La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó el mayor decomiso de granos en la historia del organismo. En un solo procedimiento realizado por la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo secuestró más de 8100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto de Campana, provincia de Buenos Aires, sobre el río Paraná. La empresa pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay. En otro operativo, la AFIP incautó más de 500 toneladas de soja de un depósito en Rosario que pretendía ser exportada a Paraguay de modo irregular (ver nota aparte). 

La operación que se pretendía concretar consistía en embarcar el maíz, que aparentemente no sería de calidad para la producción de aceite sino destinado a alimento de animales, para su traslado a la costa litoraleña de Uruguay. Tal como toda la operación desde su origen hasta la llegada a Campana, su traslado a Uruguay iba a realizarse en forma irregular, burlando los controles a través de documentación apócrifa. Se trata, por lo tanto, de una maniobra de defraudación fiscal y contrabando. 

Las 8100 toneladas decomisadas por el organismo equivalen a la carga de unos 300 camiones. El valor de mercado del maíz decomisado supera los 160 millones de pesos, de acuerdo a los precios de plaza vigentes. La evasión estimada con la operatoria desarticulada por la DGI-AFIP supera los 65 millones de pesos.

La investigación comenzó tres meses atrás, cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una operación fraudulenta. La primera medida que tomó la DGI fue la interdicción de los granos para investigar el origen de las 8100 toneladas de maíz.

Las áreas operativas del organismo solicitaron información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a Campana, al detectar ciertas inconsistencias respecto del origen de los granos.

La pesquisa permitió detectar que los productores que declaraban ser los titulares de la mercadería enviada carecían de capacidad económica y operativa para llevarla a cabo por sí mismos. También se identificaron productores que habían sido inscriptos recientemente en los registros que no podían justificar el cereal de la campaña comercializada. Además, se constató la adulteración en cartas de porte utilizadas. 

Las cartas de porte son la documentación obligatoria que debe respaldar el transporte de granos dentro del país, que al momento del operativo se confeccionaban en formato papel. Desde el 1º de noviembre esa documentación fue digitalizada para, entre otras mejoras, dificultar este tipo de maniobras.

A partir de la verificación y el control de la documentación que realizaron los agentes de la DGI-AFIP, y ante la evidencia de las irregularidades, se procedió a la interdicción de los más de 8100 toneladas de maíz, que se concretó en galpones de un depósito fiscal en el puerto de Campana. La interdicción supone la incautación de la mercadería por parte de la autoridad de aplicación, y la privación al supuesto titular del derecho de disponer de la misma. 

A comienzos de esta semana, por decisión judicial se resolvió el decomiso del total de las 8100 toneladas de maíz interdicto. Ahora la DGI-AFIP espera que la Justicia la habilite para acceder a la disponibilidad de la mercadería, para su liquidación a través de una subasta. El producido de esa liquidación se destina, siguiendo la normativa vigente, al Ministerio de Desarrollo Social.

Nuevamente, la capacidad de fiscalización del sector agrícola por parte de los organismos de control está poniéndose a prueba. Tanto la actividad comercial con los granos como las operaciones que se realizan a través del corredor fluvial litoral (rios Paraná y Uruguay, confluencia con el Paraguay al norte y salida al mar a través del río de la Plata al sur), también denominado Hidrovía, está bajo permanente supervisión y con nuevas herramientas. 

Por allí transita el mayor volumen de productos exportables del país, y a partir de la privatización de los puertos primero, y la fragilización y evaporación de controles después bajo gobiernos de orientación neoliberal (Menem-De la Rúa-Macri), se ha convertido en una fuente de permanentes denuncias y sospechas. 

La reciente implementación de la carta de porte electrónica y los controles satelitales en desarrollo pretenden potencial la investigación y fiscalización sobre estas maniobras de desvío de beneficios, precisamente, en el principal núcleo generador de riqueza del país.