La destrucción del aparato productivo y el sobreendeudamiento durante el gobierno de Cambiemos endureció los condicionamientos externos sobre la economía argentina. Entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, la actividad económica se contrajo 7,6 por ciento, se destruyeron 218 mil puestos de trabajo formales en el sector privado y se cerraron más de 22 mil empresas. 

Simultáneamente, los compromisos externos se incrementaron extraordinariamente. Entre 2016 y 2017, los mercados de crédito le prestaron al país más de 100 mil millones de dólares. Sin embargo, a principios del 2018, ese grifo se cerró frente a una reversión de las expectativas sobre la evolución de la economía y entonces la Argentina apeló nuevamente ante el FMI.

En total, se desembolsaron 44 mil millones de dólares, imposibles de pagar en los plazos definidos. La deuda que tomó el macrismo no se utilizó para mejorar la capacidad productiva del país, y por lo tanto, la capacidad de repago. En cambio, se fugaron 86,2 mil millones de dólares al resto del mundo, el 82 por ciento de la toma de deuda con el exterior. Así las cosas, el problema histórico de escasez de divisas se agravó.

Administración

Frente a la crisis, tanto el gobierno de Cambiemos como la gestión de Alberto Fernández actuaron en un doble frente: por un lado, mediante la regulación en el mercado de capitales para evitar la fuga de divisas; por el otro, con administración del comercio exterior.

Administrar el comercio exterior no es cerrarlo. Por ejemplo, en el período 2012-2015, donde la administración del comercio fue una política central, el índice de apertura comercial, es decir, la suma de las importaciones y exportaciones con relación al Producto Bruto Interno, fue en promedio del 3,7 por ciento, mientras que, entre los años 2016 y 2019, el mismo fue de tan solo 1 por ciento.

En la segunda parte de su mandato, el gobierno de Cambiemos aplicó derechos de exportación adicionales del 12 por ciento a todas las ventas externas, con topes de 4 pesos por dólar para bienes primarios y 3 pesos para el resto, con un único fin recaudatorio. En cambio, en cuanto a la política sobre las compras externas, esa gestión apostó por la avalancha importadora persiguiendo criterios de eficiencia en detrimento del entramado productivo y de la disponibilidad de divisas.

El gobierno de Alberto Fernández modificó las retenciones a los productos primarios y redujo las alícuotas para casi todos los productos con valor agregado, promoviendo la diversificación y complejización de la canasta exportable. El 99 por ciento de los bienes y servicios y el 69 por ciento del valor de las exportaciones del año 2020 tuvieron una alícuota efectiva más baja que en 2018.

Por otro lado, se inició un proceso de reconstrucción de las capacidades del Estado en el control de las operaciones del comercio exterior diezmadas en la gestión anterior. Por ejemplo, en 2015 había más de 1.100 productos con valores referenciales de exportación, los cuales fueron eliminados en 2017, mientras que los valores criterio para las importaciones se redujeron de más de 24.000 a 19.000 productos en 2019. 

En 2020 se restablecieron los valores de referencia y se revisaron valores criterio, con el objetivo de evitar la fuga de capitales y proteger la producción y el empleo frente a las importaciones que ingresan al país con ventajas ilegales. Además, ante una coyuntura signada por la brecha cambiaria, estas herramientas se tornaron elementales para evitar la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, las cuales afectan la recaudación y contribuyen a la inestabilidad macroeconómica.

El objetivo del gobierno con la administración del comercio exterior, en un contexto de escasez de divisas, no es aislar a la Argentina del mundo sino, por el contrario, destinar los dólares para reconstruir el aparato productivo y responder a los compromisos externos.

* Economistas e integrantes del Observatorio de Políticas Públicas de la UNdAv.