La reciente presentación en el Congreso del proyecto conocido como "Ley de Envases con Inclusión", con la firma del presidente de la Nación y el trabajo técnico previo de organizaciones sociales y el Ministerio de Ambiente de la Nación, puso en la  agenda un tema que las y los cartoneros vienen reclamando desde hace tiempo. El proyecto busca hacer responsables a los fabricantes por los envases que ponen en el mercado y que necesitan reciclado posterior. Bajo el concepto de "responsabilidad extendida", se fija así una "tasa de inclusión" que irá destinada a fortalecer el trabajo de las y los recicladores, de diversas maneras. Una encuesta del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) muestra que, además, ese proyecto que espera su tratamiento en Diputados tiene un amplio consenso social: El 63% de los habitantes del AMBA está de acuerdo con que quienes fabrican y comercializan productos deben hacerse cargo de los residuos generados reciclando o recuperando los materiales. 

"Queda claro que hay un cambio de paradigma que la pandemia puso de manifiesto: en lo que hace a discusiones ambientales, si antes cabía la posibilidad de 'dos bibliotecas' que discutían entre sí, hoy el consenso social es contundente, en la comunidad científica, entre los referentes sociales y políticos, a excepción de una derecha extrema", evalúa el director del CEM, Matías Barroetaveña, en diálogo con Página/12. El legislador porteño marca también que “la aprobación de este proyecto es clave para que Argentina se sume en los hechos al paradigma de la economía circular”.

La encuesta fue hecha en abril, antes de que el bloqe del Frente de Todos presente formalmente el proyecto de "Ley de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor, e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores" --tal su nombre completo--. Fueron relevados 2017 casos que incluyeron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el primer, segundo y tercer cordón del conurbano de la provincia de Buenos Aires. 

Otro dato que surge del informe tiene que ver con una diferenciación social: entre los que aprueban la medida, la minoría pertenece a los sectores altos (53%), y la mayoría a los de clase media baja (70%).

Barroetaveña suma cifras que dan dimensión al tema: En la Argentina se producen 15 millones de envases plásticos de bebidas por día. Casi la totalidad de lo que se descarta diariamente podría ser recuperado; sin embargo, en la actualidad apenas se recupera el 10 por ciento, y esto es fundamentalmente gracias al trabajo de los recicladores urbanos. 

Se calcula que en el país se producen cada día 50 mil toneladas de residuos. La mitad termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en la Argentina, o en un relleno sanitario. Y cerca del 20% de esta enorme cantidad de residuos sólidos urbanos está formado por envases que podrían recuperarse.

"A lo que se apunta es a un cambio de paradigma, pasar de la idea del uso y el descarte a un paradigma de economía circular. Y este es un muy buen primer paso", marca Barroetaveña. Advierte además que los ingresos que se generarían con la tasa de inclusión social --hasta del 3 por ciento del valor del producto, de acuerdo a diversas variables, entre ellas cuán reciclable es el envase-- impactarían a nivel federal, ya que lo recaudado se distribuiría entre todos los municipios. Iría destinado exclusivamente a favorecer el trabajo de los recicladores, fortalecer las cooperativas de cartoneros, crear más plantas de reciclaje y tratamiento de residuos, abaratar la logística y comercialización, y sacar a más cartoneros de la informalidad.