río Gallegos o Calafate entre 2003 y 2015. Todo indicaba que se iba a presenciar un show pre-electoral con preguntas sobre vuelos, bolsos, y todo lo que la oposición instaló durante los últimos años. Con testigos similares, a la fiscalía le fue mal, porque desmintieron buena parte de las hipótesis acusatorias. Y es obvio que el piloto no sabía nada de obras, precios y las cuestiones de fondo de este expediente. Lo cierto es que, sorpresivamente, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola desistieron del piloto Sergio Velázquez, por lo cual no estuvo presente en la audiencia.

El testimonio del ingeniero Cerda, como ocurrió con la gran mayoría de los testigos, consideró como habituales buena parte de los puntos en los que se basa la acusación:

  • El avance de cualquier obra se certifica mes a mes y esa certificación lleva muchas firmas, por lo cual no se puede falsear: el topógrafo, el laboratorista, el inspector de obra, el representante técnico, el director de obras, el ingeniero jefe y otros muchos. De hecho, en la auditoría que se hizo sobre las obras de Báez se concluyó que no se pagó nada que no se hubiera terminado y que la calidad de los trabajos fue muy buena. Esa auditoria, hecha ya en tiempos del macrismo, lleva la firma de dos ingenieros y un contador. Los profesionales encontraron apenas el 0,01 por ciento de diferencia entre lo construido y lo pagado.

  • La redeterminación de precios era habitual y común a todos los contratistas. Se producía cuando el Indec establecía un aumento del 10 por ciento en el índice de la construcción.

  • Según Cerda, mientras no se llegara al 10 por ciento, el aumento debía ser absorbido por la constructora. Además, el índice del Indec tardaba en publicarse y luego también se demoraba el cálculo. Aunque Cerda no lo dijo, quedó en claro que la redeterminación era un mal negocio, entre otras cosas porque los índices del Indec comandado por Guillermo Moreno, no terminaban de reflejar la realidad..

  • También el inspector de obras reiteró que los atrasos eran comunes, porque en las obras surgen muchísimos imprevistos. Por ejemplo, hay veces que resulta difícil estabilizar el suelo porque emana agua y hay que hacer perforaciones más profundas que las previstas. También, como se sabe, en Santa Cruz, por el clima, hay períodos de veda.

  • Igualmente Cerda explicó que los adelantos de obra eran habituales y figuraban en los pliegos. El contratista tenía que presentar una garantía porque era una especie de crédito. El monto del adelanto se descontaba después del pago de los certificados de obra.

La defensa de Lázaro Báez, a cargo de Juan Villanueva, se concentra en demostrar que no hubo nada fuera de lo normal en lo ocurrido en Santa Cruz. Que el constructor ganó buena parte de las licitaciones porque ofrecía precios más bajos dado que tenía todo el personal y las maquinarias en Santa Cruz y eso le permitía tener costos más bajos que cualquier constructora que debía llevar personal y maquinarias a 1800 kilómetros de Buenos Aires. Como lo señalaron testigos anteriores, cualquier constructora necesita mecánicos y repuestos, por lo que no es lo mismo tenerlos a mano, como sucedía con Austral Construcciones, la empresa de Báez, que necesitar traerlos desde Buenos Aires.

Las defensas sumaron un testigo más que ratificó que las redeterminaciones de precios y los atrasos en las obras fueron lo habitual en Santa Cruz y en todo el resto del país, en todas las obras y con todas las constructoras. Uno de los empresarios que ya testimonió lo sintetizó así: “No conozco ni una obra que se haya terminado a tiempo en todo el país”. Y lo mismo sucedía con los adelantos de obras: eran algo habitual. En todos esos terrenos, las explicaciones de Cerda le sirvieron a las defensas, punto por punto. El testigo era tan desfavorable para la acusación que el fiscal Mola le preguntó si en algún momento trabajó para Báez: “No, cuando me fui de Vialidad de Santa Cruz me dediqué a hacer estudios de suelos y otros trabajos, siempre para empresas mineras”, contestó el ingeniero.

Un dato llamativo del juicio es que el nombre de Cristina Kirchner no se escucha en ningún momento. Sucede que un presidente no tiene ninguna injerencia en las licitaciones, adjudicaciones o control de las obras. En este caso, todo se hizo en Santa Cruz. La Nación se limitó a financiar las rutas de todo el país a partir de su incorporación al Presupuesto Nacional, votado por las dos cámaras del Congreso. Pero la totalidad de los procesos se realizaba en cada una de las provincias. Resulta asombroso que a la que sería la principal acusada, CFK, ni siquiera se la menciona ni se realiza ninguna pregunta que la vincule con el expediente.

El ingeniero Cerda seguía declarando tras más de cinco horas, por lo cual los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso resolvieron que continúe respondiendo preguntas el próximo martes 23. Se ve que los magistrados no quieren mezclar el juicio con las elecciones, pero el expediente en sí mismo es producto de la alianza política-mediática-judicial con epicentro en Comodoro Py.