El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se expidió sobre la demanda iniciada por Casinos Austria Internacional contra la provincia de Salta en reclamo por la recisión del contrato para explotar los juegos de azar y determinó que la provincia deberá abonar 36 millones de dólares en concepto de resarcimiento.
La demanda original se inició en agosto de 2013 cuando el gobierno provincial, a través del Ente Regulador de los Juegos de Azar (ENREJA), decidió revocarle a la empresa Enjasa, en la cual Casinos Austria era la principal accionista, la concesión exclusiva por 30 años para la explotación del juego en la provincia que tenía adjudicada desde 1999, por “reiterados incumplimientos a la normativa regulatoria”.
Inmediatamente la empresa transnacional presentó su reclamo en el tribunal internacional por una cifra de 150 millones de dólares, que después la redujeron a 62 millones. Finalmente el CIADI determinó que la cifra es de 36 millones, que convertidos a dólar oficial asciende a casi 4 mil millones de pesos, y prácticamente el doble si el valor de referencia de la moneda estadounidense es la del mercado Blue.
Según consigna la radio local FM Profesional, la directora general de Casinos Austria, Bettina Glatz-Kremsner, dijo: “siempre tuvimos en claro que el retiro de licencias fue una maniobra política y un acto de arbitrariedad de la autoridad del juego en Salta, realizado sin base legal”. Y agregó que no solo se demostró que tenían razón, sino que también se siente complacida por el alto pago que se ha otorgado.
Casinos Austria Internacional sustentó su reclamo en el Acuerdo Bilateral de Protección de Inversiones entre la República de Austria y Argentina, y al laudo internacional llegó luego de haber litigado, de forma adversa, en tribunales de Argentina.
Incumplimiento antiblanqueo
El entonces coordinador de gabinete, Carlos Parodi, en la conferencia de prensa en la que se anunció el decreto de recisión en agosto de 2013, enumeró una serie de multas y sumarios abiertos contra Enjasa en los años previos, cuyos procesos administrativos derivaron en aquella decisión adoptada por el Ente Regulador. Las faltas más importantes estaban vinculadas con el incumplimiento del artículo 5 de la Ley 7020, que hace referencia a normas antiblanqueo.
Pero además de los motivos formales que llevaron a interumpir el contrato, Parodi señaló que económicamente la nueva situación era sumamente beneficiosa para la provincia.
"Cuando llegamos en 2007 (Enjasa) pagaba un canon fijo que representaba el 3% de sus ingresos, y por eso a través de la UNIREN se estableció una renegociación de la concesión", describió el funcionario. "Eso permitió pasar de unos ingresos para la provincia de $5 millones anuales a casi $60 durante el 2013, y esos fondos son aplicados a políticas sociales", explicó.
Ese mismo día Parodi indicó que en base a las estimaciones hechas por el gobierno, a esos montos descriptos "se conseguirían recursos adicionales por $20 o $25 millones gracias a la explotación directa de los juegos de azar". Esas partidas también debían ser destinadas íntegramente a programas sociales.
